La Enmienda Platt, patente de corso estadounidense en Cuba

Marta Denis Valle

Prensa Latina

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Con el apellido del senador Orville H. Platt y apoyado por el Congreso, Estados Unidos fabricó una moderna patente de corso para actuar en Cuba con nefastas consecuencias, como la todavía vigente base de Guantánamo.

La denominada Enmienda Platt abrió un precedente en el expansionismo de Washington, en más de un siglo en América Latina y el Caribe, al ser impuesta a los constituyentes cubanos, el 12 de junio de 1901, bajo una fuerte presión tras varios meses de rechazo y protestas populares.

Adicionada a la Constitución Cubana de 1901, la República nació el 20 de mayo del año siguiente con un estatuto neocolonial que implicaba, entre otros puntos, el derecho de intervención estadounidense y base militar en su territorio.

Fue fruto de la guerra relámpago contra España, en la primavera y el verano de 1898, y la solución imperial a más de tres años de ocupación militar sin conseguir su propósito de anexarse el archipiélago cubano.

Falsos pretextos enarbolaron para intervenir en la guerra de independencia de los cubanos contra España y negarle luego la plena soberanía al pueblo de este territorio, desangrado en tres contiendas a lo largo de 30 años.

En ningún momento la Casa Blanca reconoció la beligerancia de la República de Cuba en Armas y, por el contrario, persiguió el envío de recursos a los independentistas.

Durante el siglo XIX, varios fueron sus planes de comprar esta posesión española, incluso en el tiempo que se encaminaba a la intervención militar.

La última guerra estalló el 24 de febrero de 1895 y el fracaso de Madrid era evidente a finales de 1897.

La Corona no estaba en condiciones de enviar más hombres y dinero al capitán general Ramón Blanco, como antes hizo con Arsenio Martínez Campos y Valeriano Weyler.

Washington, que observaba de cerca, conocía perfectamente la verdadera situación; el final de la campaña era cuestión solo de tiempo y estaba a favor de los mambises cubanos, necesitados de armas para realizar su Ayacucho antillano.

En una de sus cartas a Tomás Estrada Palma, Delegado cubano en Nueva York, el general en jefe del Ejército Libertador Máximo Gómez, expresó: Dígalo usted a gritos, que yo viejo no me dejo ofuscar por la pasión… Nosotros tenemos el tiempo por nuestro. A España le toca apagar la hoguera».

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Bucear en el origen histórico más profundo del subdesarrollo español

Federico Bernal – Director del CLICET

Tiempo Argentino

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Siempre más cerca del patio trasero europeo que de las naciones industrializadas, el problema español es estructural y hunde raíces en su historia profunda. Es subdesarrollada no por ausencia de desarrollo sino porque aún no se han derribado las trabas que impiden la expansión de sus fuerzas productivas.

La crisis española no es un fenómeno reciente, y por ello mismo, no es producto de la debacle internacional iniciada a finales de 2007. Ya entre 1992 y 2009, el PBI per cápita (PPA) español fue sensiblemente inferior al de Alemania y del Reino Unido; y entre 1992 y 2007, igual brecha negativa registró con Francia e Italia. Y si retrocedemos en el tiempo, mayores diferencias habremos de encontrar en todos y cada uno de los siglos transcurridos al menos desde el XV. Siempre más cerca del patio trasero europeo que de las naciones industrializadas vecinas, el problema español es estructural y hunde sus raíces en su historia profunda. En efecto, la actual crisis española no se explica por su pésima recuperación económica. Tampoco obedece a las políticas neoliberales de Zapatero ni a las anteriores que años atrás pudiera haber aplicado el Partido Popular. ¿Entonces? Un enfoque latinoamericano bien podría colaborar en la respuesta. Desde la Argentina se suele comparar el movimiento de los “indignados” con las puebladas de diciembre de 2001. Si bien resulta obvia cierta analogía, no pasan por aquí las semejanzas de una y otra crisis. España padece –como la Argentina y demás países suramericanos hispano parlantes– la irresolución de su cuestión nacional. Si en nuestro país el balance entre modelos de desarrollo viene agudizándose como consecuencia de la consolidación del modelo nacional y popular (colocándonos en este 2011 en el año de la gran disyuntiva nacional) podría decirse que España está a las puertas de un 2003 argentino, tal vez como nunca desde las revueltas populares de la guerra civil. Si la disyuntiva en la Argentina es la de nación desarrollada, socialmente justa y moderna o semicolonia atrasada, la de España parecería querer retomar la vieja y no zanjada opción: España “negra” o España revolucionaria y popular. Subdesarrollo eterno o desarrollo y modernización. Pero España es subdesarrollada no por ausencia de desarrollo sino porque aún no se han derribado las trabas estructurales que impiden la expansión de sus fuerzas productivas. De aquí la necesidad de que los “indignados” deban transformarse urgentemente en “indagadores” de su propia historia. No habrá paz e igualdad social en España si su pueblo no concluye la gran obra de los revolucionarios y liberales que desde 1808 se vienen alzando contra la economía y la reacción medieval. 

