Lawfare*: la vía “justa” al neoliberalismo

Varios autores – CELAG

* El termino anglosajón se divide en law (ley) y warfare (guerra), que hace referencia a una “guerra jurídica”: el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político  Lawfare refiere, así, a la judicialización de la política.

 

Fragmento

Esta base argumental y la existencia de procesos de guerra jurídica contra exfuncionarios de gobiernos progresistas, dan cuenta de que hay otros intereses más allá de la supuesta batalla “imparcial” contra la corrupción. Uno de los objetivos del Lawfare a corto y mediano plazo es lograr la restauración del neoliberalismo también por la vía judicial. Se recurre a un estado de excepción por medio de herramientas (supuestamente) legales (así definidas por un aparato judicial que se elevó por encima de los demás poderes), que en los hechos, conducen a la omisión de la ley a favor de la imposición violenta de un nuevo orden [14]. Este orden intenta mostrarse como legal, “naturalmente” predispuesto a la rendición de cuentas y a la transparencia (es decir, contrario a prácticas corruptas), por seguir la lógica y el “modo de hacer las cosas” (de forma correcta) del sector privado; por estar resguardado y dirigido por empresarios devenidos en políticos.

El objetivo de propiciar el orden neoliberal, se visualiza con mayor claridad en aquellos casos en los que la estrategia jurídica es utilizada “a la inversa”.Es decir, cuando el aparato judicial se eleva por encima de los demás poderes y las herramientas legales se manipulan para garantizar el statu quo, haciendo mancuerna con la prensa para silenciar ciertos casos y evitar la exposición de determinadas personalidades frente a la opinión pública. Se promueve así una manufacturación de consentimiento “a favor” de estas personalidades o grupos que se han erigido como guardianes del neoliberalismo.

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Bajo presión

Adolfo Pérez Esquivel

Página/12

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La división de poderes como forma de organización de nuestro país, vigente desde el nacimiento de nuestra República, es uno de los pilares constitucionales más importantes. Cada poder debe funcionar como contrapeso del otro, siendo esta una de las garantías para evitar la concentración de poder que lleva irremediablemente al autoritarismo y la pérdida de la democracia. Por este motivo, es necesario fortalecer las instituciones del Estado y mejorarlas para su funcionamiento, en vez de someterla a los intereses del gobierno de turno.

Lamentablemente el país se encuentra bajo presión del Poder Ejecutivo que busca la forma de controlar el Poder Judicial y el Legislativo, debilitando nuestras instituciones. Uno de los objetivos preocupantes que se propone el gobierno de Cambiemos, y que afecta al Poder Judicial, es lograr la remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sometida a fuerte presión para lograr su renuncia o la separación del cargo, sin respetar los tiempos e instancias legales. En esta línea, el gobierno busca sancionar en estas semanas la Ley de Reforma orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), un proyecto de ley claramente inconstitucional para limitar y someter a la justicia.

En primer lugar se observa un tratamiento desigual de leyes orgánicas del MPF y con respecto a la del Ministerio Público de Defensa. Si bien tienen el mismo rango, sólo se busca acortar el mandato de la Procuradora, y no se busca reformar ningún aspecto de la justicia federal o nacional, tan cuestionadas por su lentitud e ineficiencia. Esto muestra la animosidad que inspira esta reforma, dirigida claramente contra la gestión de la actual Procuradora General, lo cual vulnera la autonomía e independencia constitucional del Ministerio Público (art.120), y por lo tanto, la independencia judicial Seguir leyendo “Bajo presión”

Argentina – Sólo en dictadura: Nombramientos por decreto en la Corte – un hecho sin precedentes

Paloma Dulbecco

Política argentina.com

 

A tan sólo cuatro días de haber asumido la presidencia de la Nación, mediante el decreto 83/2015 Mauricio Macri designó unilateralmente en comisión dos magistrados para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Lo significativo de la medida viene dado por el carácter último que posee este cuerpo en lo que hace a la definición de constitucionalidad o inconstitucionalidad sobre las cuestiones judiciales. Existe una serie de factores que fue constituyendo una situación de suma gravedad institucional, coronada con el nombramiento arbitrario de dos jueces supremos sin acuerdo del Senado, exigencia que establece la Constitución Nacional. 

