Corrupción continental y la Cumbre de la Américas

Oscar Ugarteche, Armando Negrete  – Alainet

La cuestión es por qué la Cumbre de las Américas ha decidido realizar una reunión sobre corrupción y democracia, dadas la poca calidad de los invitados y las condiciones políticas actuales. Por qué ahora y no antes, cuando parecía igual de urgente, o incluso por qué no después, dado que la situación es básicamente la misma. Sobra recordar que la Cumbre fue impulsada por EEUU en 1994, el mismo año que firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para promover el libre mercado en el continente; en particular, la conformación del Área de Libre Comercio de América (ALCA). Desde entonces, salvo las últimas reuniones en Trinidad y Tobago (2009) y Colombia (2012), la Cumbre se ha alineado a la agenda del Consenso de Washington y ha gestionado la apertura comercial de los países latinoamericanos… La respuesta es simple: el libre mercado necesita grados de legalidad y un Estado de derecho suficiente que asegure el movimiento de los capitales (…) Aunque los grandes capitales son cómplices y promotores de la corrupción alrededor del mundo, en América Latina la corrupción ha sido, también, una fuente de encarecimiento de la producción, de baja de productividad, de fuga de recursos públicos y privados, de incremento de la incertidumbre, de freno de la inversión y, por lo tanto, de estancamiento económico. La corrupción expresa: a) que no hay Estado de derecho y que el poder Judicial está interferido por el poder Ejecutivo; y b) que el poder Legislativo o está intervenido por el Ejecutivo o está sin poderes de investigación efectivas.

Perú seguirá en la mira del escenario económico mundial. Esta vez no por los actos de corrupción de su expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino por lo que aparenta ser lo contrario. Entre el 13 y 14 de abril, se celebrará la Octava Cumbre de las Américas, en Lima. El tema a tratar será, paradójicamente, la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y los invitados: 22 presidentes y 12 primeros ministros del continente. Cabe recordar que el país sede tiene a dos de sus expresidentes presos Alberto Fujimori (recién indultado por otro presidente acusado de corrupción) y Ollanta Humala; otro en trámite de extradición de EEUU, Alejandro Toledo, e investigaciones abiertas a otros dos expresidentes: Alan García y Pedro Pablo Kuczynski; a la candidata Keiko Fujimori y la exalcaldesa Susana Villarán

El prólogo que acompaña a esta reunión de mandatarios es el capítulo Odebrecht, el caso más grande de corrupción en la historia del continente. Destapado por el departamento de Justicia de EEUU, en diciembre de 2016,1 el conglomerado constructor fue acusado de implementar un complejo esquema de sobornos y compra de favores. Se estimó que la empresa pagó, entre 2001 y 2016, 788 millones de dólares a presidentes, representantes políticos y altos funcionarios, de izquierda y derecha, en Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, con el objetivo de asegurar negocios y ganar licitaciones.2 La investigación, motivada por autoridades estadounidenses, obligó a que algunos países, ¡no todos!, condujeran investigaciones y aplicaran la ley a los involucrados.

Entre los invitados a la cumbre de Lima se puede destacar, por su participación en actos de corrupción: Mauricio Macri, envuelto en el escándalo de corrupción por la asociación con el fondo de inversión Blackwood Group, a partir de un holding familiar, que recibiera pagos a cambio de preferencias3; Michel Temer, actualmente investigado por aceptación de sobornos a cambio de favores políticos4; Juan Manuel Santos Calderón, investigado por recibir pagos durante su campaña de reelección presidencial en 20145; y Enrique Peña Nieto, señalado por el exdirector de Odebrecht-México, aunque sin investigación abierta, por recepción de dinero durante la campaña presidencial y conocido por protección a altos funcionarios acusados de corrupción, desviación de recursos y recepción de dinero a cambio de favores.6 Seguir leyendo “Corrupción continental y la Cumbre de la Américas”

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Brasil: irrumpe el golpismo en la crisis política

Información del 7 de abril: Tras varias horas de tensión, Lula se entregó a la Policía Federal