ORÍGENES DEL ATRASO Y LA DEPENDENCIA ESPAÑOLA. Entre el siglo XV y finales del XVIII, España y Portugal fueron claudicando a su industrialización, convirtiéndose en satélites de sus vecinos al norte y noreste que, justamente por completar su ciclo revolucionario burgués, se ubicaron a la vanguardia del desarrollo capitalista y la industrialización europea y planetaria. Recién en las postrimerías del siglo XVIII, España viviría su revolución industrial, o para ser más precisos, una suerte de incompleta y defectuosa adaptación al capitalismo de aquel entonces, aunque para volver a retroceder con el reinado de Fernando VII (1813-1833). Esto no significa que España haya carecido de movimientos antifeudales o de una burguesía manufacturera o industrial propia. Ocurrió que el oro de América Latina que no se reinvertía en suelo español sirvió para acelerar y remachar el atraso de España, acentuando la debilidad orgánica de la burguesía en relación al frente contra el cual se rebelaba: la monarquía, la Iglesia y la nobleza. Con Fernando VII, las políticas borbónicas que habían intentado modernizar a España terminaron para siempre. ¿Dónde residió el problema estructural que posibilitó el retorno y la victoria de la reacción feudal? Los mejores elementos progresistas de entonces no pudieron democratizar desde la raíz la vieja estructura señorial y eclesiástica, verdaderos obstáculos del progreso y el desarrollo de las fuerzas productivas españolas. La “España negra” triunfaba sobre la minoría “ilustrada” en el siglo que será testigo del despegue capitalista y políticamente liberal del resto de la Europa occidental.

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Entrevista con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal de Perú: “Una victoria de Keiko sería un desastre para los derechos humanos»

Emma Gascó y Martín Cúneo

Diagonal

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Carlos Rivera fue uno de los seis abogados que el 7 de abril de 2009 consiguieron que el presidente Alberto Fujimori fuera condenado a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos.

 

“La familia de Fujimori se convirtió en una red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado”.

DIAGONAL: ¿Por qué se suele hablar de la “dictadura” de Fujimori? 

CARLOS RIVERA: En primer lugar, por el autogolpe de Estado. Fujimori, con su famosa frase “disolver, disolver el Congreso de la República” cerró el orden constitucional. Esa misma noche expulsó a los miembros de la Corte Suprema, destituyó al fiscal de la Nación, expulsó a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y expulsó a cerca de un 20% de jueces de todo el país, principalmente de Lima. Y a la semana, además de intervenir los medios de comunicación, ya había sustituido a todos los jueces por gente que ya sabía que iba a jugar un papel en favor del régimen. Ya en el año ‘92 estaba en marcha un plan de corrupción sistemática, de apropiación de fondos públicos para comprar medios de comunicación, jueces, fiscales y para ocultar no sólo el hecho de haber roto el orden constitucional sino los crímenes que se habían estado cometiendo desde antes del golpe de Estado. 