 

Desde el 1° de enero de 2015 el máximo tribunal quedó conformado por un integrante menos que los cinco que establece la Ley 26.183, a raíz de la atendible renuncia del Dr. Eugenio Zaffaroni acatando lo dispuesto en el 3er. párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional. Ya van 344 días con la CSJN conformada por debajo de lo que establece la ley y 86 días, desde la presentación de la renuncia de Fayt y por lo tanto, que sabemos que quedaría a partir del 11 de diciembre de 2015 conformado sólo por tres jueces. Sabiendo asimismo que este hecho dificulta, como bien reconoce el reciente decreto de Macri, el desenvolvimiento de la CSJN porque no es posible proceder mediante el voto de mayoría absoluta con tan solo tres miembros.

Durante el casi año que la CSJN estuvo conformada con menos integrantes de los legalmente requeridos y, especialmente en estas últimas semanas de Fayt que coincidieron con la ausencia de la única mujer magistrada por enfermedad, se dieron a conocer fallos de gran importancia. Sobre la Ley de subrogancias, sobre los recursos de ANSES y los fondos de coparticipación, sobre el RENATEA para el sindicalista Momo Venegas, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre el acuerdo YPF-Chevron. Fallos de un tribunal superior no sólo integrado por menos integrantes de los legales, sino por el juez Fayt que superó en 22 años el límite establecido para el cargo vitalicio por la reforma constitucional de 1994.

El texto constitucional no fue suficiente para que se cumpliese efectivamente la norma del máximo de 75 años o bien, superado el límite de edad, la necesidad de contar con un acuerdo del Senado para continuar tareas por otros cinco años. Fayt judicializó la cuestión y en 1999 el expediente llegó al máximo tribunal. La CSJN no sólo no se excusó (a pesar de estar en consideraron la petición de un propio integrante y que tendría consecuencias para sí mismos), sino que declaró, por primera vez, la inconstitucionalidad de una cláusula de la Constitución. En ese momento fue fuertemente criticado por haber puesto en riesgo la seguridad jurídica y ser violatorio del principio de subordinación de los poderes constituidos respecto del poder constituyente.

La sola circunstancia de urgencia por falta de los miembros legales no habilita a aplicar una medida de Macri, recurso jamás utilizado en épocas democráticas para nombramientos del supremo tribunal. El único antecedente para una situación semejante, pero que ignora mencionar el decreto: la Corte que nombró Bartolomé Mitre en 1862. Como menciona el decreto de Macri, “es una política primordial de esta administración utilizar todos los medios constitucionales y legales tendientes a promover una eficaz administración de justicia”. Sin embargo, NO pareció interesarle seguir la institución fijada en el decreto 222/2003 de Néstor Kirchner. A través del mismo, el entonces presidente autolimitó con la instrumentación de un proceso transparente y participativo el alcance de su facultad constitucional para designar a los miembros de la CSJN con el acuerdo de 2/3 del Senado.

En cambio, el presidente Macri también esquivó la facultad constitucional de llamar a sesiones extraordinarias y prefirió llenar las vacantes unilateral y arbitrariamente “por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura” (decreto 83/2015). Su cuestionable interpretación de la Constitucional Nacional, por lo amplísima, extiende la autoridad presidencial hasta terrenos nunca antes alcanzados en democracia. La alternativa que eligió parece no ser ilegal, sin embargo, tampoco es legítima por la falta de aprobación por los 2/3 del Senado y, menos aún, respetuosa de la división de poderes de la República que garantice los pesos y contrapesos entre ellos.

