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Katu Arkonada, María José Romero
Al finalizar la 51ª asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Cancún, México, del 19 al 23 de marzo del 2010, los Gobernadores del Banco (ministros de Economía, Finanzas o Planificación de los países miembros) aprobaron la Declaración de Cancún[1]. Este documento establece como principales acuerdos una ampliación de capital de 70 mil millones de dólares y la condonación de la deuda de Haití con el BID.
La declaración contiene 10 puntos y un marco global para evaluar las reformas institucionales convenidas como parte del noveno aumento general de capital del Banco. Estos puntos recogen parcialmente algunas de las inquietudes planteadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil de todo el continente que trabajan en el seguimiento de las políticas del banco y en la visibilización de los impactos de los proyectos financiados en la región. Sin embargo, desde estas mismas organizaciones consideramos que todavía quedan puntos por reforzar y retos por asumir desde la gerencia del Banco.
Aumento de capital y proceso de consulta
La propuesta de aumento de capital del BID fue presentada por su presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, en la Asamblea de Gobernadores celebrada en 2009 en Medellín, Colombia. La gerencia presentó una solicitud de ampliación de 180 mil millones de dólares, la mayor en la historia del Banco, cuatro veces más que cualquier solicitud anterior.
Desde entonces, diferentes organizaciones de la sociedad civil han requerido información y planteado diferentes propuestas. A nivel general se entendía que el Banco carece de un adecuado sistema de evaluación basado en los resultados de su gestión y que un aumento de capital sin la necesaria transparencia e indispensable rendición de cuentas, y sin un aumento de las salvaguardas, solo resultaría en mas endeudamiento para los países de la región, así como en el aumento de los ya altos costos ambientales y sociales de sus políticas y proyectos.
La presión ejercida por la sociedad civil a través de sucesivos documentos dio como resultado la convocatoria a un proceso de consulta con las organizaciones sociales de la región, sin precedente en los procesos de recapitalización de las instituciones financieras multilaterales. Sin embargo, la consulta no resultó suficiente en términos de acceso pleno a la información y retroalimentación respecto de las propuestas de las organizaciones sociales.
Por este motivo, en las semanas previas a la cumbre de Cancún las organizaciones sociales enviaron una carta[2] a los Gobernadores del Banco, a los Directores Ejecutivos y a la gerencia de la institución. El documento contiene 27 propuestas, divididas en cuatro categorías: cambio climático y energía renovable, integración regional, transporte sostenible y salvaguardas, marco de resultados y de incentivos, y políticas de gobernanza.
Propuestas de la sociedad civil
En relación a cambio climático y energía renovable, las organizaciones sociales requieren un mayor liderazgo del Banco frente a los países donantes para reducir el consumo de energía, en el reconocimiento de las responsabilidades diferenciadas entre Norte y Sur en las causas del cambio climático; y frente a los países miembros para reducir el apoyo a proyectos de extracción de combustibles fósiles y el incremento de los proyectos con baja emisión de carbono al 40% de la cartera de energética del Banco. Se prioriza así la necesidad de dotar a las poblaciones de la región con menos recursos de fuentes de energía con bajo impacto de emisiones de gases de efecto invernadero. También requieren que el Banco disminuya la financiación de megaproyectos y grandes represas, e incorpore los impactos ambientales y sociales, tales como el reemplazo de cultivos de subsistencia o bosques por plantaciones, los desplazamientos humanos o los derechos de propiedad. Asimismo, las organizaciones señalan el indispensable carácter intersectorial de este tema, superando la visión de proyectos, por medio de la inclusión de los ministerios de Minería, Hidrocarburos o Infraestructura, en el trabajo con el Banco. La consulta sobre zonas aptas para biocombustibles debe ser elaborada con la participación de las comunidades y las organizaciones locales; se deben establecer metas e indicadores para la reducción de la deforestación y la pérdida de biodiversidad; se deben elevar los fondos para adaptación al cambio climático, por lo menos al nivel sugerido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), así como también los fondos no reembolsables para los países más pobres.
En lo que respecta a integración regional se le solicita a la gerencia del BID un cambio conceptual en el enfoque de integración, desde una visión crítica a la simplificación e igualación del concepto de integración con los de comercio e infraestructura, resultando para ello de vital importancia la no renovación del mandato del Banco en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), así como una inmediata evaluación analítica y crítica del Plan Puebla Panamá (PPP). Es imprescindible centrar la infraestructura de transporte (carreteras, hidrovías, ferrovías) en la integración física interna que favorezca a las economías locales; asegurar la gestión sostenible de las áreas protegidas afectadas por los proyectos, de acuerdo a los estándares internacionales (presupuesto adecuado por hectárea; nivel de conflictividad; implementar planes de manejo, monitoreo y control social); incluir cláusulas ambientales en cada operación de transporte sostenible que den cumplimiento a los estándares y criterios sociales y ambientales, como pre-condición para futuras operaciones, e implementar un sistema de monitoreo y evaluación, que incluya indicadores específicos para medir el impacto de su implementación. También resulta básica la definición de marcos de referencia cuantitativos y cualitativos para evaluación de resultados, la medición y reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero (huella de carbono) atribuidas a cada proyecto, así como niveles de deforestación y degradación de bosques, sin olvidar el fortalecimiento continuo de la capacidad interna necesaria para asegurar la aplicación de salvaguardas de alta calidad, tomando como también que en toda operación con múltiples financiadores se deben aplicar las salvaguardas con los más altos estándares sociales y ambientales.
En lo referente al marco de resultados e incentivos, las organizaciones sociales señalan que el Banco debe poder medir y mostrar los resultados de su gestión. Un efectivo marco de resultados debería reflejar un cambio conceptual consistente con las prioridades institucionales, particularmente en las áreas de desigualdad, cambio climático e integración. Es necesario un programa integral para enfrentar la desigualdad y que éste resulte en un eje transversal, en lugar de quedar reducido a un indicador aislado. Las organizaciones sociales también subrayan la importancia de que la institución cuente con un presupuesto basado en resultados y que se fortalezca el rol de la Oficina de Evaluación Independiente (OVE), en materia presupuestal, de enfoque, de mayor difusión de sus productos y de descentralización. La manera en cómo se toman e incorporan las recomendaciones de OVE debe ser sistemática y transparente y no discrecional como hasta ahora.
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