La semana pasada el periodista Gustavo Gorriti reveló un hecho fundamental: cómo Fujimori hace su primer millón. Alberto Fujimori, recién electo, viaja a Japón para pedir donaciones para hacer colegios en Perú y todo eso fue a sus cuentas personales. No es que la corrupción empiece en el año ‘92, como se ha sostenido, Fujimori llega con un plan criminal en el ‘90. En el juicio se vio muy claramente cómo Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado. 

D.: ¿Se puede decir que la corrupción era la finalidad y no el efecto secundario? 

C.R.: Sí, yo creo que sí. La corrupción comienza en el momento en que Fujimori gana esa segunda vuelta y traza un plan criminal con Vladimiro Montesinos y lo va ejecutando. Este plan criminal se ejecuta con dos bases: una es la promoción de Montesinos, que con el paso del tiempo se vuelve decisiva en la conducción del Estado, no solamente en las Fuerzas Armadas. La segunda base es la familia de Fujimori, desde los hermanos, las hermanas a los cuñados, todos son parte de una suerte de red bastante bien organizada destinada a sustraer de manera sistemática los recursos del Estado. 

D.: ¿Hay alguna estimación de cuánto fue robado? 

C.R.: La procuraduría hace año y medio hizo un esfuerzo de estimar cuánto se había sustraído al Estado y habla de unos seis mil millones de dólares. Acá el sueldo mínimo es 550 soles, es decir, unos 200 dólares. Ésa es la investigación que hace la procuraduría, pero hay otra investigación que hace Alfonso Quiroz que acaba de publicar un libro en Nueva York que se llama Círculos Corruptos. Él estima que puede ser el doble. Según Fujimori, una pieza fundamental de su Gobierno era la modernización del Estado, que en buena cuenta significó la reducción del Estado por la privatización de empresas públicas. Veníamos de una desastrosa gestión del Gobierno de García en la administración del Estado y supuestamente todas las empresas tenían cifras en rojo y había que venderlas porque el Estado era un armatoste que no servía para nada. Eso en parte era cierto, pero también es cierto que había algunas empresas públicas que no tenían cifras en rojo y que igual se vendieron. Un ejemplo de eso fue el proceso de venta de AeroPerú, la línea de bandera peruana. Hasta ahora se sigue investigando si se vendió al precio que correspondía. ¿Cuánto dinero dio ese proceso de venta de empresas públicas? Entre 12 y 15 mil millones de dólares. Ese dinero fresco que entró al Estado peruano permitió esa política asistencialista que hoy es el origen de ese 20% de apoyo incondicional de Keiko Fujimori. 

“Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero creo que es en realidad una suerte de regreso de los muertos vivientes”

“El regreso de los muertos vivientes” 

D.: Keiko se presenta con un equipo de Gobierno similar al de su padre. 

C.R.: Más que similar, yo diría que es el mismo equipo de Gobierno que el de su padre. Ellos dicen que es un nuevo fujimorismo, pero en realidad es una suerte de regreso de los muertos vivientes. Toda la plana mayor del fujimorismo, los golpistas del ‘92, son los que han vuelto. Uno de los más importantes es Jaime Yoshiyama. Es cierto que tuvo problemas con Montesinos, pero él fue pieza clave en el golpe de Estado y en la consolidación del golpe en los años siguientes. Las principales defensoras de Fujimori en materia de crímenes contra los derechos humanos, que eran Martha Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada, han vuelto y dos de ellas ya son nuevamente congresistas. Incluso el publicista principal de Fujimori, Edgardo Daniel Borobio, es el que de alguna manera le hace la campaña a Keiko. La hija de Fujimori empezó la campaña diciendo que ella se distanciaba de su padre, que ella es diferente, que no obstaculizará a la justicia… Pero en la última semana hay por lo menos tres hechos públicos en los que ella aplaude a su papá y dice que ha sido el mejor Gobierno de la historia. Hay un retorno, con mucha fuerza, a los ‘90. Y hay una asunción de que todo lo que se hizo fue bueno y no hay ninguna autocrítica. Es la mejor evidencia de que quien conduce todo esto es nuevamente Alberto Fujimori. 