Si como nos dijeron diversos funcionarios del PRO, deberíamos fijarnos en el respetable perfil de los jueces nombrados y no así en el modo unilateral en que se procedió a nombrarlos, ¿por qué no se optó por hacerlo por la vía legítima? Como mínimo, los radicales y los republicanos y los demócratas de la Alianza Cambiemos deberían exigir un pedido de disculpas en nombre del Dr. Raúl Alfonsín. Lo merece por la banal utilización que hizo Macri de su figura en el decreto de la discordia. Para justificar lo injustificable, se valen de reconocerlo como “un presidente de incuestionables credenciales democráticas y republicanas” que designó en comisión a jueces federales de Bahía Blanca, La Plata, Comodoro Rivadavia, San Martín, Mercedes y San Nicolás, pero bajo ningún punto de vista a los integrantes del tribunal de última instancia como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Bolivia: Condenados los ex ministros y ex militares responsables de los asesinatos del “Octubre negro” en 2003

Rebelión/ Bolpress

 

La Corte Suprema los sentenció por genocidio, el próximo paso será extraditar al fugado Sánchez de Lozada.

La Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentenció este martes en Sucre a cinco ex jefes militares y a dos ex ministros en el juicio de responsabilidades por genocidio que se instauró hace ocho años al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores. Los ex jefes militares Roberto Claros y Juan Veliz Herrera fueron condenados a 15 años y seis meses de reclusión; el general José Quiroga y el almirante Luis Alberto Aranda, a 11 años de presidio, y el general Gonzalo Mercado, a 10 años. Los ex ministros de Medio Ambiente y de Trabajo Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, respectivamente, fueron condenados a tres años de reclusión por el cargo de complicidad por genocidio.El abogado defensor de las familias de las víctimas Rogelio Mayta consideró establecidas las condiciones para “extraditar” al ex mandatario refugiado en Estados Unidos. El juicio de responsabilidades, por la denominada masacre de octubre de 2003, que se saldó con la muerte de más de 60 personas y más de 500 heridos, se inició el 22 de octubre de 2003 con la primera denuncia presentada ante el Fiscal General de la Nación.

El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades. Seguir leyendo “Bolivia: Condenados los ex ministros y ex militares responsables de los asesinatos del “Octubre negro” en 2003″

Victoria Montenegro (hija de desaparecidos), apropiada por el coronel Herman Tetzlaff, aseguró que “El fiscal Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”.

Irina Hauser

Página/12

 

Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff, aseguró que “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”. Righi investigará el caso y la Justicia abrirá una causa penal.

La carrera judicial del fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica se tambalea. Es porque para Victoria Montenegro, hija de una pareja de desa-parecidos, “se acabó el miedo” y siente “la obligación de denunciarlo”. El lunes declaró que mientras la Justicia tenía que investigar a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, el fiscal Romero Victorica lo llamaba para anticiparle información de la causa y hasta le consiguió abogados para su defensa. Ayer, Victoria le dijo más a Página/12: “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”, en un operativo que comandaba. Ahora, “el Potro” –como le dicen al fiscal– tendrá cinco días para presentar un descargo ante el procurador general, Esteban Righi, jefe de todos los fiscales, quien enseguida abrió un expediente administrativo y evaluará si impulsa su destitución. Por lo pronto, además, el Tribunal Oral Federal 6, que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, donde Victoria hizo su relato revelador, resolvió enviar la grabación de toda su declaración a la Cámara Federal para que se abra una causa penal ante algún posible “delito de acción pública”.

Lo primero que hizo Righi fue pedir la declaración de Victoria y “todas las constancias vinculadas a la actuación” de Romero Victorica. Después de estas formalidades, anunció, le requerirá “explicaciones” y dará paso a la intervención de un grupo de fiscales que conforman un “consejo evaluador”, que le recomendarán el próximo paso, que puede ser desde una sanción hasta el impulso de su juicio político. El TOF 6, además de denunciar posibles delitos de parte del fiscal para que se lo investigue penalmente, también resolvió mandar la grabación del testimonio de la joven no sólo a la Procuración, sino al juzgado de Norberto Oyarbide, quien investiga la actuación de juzgados de menores durante la dictadura en la entrega de bebés nacidos en cautiverio, y también al juzgado de San Martín que investiga la desaparición de los padres de Victoria, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, militantes de la JP y luego del ERP.