Jorge Altamira

¡Los procesos judiciales por corrupción no buscan ‘la transparencia’, ni tienen una finalidad ‘ética’ – son la pantalla que oculta una lucha por el control del mercado y la economía! Los izquierdistas que reclaman una condena de Lula como aquellos que quieren la absolución, simplemente no advierten que el proceso político de las dos décadas últimas se ha quebrado sin remedio y que su superación pasa por una lucha de clases estratégica contra el conjunto del régimen político y del gran capital, y no por parches judiciales de uno u otro tipo, que no son más que la cortina siniestra de una conspiración para que las masas paguen el costo imposible de una salida de miserias. Lula ha tejido en el último tiempo un acuerdo con partidos similares al PT, otros de izquierda y otros de derecha, que plantea una política de crecimiento industrial y fomento de exportaciones, en un vano intento de reconquistar una confianza del capital, y salvarse de la cárcel. El capital, sin embargo, de ningún modo puede ni quiere soportar la carga de experiencias fracasadas. El pronunciamiento golpista del comandante en jefe del Ejército, general Vilas Boas, en la víspera de la reunión del STF, es una conclusión política que va ganando adeptos de la clase dominante. Brasil se encamina hacia una mayor crisis política completamente inevitable (…) Las instituciones políticas brasileñas han perdido cualquier legitimidad; están cuestionadas la acción de gobierno, la acción legislativa y la acción judicial. A Lula lo deberá juzgar una corte judicial elegida por los trabajadores – no la que actúa por indicación del Departamento de Justicia norteamericano, ni la que encubre a una laya enorme de ladrones. Acá hay un problema político – de poder. En estos términos debe actuar una izquierda realmente revolucionaria. Ha habido un planteo golpista y enseguida una división militar. La intervención militar a la Seguridad ha establecido en Río de Janeiro un régimen de apartheid – sólo falta que se erija un muro contra los morros favelados.

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil, por un voto de 6 contra 5, ha privado a Lula de la posibilidad de esperar en libertad la apelación final, a la que tiene derecho, contra la condena a doce años de cárcel, decidida en dos instancias judiciales anteriores. La expectativa del ex presidente era que la prolongación de esa apelación en el tiempo fuera suficiente para permitirle concurrir a las elecciones previstas para octubre próximo. La aplicación inmediata de la condena desbarata ese propósito: una ley, aprobada bajo el gobierno de Lula, exige a los candidatos tener una “ficha limpa” para ser admitidos por la Justicia Electoral. Seguir leyendo “Brasil: irrumpe el golpismo en la crisis política”

La ocupación militar de Río de Janeiro

Eric Nepomuceno  La Jornada

La segunda más rica y poblada provincia brasileña, y principalmente su capital, especie de vidriera del país a los ojos del mundo, vive, concretamente, bajo intervención militar. Es una medida inédita, de especial gravedad y que seguramente será de escasísima utilidad. Los soldados del ejército son entrenados para combatir enemigos, no para investigar y efectuar prisiones. Eso, para no mencionar que en su abrumadora mayoría desconocen no sólo la ciudad de Río, sino también los callejones y vericuetos de los cerros controlados por pandillas muy bien armadas y que poco o nada tienen que perder. Prácticamente en unísono, los más prestigiados y respetados estudiosos del tema de la seguridad pública en Río se manifestaron de manera contundente contra la iniciativa de Temer. Dicen que se trata de otro paso más en la dirección de siempre: se sacraliza el mito de que la solución pasa por el ejército, y que la militarización es la salida.

Hace poco más de tres meses, afirmé en este espacio que la situación de violencia en mi ciudad, Río de Janeiro, era asustadora. Escribí que el Estado tenía un gobernador inepto y omiso, que la clase política estaba ahogada en corrupción, que la alianza entre narcotraficantes y policías estaba plenamente establecida, que había diputados estatales que dependían directa o indirectamente de los cárteles que controlaban vastas extensiones territoriales de la ciudad. Y afirmé que todo indicaba que la única salida sería una intervención federal, pero que tal medida era impensable para un gobierno nacional que, además de ser rechazado por 90 por ciento de la opinión pública, también estaba plagado de corruptos.

Bueno: en el Brasil de hoy, nada es impensable, y lo acaba de comprobar Michel Temer, el presidente ilegítimo que integra el más formidable grupo de bandoleros que forman un gobierno en la historia de la República. Hace poco más de una semana, determinó una intervención militar en Río de Janeiro. Eso significa que todo el aparato de seguridad del Estado –policía judicial, policía militar, sistema carcelario y hasta el cuerpo de bomberos– está bajo el comando de un general del Ejército, Walter Braga Netto, quien, a su vez, no se reportará al inútil gobernador Luis Fernando Pezão, sino directamente al ministro de Defensa, Raul Jungmann. Seguir leyendo “La ocupación militar de Río de Janeiro”

Sobre lo que puede pasar en Perú

Barbara Ester

CELAG

El Congreso de Perú, dominado por la oposición, ha aprobado que el próximo jueves 21 de diciembre se debata la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por “incapacidad moral”, una figura que establece la Constitución, derivada de sus vínculos con el caso Odebrecht. Con 93 votos a favor y 17 en contra, el pleno, en el que el fujimorismo tiene mayoría absoluta, ha dado luz verde a la moción presentada por tres partidos opositores (el Frente Amplio, Fuerza Popular y el Partido Aprista).