D.: ¿Qué consecuencias tendría la elección de Keiko para los juicios de derechos humanos? 

C.R.: Sería un desastre. Lo que no nos deja de extrañar es que esto ocurra no después de 50 años, sino de diez… Todo está muy fresco. Tan fresco que el 15 de abril pasado se entregó a la justicia Juan Carlos Hurtado Miller, el ex primer ministro de Fujimori, tras haber pasado diez años prófugo. Y hay muchos juicios que todavía no han culminado. Fujimori acaba de cumplir dos años de la sentencia principal que se le aplicó. Todo está bastante fresco en la memoria, pero creo que, desgraciadamente, no de todos los peruanos. Creo que el fujimorismo llega con una agenda contra los derechos humanos. No hay una autocrítica en el fujimorismo ni en Keiko, que sigue defendiendo que su papá es inocente. Rafael Rey, la persona que intentó desde el Gobierno aprista liquidar todos los casos de violaciones de derechos humanos, se presenta de vicepresidente. Si alguien quiere saber cuál va a ser la política de derechos humanos de Keiko simplemente tiene que revisar el curriculum de los miembros de la plancha presidencial o de los principales voceros del fujimorismo. 

“Fujimori fue repartiendo cargos pensando en cómo iba a organizar una suerte de organización ilícita en el interior del Estado”

La histórica lucha por los derechos humanos 

D.: ¿Cómo surge la lucha por los derechos humanos en el Perú? 

C.R.: La historia del Instituto de Defensa Legal ha estado vinculada desde sus inicios al proceso de violación de los derechos humanos en el Perú y el propio conflicto armado de las década de los ‘80 y los ‘90. El conflicto interno ha atravesado varios momentos. Una primera etapa es el inicio del proceso de violencia, entre 1982 y 1983, en la que muy pocos entendían a qué fenómeno se estaba enfrentando el Perú. Este discurso, un tanto mesiánico, de Sendero Luminoso; la reacción igual de violenta e igual de desinformada por parte de las Fuerzas Armadas… En esos años se inicia el proceso de militarización de la zona central y sur, de Ayacucho, Huancavelica, Junín, que abre un proceso desbocado de violaciones masivas a los derechos humanos. En los años 1984 1985, aparecen los primeros casos de desaparición forzada, primero contados, luego de manera masiva. Y de ahí un salto cualitativo y cuantitativo hacia una masificación de la violencia con el primer Gobierno de Alan García [1985-1990]. Ese momento coincide con la consolidación de las organizaciones de derechos humanos como grupos básicamente de denuncia. Aparece el IDL, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y comienza a formarse lo que hoy es la Coordinadora de Derechos Humanos. A pesar de que ya en ese momento hay una acusación de que las ONG son una fachada de la subversión, hay un deslinde radical sobre eso, con una condena firme frente a Sendero Luminoso y frente al MRTA. Y eso es lo que marca la actuación de las organizaciones de derechos humanos desde ese momento. De todas formas hubo persecución. En ese momento se definía a las organizaciones de derechos humanos como el brazo legal de la subversión y todo lo que sonara a crítica, a denuncia o a exigencia de cambio en la estrategia contrasubversiva de tierra arrasada era asumido como parte del discurso de la subversión. 

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México, de corrido – Concebir la relación con México era fácil antes. Ya no.

Martín Granovsky

Página/12

 

Antes, en la dictadura militar, México fue el lugar de refugio de miles de exiliados argentinos. El pueblo mexicano fue generoso y cálido. Los argentinos que habían pasado los 25 o 30 años aportaron al desarrollo académico mexicano. La duplicidad mexicana fue útil para los exiliados en su combate contra la dictadura. El Estado vigiló y muchas veces protegió a los exiliados siempre que éstos no se metieran en la política interna. Tampoco debían husmear demasiado en episodios como la masacre de Tlatelolco de 1968 o las desapariciones de dirigentes de izquierda en el período posterior. Pero sí podían desarrollar, como lo hicieron, interesantes niveles de reflexión que fueron cruciales en la transición democrática argentina.