Victoria describió el lunes ante los jueces del TOF 6 –que preside María Roqueta– una relación muy estrecha entre Romero Victorica y su apropiador, el coronel Tetzlaff, fallecido, quien fue jefe del operativo que se llevó a sus padres de su casa en Boulogne, jefe de grupos de tareas de El Vesubio y de Inteligencia en Campo de Mayo. Situó el vínculo entre el fiscal y Tetzlaff en la época en que comenzó a avanzar la causa penal que dejaría al descubierto cómo se apropió de ella, seis meses después de ese operativo en el que mató al padre biológico de Victoria. El propio represor le confesó a ella que había asesinado a Montenegro, y hasta le dio el arma que utilizó, que tenía guardada (ver aparte).

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Otra historia recuperada

José Maggi – Desde Rosario

Página/12

Cecilia Beatriz Barral fue secuestrada en agosto de 1976.

La niña fue criada por una familia santafesina. El juez que intervino en el caso, Luis Vera Candiotti, fue procesado en febrero por supresión de identidad de otra joven recuperada.

La hija de una pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura fue identificada ayer a través de un examen realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ordenado por el juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque. Se trata de la hija de Cecilia Beatriz Barral, secuestrada en agosto de 1976 cuando cursaba un embarazo a término. Gracias a la infatigable tarea de su hermana Ana, María tiene desde hoy su nueva identidad. El caso tiene un parangón con el de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, ya que la joven no aceptaba hacerse un análisis de ADN, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario lo ordenó. El juez Bailaque informó ayer a las partes del resultado.

María estaba en el vientre de su madre, Cecilia, el 2 de agosto de 1976, cuando junto a su pareja fue secuestrada de la vivienda de Necochea 2050 en un operativo clandestino llevado adelante por el Destacamento de Inteligencia 121, en el que otras dos personas también fueron detenidas ilegalmente y otra fue asesinada. Barral y su pareja fueron trasladados a la Quinta Operacional de Fisherton, donde fueron vistos por última vez el 11 de agosto de 1976 por Fernando Brarda. Dos hombres armados llevaron a la niña, con solo unos días de vida, a una vivienda de calle Amenábar al 3000, en la ciudad de Santa Fe, donde una familia la crió. El juez que blanqueó la entrega fue Luis Vera Candiotti, procesado en febrero último por supresión de identidad de María Carolina Guallane. Ana, que tenía dos años entonces, supo que su padre podría haberle dado una hermana con otra madre. Nunca bajó los brazos, pensando en encontrarla. En 2004 el abogado santafesino Jorge Pedraza denunció el caso.

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Decadencia y juicio

Luis Bruschtein

Página/12

Artículo relacionado: Una espera a la sombra 

“Apoyé a Menem como lo hizo todo el peronismo. Y apoyé las privatizaciones de los noventa como lo hicieron todo el peronismo y también los medios de comunicación”, dijo en el 2003 el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, que en ese momento se apresuraba a expresar su respaldo a Néstor Kirchner. Son declaraciones que sirven ahora para entender la decadencia de su gremio y arrojan luz sobre la importancia de un proceso legal transparente.

Durante la década de los años ’20, ’30 y ’40, la Unión Ferroviaria jy La Fraternidad fueron los sindicatos de mayor peso en el movimiento obrero, muy influidos por los socialistas. Cuando se creó la primera CGT, en 1930, tenía 124 mil afiliados, 90 mil de los cuales eran ferroviarios. En esa época, las decisiones que tomaban los ferroviarios afectaban al resto de los trabajadores, tanto cuando decidían medidas de fuerza como al firmar convenios salariales. En los ’50, ya mayoritariamente peronistas, fueron desplazados, no porque decayeran, sino porque a la luz del proceso de industrialización del país creció con mucho impulso el sector de los obreros metalúrgicos.

