Ecuador: un país herido que vuelve a estallar

¿Cómo es posible que un país que el mundo reconoció -y en unos casos conoció- por sus transformaciones y propuestas inéditas de cambio orientadas por la noción de Buen Vivir, se encuentre hoy atrapado en una espiral de empobrecimiento, desintitucionalización y violencia?

Ha pasado un año desde que el banquero Lasso asumió la presidencia. Cinco años desde que su plan de gobierno se aplica, pues en 2017 el incalificable Moreno, electo gracias al apoyo popular a la Revolución Ciudadana, adoptó el plan de gobierno contrario, dejando paso a la retoma del poder por la derecha con el consiguiente giro neoliberal y anti estado. Como resultado, decir hoy que el país sangra no es una metáfora. En el nivel más inmediato, están los muertos y heridos de estos días, a manos de unas ‘fuerzas del orden’ eficaces para reprimir pero incapaces de controlar los recintos carcelarios donde han sucedido espeluznantes masacres el último año, o la seguridad en las calles donde la población padece una escalada delincuencial sin precedentes, la presencia de bandas armadas y el sicariato.

Magdalena León Trujillo

Alai.info

El término estallido, que sirvió para caracterizar la histórica jornada de protesta social contra el neoliberalismo en octubre de 2019, vuelve a hacerse presente este mes de junio. Se cumplen ya diez días de movilización popular, sostenida pese a una represión que ha dejado hasta ahora dos personas muertas y decenas de heridas, tanto en Quito como en otros lugares del país. En esta coyuntura, se conjugan condiciones similares a las del anterior estallido junto a otras nuevas, pero prima la incertidumbre en un ambiente de turbulencia política y profunda crisis social.

La convocatoria a paro nacional por parte de la CONAIE y el despliegue de su presencia tanto en sus territorios como en la capital Quito, constituye el eje de una movilización que suma a muchos otros sectores: estudiantes, trabajadores de la salud, transportistas, campesinado, mujeres, pequeños comerciantes, pobladores del campo y las ciudades, y muchas más. Un pueblo acorralado por la reimplantación del neoliberalismo, que siente que le arrancan sus posibilidades de tener patria, ese referente de pertenencia a un lugar y a un colectivo que construye condiciones compartidas de existencia y de proyectos de vida. La institucionalidad pública, desfigurada a hachazos por la arremetida ‘anticorreista’ a partir de 2017, hoy se muestra como la adversaria de un pueblo expuesto a la indefensión económica y social, a la represión, a la inseguridad y a la violencia.

Ha pasado un año desde que el banquero Lasso asumió la presidencia. Cinco años desde que su plan de gobierno se aplica, pues en 2017 el incalificable Moreno, electo gracias al apoyo popular a la Revolución Ciudadana, adoptó el plan de gobierno contrario, dejando paso a la retoma del poder por la derecha con el consiguiente giro neoliberal y anti estado. Como resultado, decir hoy que el país sangra no es una metáfora. En el nivel más inmediato, están los muertos y heridos de estos días, a manos de unas ‘fuerzas del orden’ eficaces para reprimir pero incapaces de controlar los recintos carcelarios donde han sucedido espeluznantes masacres el último año, o la seguridad en las calles donde la población padece una escalada delincuencial sin precedentes, la presencia de bandas armadas y el sicariato.

Alcanzan también esa connotación de herida las dificultades para trabajar y vivir que afrontan la mayoría de familias, en un escenario agravado por la pandemia y las políticas pro cíclicas y de austeridad fiscal. En 2020 el PIB cayó en-7.8% y no se prevé aún una recuperación a niveles previos, el desempleo y el subempleo se han disparado junto con una tendencia inflacionaria que no se experimentó en tiempos de dolarización. La protección social se ha reducido a mínimos con unos servicios públicos de salud y educación sometidos a recortes y precarización.

La saga neoliberal reincide en acciones que en el pasado llevaron a una crisis extrema (en el cambio de siglo), marcada por la quiebra del sistema bancario, la dolarización y la migración masiva de la población. Retornan actores y agendas de entonces, como una suerte de muertos vivientes. Si el propio Lasso es un banquero ‘venido a más’ en ese contexto de fraudes especulativos, en su equipo de gobierno ha rescatado figuras de la época, desfasadas en muchos sentidos de las realidades y urgencias actuales del país. La distancia entre las necesidades del país y las orientaciones del gobierno es palpable y percibida por la gente, pues los hechos no pueden ser más elocuentes. Por ejemplo, el mismo día de mayo en que se produjo una nueva masacre de 40 personas privadas de la libertad en una cárcel (sumando 356 solo en lo que va del año), Lasso estaba en Israel -como primer presidente ecuatoriano en visitar ese estado- con preocupante agenda de seguridad y negocios. En esa visita, salió a relucir el dato de que el banco de su propiedad ha incrementado sus utilidades en 123% el último año.

En la fase del conflicto capital-vida del que volvimos a ser parte, la necropolítica acecha. En la primera fase de la pandemia, mientras se pagaba por adelantado un tramo de deuda externa, Guayaquil se llenaba de cadáveres en las calles. En el informe anual de gestión, Lasso enfatizó que los18 millones de ecuatorianos le debemos la vida por haber aplicado el plan de vacunación para el Covid, al tiempo que mostraba como gran resultado los avances hacia la privatización del patrimonio y los servicios públicos. En estos días, mientras transcurre el paro nacional, se ha emitido un decreto para ampliar los despidos y reducir los salarios en el sector público.

Los diez puntos planteados como demanda al gobierno por la CONAIE abarcan los aspectos más críticos y sensibles para la población: precios de los combustibles, moratoria y renegociación de deudas personales y familiares, precios justos para la producción campesina, impulso al empleo y derechos laborales, límites a la extracción minera y petrolera, respeto a los derechos colectivos, no privatización de sectores estratégicos y patrimonio público, control de precios básicos y de la especulación, presupuesto para salud y educación, políticas efectivas de seguridad y protección.

Si a nivel social la coincidencia con estas demandas desborda cualquier diferencia, en el plano político prevalecen las contradicciones. Un sector del partido Pachakutik se mantiene en alianza con el gobierno, como sucedió también en el período anterior. Los diálogos y negociaciones se ven interferidos por la represión y persecución. Está presente la experiencia de 2019, cuando en la mesa de negociación se diluyó una lucha social de doce días, terminando por imponerse la agenda del gobierno de entonces. Está puesta también sobre la mesa la activación de mecanismos constitucionales para un cese del gobierno, pero a riesgo de que sean tildados de ‘golpismo’ con la consecuente persecución judicial, como ya sucedió en 2019. Así, la salida política a la crisis es necesaria pero sus perfiles no quedan claros en estas horas.

¿Cómo es posible que un país que el mundo reconoció -y en unos casos conoció- por sus transformaciones y propuestas inéditas de cambio orientadas por la noción de Buen Vivir, se encuentre hoy atrapado en una espiral de empobrecimiento,  desintitucionalización y violencia? Es un interrogante que debe ser respondido colectivamente, como parte de la búsqueda de salidas que recuperen el camino recorrido hacia cambios de fondo. Es también un desafío para fuerzas sociales y políticas que están destinadas a entenderse, superando desencuentros inducidos y atendiendo al sentir de sus bases, como son la CONAIE y la Revolución Ciudadana.

Texto tomado de: https://www.alai.info/

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