 

Antes, con la crisis de la deuda externa latinoamericana de comienzos de los ’80, México pudo haber sido una pieza clave para un arreglo digno, en compañía de la Argentina y Brasil. No llegó a serlo. El Consenso de Cartagena, un acuerdo de los tres sobre la deuda firmado en 1984 con cuidado de no aparecer como un club de deudores, fue inundado de nuevos socios hasta que llegó a su punto máximo de esterilidad.

 

Antes, durante la crisis de América Central que siguió a la revolución sandinista de 1979, México se involucró en una solución pacífica de Nicaragua. Se comprometió con el Grupo de Contadora junto con Venezuela, Colombia y Panamá, al que apoyaban Brasil, la Argentina, Uruguay y Perú. La meta era que no se expandieran los contras nicaragüenses respaldados por la administración Reagan. La Argentina y México coincidieron.

 

Antes, aun sobre el fin de la Guerra Fría, México continuó siendo el puente con Cuba. El bloqueo estadounidense fue comercial pero México lo fisuró políticamente. Y después, con el advenimiento de las nuevas democracias, la restauración de relaciones con La Habana por parte de los países del continente fue también un modo de acuerdo con México.

 

Antes, pero ya más cerca, en pleno proceso de desarrollo de los bloques, México se integró al Nafta, el área de libre comercio de América del Norte que formó con los Estados Unidos y Canadá. En rigor lo había concretado antes, de hecho. El Nafta fue la formalización de una realidad previa.

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Los nuevos rostros de la militarización: El militarismo en Paraguay durante los años 2009 y 2010 (Descargar Texto Pdf)

Servicio Paz y Justicia Paraguay

Investigador: Abel Irala

 

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INDICE

  • Introducción
  • 1. Golpes, injerencias y cooperaciones para la dominación.  
  • 2. Asesoramiento colombiano para órganos de represión.
  • 3 Fuerza  de tarea conjunta: policías y militares en diversos operativos.
  • 3.1 En busca del EPP se multiplican los operativos
  • 3.2 La caridad militar estadounidense, hacia un rostro más humano
  • de las instituciones preparadas para matar
  • 4. Estado de excepción y leyes represivas.
  • 4.1 Legislar para Castigar
  • 5. Las cifras de la militarización.
  • A modo de conclusión.
  • Bibliografía
  • Anexos
  • A – Ley Nº 3963 49
  • B – Ley Nº 4024 51
  • C – Ley Nº 4013 54
  • D – Objeciones a la ley 4013 62
  • Cuadros y mapas.

INTRODUCCIÓN

Los nuevos rostros de la militarización en Paraguay años 2009-2010 presenta en las siguientes páginas una serie de acontecimiento y hechos que han llevado al gobierno a apostar en el reposicionamiento de las Fuerzas Armadas, la búsqueda de legitimidad de las mismas y el actuar de una Policía Nacional cada vez más profesionalizada en la represión.

Al hablar de militarismo, no estamos hablando solamente del uso de las armas, o de la violencia generada en los cuarteles, etc. sino que hablamos de un concepto más amplio que el Servicio Paz y Justicia América Latina (Serpaj AL) lo define de la siguiente manera: “El militarismo es un sistema de dominación político, económico, social y cultural que forma parte de la cotidianeidad de nuestras vidas, representado y sustentado en lógicas y valores como el autoritarismo, la violencia, la obediencia ciega, la exclusión del otro/a, la sumisión, el control opresor de la sociedad, y la depredación de la naturaleza”.