Antecedentes de injerencia del Congreso por sobre el Ejecutivo mediante denuncias de corrupción:

  • El 10 de abril de 2016, en las elecciones generales del Perú, el fujimorismo obtuvo la mayoría absoluta con 71 de 130 bancas del Congreso.
  • Desde entonces, el congreso ha hecho uso de procedimientos para descomponer el Gabinete de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Por ejemplo, ha logrado la renuncia de varios de sus ministros (Defensa, Educación, Transportes y Comunicaciones, y Economía).

Odebrecht. Antecedentes:

  • PPK informó en una declaración de intereses de enero de 2017 que Westfield Capital Limited –de su propiedad– fue una empresa unipersonal de asesoría en banca de inversión, que registró la última transacción en 2007.
  • Kuczynski se negó en octubre y noviembre a acudir a la comisión investigadora, dado que no estaba obligado legalmente, pero los fujimoristas anunciaron que citarían a la primera dama Nancy Lange, vinculada a First Capital.
  • PPK reconoció el pasado 9 de diciembre que sí asesoró a Odebrecht en la búsqueda de financiamiento para el megaproyecto de irrigación Olmos, un negocio que se concretó durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011).
  • También dijo que a través de First Capital realizó “consultorías para algunos grandes proyectos”.
  • PPK trató con poco éxito de justificar los 4,8 millones de dólares recibidos por parte de Odebrecht entre 2004 y 2014, por dos empresas a las que está vinculado. 782 mil dólares por Westfield Capital, de la cual él es propietario único, y poco más de 4 millones de dólares por First Capital, propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda.
  • El 15 de diciembre, el Congreso aprobó lo siguiente: “Declárase la permanente incapacidad moral del presidente de la República, ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard, según lo establecido por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú”.
  • PPK se niega a presentar su renuncia y comparecerá ante el Congreso, donde se decidirá su suerte. También fue citado a declarar su socio chileno Gerardo Sepúlveda.
  • La continuidad o el cese de funciones del primer mandatario se debatirá el jueves 21 de diciembre en el Congreso y el 28 de diciembre ante la Fiscalía, para aprobarse, la moción de vacancia por incapacidad moral se necesita 2/3 del número legal de congresistas.

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Tres reformas que definen el Programa Económico de Macri

Pablo Wahren CELAG

El Gobierno postula que mediante estas reformas se logrará generar mayor inversión, tanto nacional como extranjera, y que eso conllevará mayores niveles de empleo. El supuesto es que actualmente los empresarios no invierten por los altos costos y rigideces en los contratos de los trabajadores. En el pasado argentino ya se han escuchado estos argumentos. De hecho, durante la década de los 90 se aplicaron medidas de índole similar: rebaja de contribuciones patronales, reducción de indemnizaciones y creación de nuevas formas de contratación más laxas. El resultado no fue la creación de empleo. Entre 1991 y 2001 el desempleo se incrementó de 6,5% a 17,4%. En contra de la historia el Gobierno argentino continúa avanzando con este paquete que tendrá costos en materia de derechos laborales y en los ingresos de los sectores más desprotegidos.

Un día después de las elecciones legislativas de octubre, el presidente argentino Mauricio Macri anunció que se venían importantes reformas. La presentación de los proyectos no se hizo esperar y, tras unas pocas semanas de debate, el apuro del Gobierno es tal que convocó a sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre para aprobar estos temas.

En concreto se trata de tres reformas: laboral, tributaria y previsional. Las mismas se entrelazan en pos de un programa económico común. Mientras la reforma laboral y tributaria apunta a reducir costos empresariales y flexibilizar las condiciones de trabajo, la previsional apunta a compensar vía reducción del gasto en jubilaciones y pensiones los menores ingresos fiscales derivados de las otras.

Reforma laboral

Según el anteproyecto de ley, la reforma laboral apunta a “Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas.” En otras palabras, cuando se habla de atacar a los mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos se trata de reducir costos empresariales y flexibilizar condiciones de trabajo tal como se puede apreciar en los siguientes puntos:

  • – Reducción de indemnizaciones: la indemnización por despido se calculará sobre el monto básico de la remuneración y ya no sobre el ingreso normal del trabajador (que generalmente excede el básico). A su vez se creará un fondo financiado por el empleador y/o empleado para pagar indemnizaciones. De esta manera, la compensación por despido se reduce y a la vez pierde su carácter disuasorio a la hora de despedir.
  • – Desdibuja la jornada laboral: la jornada laboral podrá extenderse hasta 10 horas (actualmente es de 8) sin pago de horas extra. Como contraprestación se crea un fondo de horas que significa que el empleador en algún momento compensará las horas trabajadas de más.
  • – Favorece la tercerización: se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal. Es decir que, ante problemas en una actividad tercerizada, el trabajador, a partir de ahora, solo podría iniciar juicio a la empresa que lo contrató directamente y no a la que lo tercerizó, que en definitiva es para la cual realiza la tarea.
  • – Regulariza nuevas formas de contratación: formas que antes eran consideradas como fraude laboral por no incluir pago de vacaciones, aguinaldo y aportes patronales podrán ser válidas.

