Mexico: Reformar el Sistema de Justicia

Salvador González Briceño

ALAI net

Aún a destiempo, porque el sexenio de Felipe Calderón corre más allá del medio tiempo, y no hay grandes avances en cuanto al combate al crimen organizado que cada vez genera mayores índices de violencia en todo el país, de cualquier manera los foros sobre seguridad —mejor dicho: «Diálogo por la Seguridad, hacia una Política de Estado»— a que ha convocado el Presidente y se llevan a cabo en estos días en el Campo Militar Marte, sirven de catarsis.

Pero no solo eso. Pues del mismo modo se pone el dedo en la llaga. Ahí están concurriendo funcionarios públicos del área, legisladores de todos los partidos, voceros del empresariado, de la sociedad civil y medios de comunicación, preocupados todos por el problema de la inseguridad. Estos encuentros representan, creo, los primeros que se llevan a cabo en los más de tres años transcurridos del gobierno de Felipe Calderón. Es hasta ahora que se analiza el dilema en el que está metido el país por culpa, sobre todo, del flagelo del narcotráfico. 

Es acá en donde se han comenzado a decir cosas importantes. Primero, el gobierno reconoce que no hay mayores avances. No lo dice, pero estos eventos son una aceptación implícita. Seguramente Calderón no aguanta más las presiones que le dirige el sector empresarial, los hombres del dinero, porque la inseguridad amenaza los negocios y hasta sus propias vidas. Pero el mayor de los problemas es que está en juego el propio Estado, a quien se ha ido rebasando en muchas de sus áreas. 

Ahí están, precisamente y entre otras, la de la procuración de justicia y el sistema penal que se discutió anteayer. Así como el de mantener a raya a los delincuentes que azotan al país en muchos estados. Y la amenaza que representan para la estabilidad política, económica y social. Y que el Estado no da muestras de avanzar, precisamente, en el terreno del control. 

En otras palabras, el problema de la inseguridad que se desborda. Eso impacta además de la seguridad y la estabilidad, la gobernabilidad y llega hasta poner en jaque al propio Estado. Los amplios territorios en varios estados que están bajo control (o casi, porque no hay mas ley que la de la delincuencia) del crimen son muestra de ello. 

Los encuentros violentos entre las bandas que se disputan los territorios, los asesinados o ajustes de cuentas que aparecen diariamente en la prensa, las relaciones perversas cada vez más claras entre autoridades y maleantes, los crímenes no investigados por los ministerios públicos, las narcolistas o donde aparecen desde policías hasta autoridades de mayor jerarquía, son elementos que nos hablan de un clima de descomposición que ha infiltrado las estructuras de los gobiernos. Por lo menos a nivel estatal en algunos casos.

La recomposición de todas las instancias de procuración de justicia, y del sistema penal está en juego. Por eso se habla del papel de los ministerios públicos, de los policías, de jueces y magistrados «en todos los casos». Pero también tendría que plantearse su recomposición. Porque o son corruptos todos, o la gran mayoría aplica la ley a modo. El mejor postor es el que manda. Añejo problema.

Llaman también la atención, en todo momento, declaraciones como las del procurador, Arturo Chávez Chávez, que recogió la prensa en los siguientes términos: él reconoce la gravedad del fenómeno delincuencial, que comienza a «corroer las estructuras básicas del Estado mexicano, con la existencia de bandas de la delincuencia organizada y del narcotráfico que se han empoderado. Por ello, el funcionario convocó a concretar con más éxito las reformas penales en las entidades y se refirió asimismo a la urgencia de contar con código de procedimientos penales para todo el país».

Todavía más, los juicios orales que son la sustancia de la última reforma penal, por ejemplo, del poder Ejecutivo, no representa grandes avances porque está atorada en semejante montaña de expedientes. Porque la burocracia es, entre otros más graves, uno de los problemas del injusto y atropellado sistema penal mexicano.

Luego entonces, como la mayor preocupación es responder a la delincuencia organizada, el mismo Calderón propone que «quizá», es la «debilidad institucional», dice «el principal problema que se debe resolver en materia de seguridad y justicia». Para ello se ha de «renovar y fortalecer las instituciones con un compromiso común de todos a participar en los poderes federales y estatales». Agregando que «uno de los mayores retos del Poder Judicial es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia». No sabe que existe la propuesta de los jueces sin rostro. Precisamente para protección de los mismos jueces. Sin que ello abone en mayor injusticia o impunidad.

De preservar a los jueces de la intimidación y la corrupción, de eso habló el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia. «Son preocupación constante de los órganos de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación». Y justificó, en el marco democrático, a «la fuerza del derecho como única vía para enfrentar cualquier desafío al orden público». Por eso, «el combate al crimen organizado debe ejecutarse con absoluto apego a la ley, por una procuración efectiva de justicia y por la protección irrestricta de las garantías individuales». En ese sentido también, dijo el titular de la SCJN: «estamos del mismo lado combatiendo la corrupción y la infiltración del crimen organizado».

Pero lo que se debe discutir es, justamente, una reforma integral. No quedarse en la superficie que exige la coyuntura. Con todo y esa sea la prioridad ahora. Recuérdese que el sistema de justicia tiene muchos pendientes. El penal también. Y, claro, no de ahora. El propio Calderón preguntó por qué en Chihuahua, que es donde hay un mayor avance en la aplicación de los juicios orales, «continúa como la más violenta, con 30 o 35 por ciento de las ejecuciones registradas en el país». Un tema no va de la mano del otro.

Pero el mismo Mayagoitia respondió que dicha situación se deriva de «una ausencia de acción directa y pericia de los policías». Para que se convierta «en una auténtica policía investigadora». Entre otras deficiencias, que son cuantiosas. Pero la sociedad reclama cambios de fondo, no parches mal pegados.

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