El trabajo se llevó a cabo a través de una investigación bibliográfica basada en publicaciones de actualidad tanto en libros, periódicos locales, digitales y páginas web organismos gubernamentales e internacionales correspondientes a los años que abarca el estudio (2009 y 2010). La recopilación y análisis tiene un sustento en la experiencia del equipo de trabajo del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj Py) de varios años de estudio y convivencia así como las visitas in situs a los lugares de referencia. Amplían los conocimientos las lecturas de los dossieres de prensa del Serpaj sobre temas de militarización; así como libros y boletines.

En un proceso de investigación con metodología científica, y por ende objetiva, se contrasta la información consultando diversas fuentes y corroborando la información a fin de poner a disposición de los lectores un material dinámico y didáctico que ilustra a través del texto, cuadros, mapas y gráficos la militarización del Paraguay.

La distribución de los capítulos responde a los objetivos del trabajo donde, en el capítulo 1 presentamos un panorama de la situación regional, la ofensiva de los Estados Unidos en el plano militar para mantener su dominación sobre el continente en el marco de un complejo panorama mundial y latinoamericano. Hacemos mención al gasto militar del mismo y de otros países de la región. Las nuevas fases de la militarización como formas de dominación sobre los países.

En el capítulo 2 ingresamos a Paraguay y hablamos principalmente de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad del gobierno paraguayo con el gobierno colombiano, mencionando hechos concretos en los que se materializa dicho acuerdo, teniendo como principales actores a grupos de élite de la policía nacional, el Ministerio del Interior y la fiscalía.

El Capítulo 3, quizá sea una de las partes centrales del trabajo en el que presentamos diferentes tipos de intervenciones militares y policiales que van desde hechos lamentables de torturas y violación de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas así como la intervención de éstas en acciones de humanidad, atención médica y otras de carácter social. En este capítulo se deja visualizar la intervención de la embajada de Estados Unidos en varias de las acciones, y se hace referencia a algunos planes que consideramos no son menos importantes al hablar de nuevas formas de militarización y control.

El capítulo 4 lo dedicamos a presentar datos y reflexión sobre el estado de excepción (2010), detenciones, registro y control de personas en los cinco departamentos que abarco la medida. Hablamos también de leyes aprobadas en el periodo que abarca el presente trabajo que refuerzan un proceso de militarización de la sociedad.

Por último en el capítulo 5 exponemos montos y datos sobre los gastos militares en el 2009 y 2010, haciendo referencia además a la proyección de gastos para el año 2011 que serán destinados por el gobierno central para las Fuerzas Armadas.

Tomado de http://www.rebelion.org/

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Samir Amin: La Primavera Árabe de 2011

Samir Amin

Rebelión

 

El año 2011 comenzó con una serie de explosiones de ira atronadoras de los pueblos árabes. ¿Va a dar inicio, con la primavera, una segunda fase del despertar del mundo árabe? ¿O bien estas revueltas van a ser pisoteadas y al final abortadas, como sucedió en el primer momento evocado en mi libro L’éveil du Sud (El despertar del Sur)? En el primer caso, los progresos registrados en el mundo árabe serán necesariamente parte del movimiento de superación del capitalismo y el imperialismo en todo el mundo. Su fracaso mantendría al mundo árabe en su estado actual de periferia dominada, que le impediría erigirse en agente activo de la configuración del mundo.

Siempre es peligroso generalizar cuando se habla del mundo árabe, en la medida en que se ignora así la diversidad de las condiciones objetivas que caracterizan a cada país dentro de este conjunto. Por consiguiente, centraré mis siguientes reflexiones en Egipto, país del que podemos reconocer sin dificultad el importante papel que siempre ha desempeñado en la evolución general de la región. 