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Argentina: Inoperancia, oportunismo o ideología

 

Lucas Pedulla

Rebelión 

“En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad”.  Eduardo Galeano.

 

 

 

En el comienzo de un año electoral, el tema de la seguridad y la Responsabilidad Penal Juvenil vuelve a adentrarse en la agenda de debate en la sociedad argentina. El marco contextual en el que se produce esta discusión no es un dato irrelevante: cada candidato prepara su discurso, elige a sus receptores y delimita su cauce para ofrecer la solución más eficaz a tan acuciante problema. Luego que un joven de 15 años fuera detenido por un crimen en Tolosa, el reclamo por la baja de edad de punibilidad de los 16 a los 14 es puesto -otra vez- como eje central de esta polémica.

En (¿) extraña (?) paradoja, el mismo foco de luz que cotidianamente los condena a la marginalidad se posa hoy sobre ellos. Con el conocimiento del rebote mediático que tendrán sus declaraciones en el público preocupado por esta cuestión, diversos funcionarios se hacen eco del dolor y proponen la solución más rápida, sin vislumbrar lo que hay detrás del telón del escenario que ellos mismos cimientan. ¿Inoperancia, oportunismo o ideología? Puede decirse que las tres.

Nadie osa en cuestionar el dolor de una persona que pierde a un ser querido. Nadie. Y la comprensión de terceros jamás se comparará con el sufrimiento de las víctimas. Pero cuando la lectura política sobreviene, muchos escapan a la explicación de las fallas que este sistema corrosivo posee y provoca. Es sencillo endurecer las penas y seguir atestando las cárceles, en lugar de acentuar la inclusión. Es sencillo seguir dándole de comer a un monstruo que gira en círculos y vuelve sobre sí mismo, pero siempre con más hambre que la vez anterior. No obstante esa es la lógica: saciar el apetito del capitalismo con las mismas personas a las que él les quita el pan. El problema estructural y sistémico nunca se ve, sino que permanece oculto detrás del telón como tantas otras cosas. Y los que lo ocultan no incitan a una discusión sobre qué es lo que lleva a un pibe a delinquir, a cómo y de qué manera obtiene un arma; sino que centran el debate en si una persona debe o no ser castigada. ¿Inoperancia, oportunismo o ideología? Puede decirse que las tres.

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Argentina: Periodista francesa testimoniará contra los genocidas argentinos

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Periodista francesa, en el juicio a represores

 Marie-Monique Robin aportará su investigación sobre cómo los franceses enseñaron los métodos de tortura.

Una reconocida periodista de investigación de nacionalidad francesa será la figura de la audiencia de hoy en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza contra cuatro militares y cuatro policías.

Marie-Monique Robin está en Mendoza para dar testimonio de algo que jugará un papel crucial en los juicios por la violación de los derechos humanos en la última dictadura: probará, a partir de una investigación propia y un documental que ya se ha visto en televisión, cómo los franceses fueron los que les enseñaron a los represores argentinos los métodos de interrogación bajo torturas, los modos para quebrar humana y espiritualmente a los detenidos, y la forma de poner bajo control a cualquier sector social renegado al orden establecido.

La periodista declarará ante el Tribunal Oral Federal Nº1 y además del documental, oficiará una traductora no sólo para escuchar su testimonio sino para poder ser interrogada sobre sus conclusiones.

Escuadrones de La Muerte, La Escuela Francesa (Escadrons de La Mort: L’Ecole Française) es el material fílmico en el que la mujer plasma cómo desde 1960 los franceses entrenaron paulatinamente a las fuerzas de seguridad argentinas a partir de su experiencia en Argelia, país al que dominaron como colonia y que condujeron con brutalidad.

El filme revela que el origen de la doctrina que aplicó la dictadura argentina está en la estrategia creada por el ejército francés para sus guerras coloniales en la década del ’50 y que se utilizó en los regímenes autoritarios en Latinoamérica.

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