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Honduras: El Gobierno suspende garantías constitucionales

Giorgio Trucchi

Rel-UITA

Al parecer, la suerte está echada, y el TNE con apoyo de la OEA, iglesias evangélicas fundamentalistas, cierto grupo de la empresa privada ligada a la industria maquiladora y empresas extractivas, dirigentes campesinos corruptos y la mayor parte de los medios televisivos, darán a conocer resultados donde JOH gana por poco margen, pero gana. En el caso de la Embajada Americana, llama la atención su silencio cómplice, y es de esperar que reconozca a JOH como presidente de Honduras por segundo periodo consecutivo aunque sea una elección ilegitima, y su gobierno haya sido cuestionado por actos de corrupción.  Javier Suazo

No ha parado la protesta ciudadana ante las anomalías que han caracterizado un proceso electoral que, según la Alianza de Oposición contra la Dictadura, está a punto de desconocer la victoria de Salvador Nasralla, favoreciendo el candidato oficialista Juan Orlando Hernández.

La protesta se ha extendido a más zonas del país y en la capital se ha trasladado a barrios y colonias. Tomas de carreteras están impidiendo la movilización entre departamentos. En San Pedro Sula y Tegucigalpa, vándalos infiltrados barrieron negocios comerciales y hasta bancos, generando terror entre la ciudadanía. Seguir leyendo “Honduras: El Gobierno suspende garantías constitucionales”

La OMC aterriza en Latinoamérica

Javier Calderón Castillo

CELAG

Del 10 al 14 de diciembre, se realizará la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde se espera la participación de los 164 países miembros[1], para continuar las intensas negociaciones en torno a las medidas neoliberales (arancelarias, patentes, agropecuarias, industriales y de servicios) promovidas desde los países centrales (PC) para ser incorporadas por los países periféricos (PP), mientras los “grandes”, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, reclaman para sus países mayor protección y desconocimiento de las reglas que ellos mismos proponen, pero que no están dispuestos a cumplir[2].

En el contexto político actual, resulta una conferencia riesgosa para Latinoamérica porque dos importantes países de la región, Brasil y Argentina, a partir del golpe de Temer y el triunfo de Macri, se han mostrado aliados de las posturas hegemónicas de la OMC, contrarias a las políticas orientadas a recuperar o preservar la soberanía sostenidas hasta el 2015. Esta postura se había materializado en reparos y vetos a las condiciones inequitativas y asimétricas sobre las leyes de propiedad intelectual (patentes, copyright), de eliminación de aranceles de los mercados no agrícolas (NAMA), y de salvaguardas agrícolas (de los países centrales). Vale destacar que más allá de una reversión de procesos en este sentido en América latina, todavía hay actores que generan contrapeso en la OMC, como los RICS (Rusia, India, China y Sudáfrica), sumados a la resistencia de algunos países a las imposiciones comerciales.

La situación de la OMC no es homogénea, en los 22 años de funcionamiento se fueron creando bloques de países que comparten intereses políticos y económicos, como forma de sumar fuerzas en las negociaciones internas del organismo multilateral. Esto ha propiciado la conformación de bloques volátiles, no formalizados en la OMC, con intereses disímiles. Unos grupos son constituidos para imponer la globalización neoliberal y para consolidar las ventajas de los países desarrollados (G7, G20). En otros casos, se trata de bloques construidos a golpe de necesidad ante la inminencia de imposiciones (G90).

El bloque llamado “Quad” o cuadrilátero, está compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá (al que se suman Australia y Taiwan) con el objetivo principal de unificar y consolidar una línea opuesta a China y de marcar la agenda de medidas librecambistas en el organismo multilateral[3]. Estos países están organizados para incidir en la OMC a favor de las empresas y en desmedro de los intereses nacionales de los otros 160 países miembros del organismo, se orientan por mantener sendas salvaguardas sobre sus productos agrícolas, industriales y de servicios, al tiempo que garantizan la inequitativa división internacional de la producción, impuesta desde el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT (por sus siglas en Inglés). De este orden desigual centrado en el rezago industrial-tecnológico de los países periféricos, se desprenden también la lógica de los tratados de libre comercio, que hoy toman más fuerza en Latinoamérica como parte de la ofensiva neoliberal[4]. Seguir leyendo “La OMC aterriza en Latinoamérica”