Egipto fue el primer país de la periferia del capitalismo mundial que intentó «emerger». Mucho antes que Japón y China, desde principios del siglo XIX, Mohamed Alí había diseñado e implementado un proyecto de renovación de Egipto y sus vecinos en el Mashreq árabe. Esta experiencia de gran envergadura duró dos tercios del siglo XIX y sólo perdió fuerza al final de la segunda mitad del reinado del Jedive Ismail Pachá, durante la década de 1870. El análisis de su fracaso no puede ignorar la violencia de la agresión externa a cargo de la gran potencia del capitalismo industrial de la época, Gran Bretaña. En dos ocasiones, 1840 y más tarde en la década de 1870 al tomar el control de las finanzas de Egipto, y por último con la ocupación militar en 1882, Inglaterra persiguió con obstinación su objetivo: abortar el surgimiento de un Egipto moderno. Sin duda el proyecto egipcio tenía sus límites, los que definen la época, puesto que fue, obviamente, un proyecto de emergencia en y por el capitalismo, a diferencia del proyecto del segundo intento egipcio (1919-1967), sobre el que volveré más adelante. Sin lugar a dudas las contradicciones sociales específicas del proyecto, como las ideas políticas y las bases ideológicas y culturales en las que se desarrolló, comparten la responsabilidad del fracaso. El hecho es que sin la agresión del imperialismo estas contradicciones probablemente podrían haberse superado, como sugiere el ejemplo japonés.  Seguir leyendo «Samir Amin: La Primavera Árabe de 2011»

chile 2010: In Crescendo. Informe de coyuntura sobre conflicto social (Descargar texto Pdf)

Mónica Iglesias Vázquez: Licenciada en Sociología. Maestra en Estudios Latinoamericanos y doctoranda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Palabras clave: Conflicto chileno-mapuche, elecciones, terremoto, tomas de tierras, termoeléctricas – Militarización

Resúmen:

2010 fue el año en que, por primera vez en dos décadas, la Concertación perdió unas elecciones presidenciales.

El nuevo jefe del Ejecutivo, Sebastián Piñera, heredó una serie de conflictos y deudas sociales arrastrados por los sucesivos gobiernos de la Concertación, mostrando una prevista y notoria continuidad en la manera de encararlos. En este extenso análisis de la conflictividad social durante al año, la autora encuentra tres acontecimientos –cambio de gobierno, terremoto y “accidente” minero– que cambiaron las coordenadas que la acción colectiva venía presentando hasta ahora; realizando una clasificación analítica de dichos conflictos en político-territoriales (entre los que se cuentan también los socio-ambientales), laborales, educacionales, políticos y económicosociales.

Señalando la huelga de hambre mapuche como el hecho más relevante en términos de protesta y movilización social, analiza la serie de circunstancias que llevaron a este clímax conflictual, al que se ubica como el conflicto políticoterritorial de mayor impacto.

Fuente de imagenhttp://miraloquepasaenchile.blogspot.com/

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Ollanta Humala y la “guerra sucia”: El 5 de junio Perú elige presidente

Cecilia Remon

Punto Final

 

El 1º de mayo, el diario limeño La Primera reveló la existencia del “Plan Sábana”, una vasta operación que apunta a demoler la postulación de Ollanta Humala, candidato presidencial por la coalición Gana Perú. Ese diario tuvo acceso al plan, “que es fruto de una conspiración de políticos, empresarios, medios de comunicación y sectores militares y gubernamentales que favorecen la victoria de la candidata Keiko Fujimori y la consiguiente restauración de la dictadura fuji-montesinista de la década de los 90”.

 

El objetivo es impedir que Ollanta Humala gane la segunda vuelta electoral el 5 de junio. Entre las acciones de una primera etapa, según La Primera , se incluiría reclutar y utilizar medios de comunicación escritos, televisivos y radiales y acopio de información abierta y cerrada y otros elementos sobre la vida y actividades de Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, y su entorno. 

El plan ha surgido por el pánico provocado entre sectores de derecha por los resultados de la primera vuelta, realizada el 10 de abril en que Humala ganó con 31.7% de los votos. Keiko Fujimori, la hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, quedó en segundo lugar con 23.5%, desplazando a candidatos abiertamente neoliberales como el ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczinsky, el ex presidente Alejandro Toledo y el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda. 

No obstante la denuncia periodística, el plan continúa paso a paso. Es más, tras las revelaciones, el director del diario, César Lévano, y el presidente del directorio, Arturo Belaúnde, recibieron arreglos florales mortuorios, al mejor estilo de las épocas más siniestras de Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia de Fujimori. 

Los medios escritos, radiales y televisivos han continuado con fuerza su campaña de demolición de la candidatura de Humala, acusándolo de estatista, de tener vínculos con Hugo Chávez y de que, de gobernar, no continuará con el crecimiento sostenido que el país viene experimentando desde hace diez años, provocando en sectores medio-bajos el temor de perder lo poco que han ganado en los últimos años. 

Así lo mostrarían recientes encuestas, en las que Fujimori resulta liderando la intención de voto. Según un sondeo de la empresa Datum, publicado el 20 de mayo, Fujimori tiene 45% de las preferencias frente a 42% de Humala. Sin embargo, una encuesta previa de Datum, del 16 de mayo, daba 46% a Fujimori y 40% a Humala, lo cual significaría, según los analistas, que Humala podría estar revirtiendo la tendencia, a dos semanas de los comicios.

Apretando la tuerca

Tras el supuesto éxito de la primera etapa del Plan Sábana, se inició una segunda etapa para continuar desprestigiando a Humala. De acuerdo con el diario La Primera , las instrucciones para esta nueva etapa son “continuar el Plan Sábana Fase II en el subplan ‘Conexión Venezolana’, toda vez que el objetivo de la operación -Ollanta Humala y su organización-, están siendo golpeados. La campaña de desprestigio ha permitido paralizar el crecimiento en la intención de voto de Ollanta Humala y con la cooperación de las encuestadoras se podría utilizar el margen de error para dar la sensación de declive y derrota del candidato”. La meta es “continuar con la guerra mediática hasta doblegar la moral del objetivo (Ollanta Humala) y sus votantes. Este esfuerzo impone una producción constante y continua de todos los medios necesarios para mantener una presión actualizada en lo político, económico y sicosocial”. 

Al parecer, la dirección política del Plan Sábana -que incluye a Jaime Yoshiyama, estrecho colaborador de Alberto Fujimori y candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza 2011- habría recibido recomendaciones de la “base Chile”, instancia que colabora con la campaña de Fujimori, de levantar el tema de género, utilizando la victimización para que las mujeres se identifiquen con la candidata. Igualmente ha recomendado cumplir con los requisitos para la “difusión de la inteligencia”, es decir, buscar la oportunidad y dosificar los contenidos mediáticos y reforzar las medidas de contrainteligencia para sellar la fuga de información y eliminar la penetración de intrusos. 

En el cumplimiento meticuloso del Plan Sábana, el diario conservador El Comercio dio a conocer el 16 de mayo una grabación obtenida ilegalmente en 2006 en la que se escucha a una ex funcionaria de la embajada de Venezuela en Perú hablar con su madre y su esposo. Aunque en la conversación no hay ninguna prueba y más bien la funcionaria lo niega y dice que es un infundio, El Comercio publicó en primera plana que Humala había recibido ese año 4 millones de dólares del presidente venezolano Hugo Chávez para su campaña. Dicha grabación formaría parte de los audios que fueron decomisados en 2009 a la empresa Business Track (BTR) -de propiedad de ex oficiales de la Marina y dedicada a espiar ilegalmente por encargo- en un sonado caso de corrupción, en que estaban involucrados altos funcionarios del gobierno del presidente Alan García en el otorgamiento de concesiones petroleras.

Mientras la prensa se dedica a espulgar a Humala, Keiko Fujimori se la lleva fácil.

Ante las críticas al programa de gobierno de Gana Perú de que es estatista, que tomará el dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para financiar su Plan Pensión 65 -que otorgará una jubilación mínima a todas las personas de más de 65 años que no hayan podido aportar a algún fondo de pensión estatal o privado-, que ahuyentará las inversiones, entre muchas otras, Humala presentó a mediados de mayo el documento titulado “Lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional”, una hoja de ruta en la que se compromete a reforzar el crecimiento económico y social del país.

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