Expansión militar de Estados Unidos: Golpe en Honduras y bases en Colombia

Stella Calloni

Cubadebate

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La decisión del gobierno de Estados Unidos de poner en blanco las bases militares que desde hace años mantiene en Colombia, así como el golpe militar en Honduras del 28 de junio de 2009, donde mantiene la estratégica Soto Cano, en Palmerola y otras instalaciones similares distribuidas en distintos puntos de ese país, dentro del trazado del Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, no debería ser una sorpresa para América Latina.

Lo que sorprende, en todo caso, es advertir que, a pesar de todos los anuncios de los gobiernos de Washington con respecto a sus nuevos planes y diseños militares para control y dominación regional, no haya sido creado en América Latina algo así como un Comité Estratégico de Defensa y Seguridad regional, para dejar de estar bajo el paraguas del Pentágono como simples proyecciones coloniales.

El trazado de Guerra de Baja Intensidad (GBI) no fue un invento de analistas “delirantes”, si no un perfeccionado diseño de renovadas formas contrainsurgentes, que se aplica desde los años 90.

En ese año -conjuntamente con la puesta en acción del Consenso de Washington- se modificó y amplió el entramado del Conflicto de Baja Intensidad (CBI) en los paradigmas de la contrainsurgencia que viene desde los años 60. Otro paso gigante comenzó en los años 2000 para ese proyecto contrainsurgente, cuya misión es mantener a la región bajo control y desarrollar las actividades necesarias para lograrlo.

Desde los años 90, Estados Unidos había decidido también dislocar el Comando Sur y levantar sus bases de la zona del Canal de Panamá, que resultaban obsoletas para los nuevos planes de GBI y otras modalidades contrainsurgentes de recolonización regional. A partir de los años 80 habían analizado que esa concentración de bases era un objetivo muy expuesto de retaliación en cualquier conflicto de alta intensidad.

A esto se añadió otro cambio que fue la formación de las Fuerzas de Despliegue Rápido, lo que requería una red de bases y estructuras militares en toda América Latina.

En octubre de 2001 al plantear la guerra “como una respuesta rápida al terrorismo” el Pentágono definió la necesidad de crear un “Comando para las Américas”.

Al hacer balances generales y definir la estrategias antiterroristas, en una segunda parte de la iniciativa, el Departamento de Estado marcó un eje en lo que llamó entonces “ofensiva contra el terrorismo en las Américas”, señalando que “el narcotráfico es la base de acciones y grupos terroristas”.

Lógicamente esto indicaba la necesidad de “fortalecer” el Plan Colombia, un proyecto geoestratégico de recolonización para toda América Latina, que inauguró sombríamente el Siglo XXI en la región. Estaba diseñado para el combate contra “las organizaciones terroristas en Colombia y sus similares en la Región Andina “.

De allí rápidamente añadieron al plan madre (Colombia) el de la “Iniciativa para la Región Andina”. A los más de mil millones de dólares aportados para el Plan Colombia, se destinaron 730 millones adicionales para la llamada “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico en la región”.

Por supuesto Colombia debía aportar la mayor parte del gasto y la “ayuda” de Estados Unidos consistía en un virtual préstamo para la compra de armas y equipos y otros “gastos” en este último país.

Es la misma fórmula con que se trazó en Washington el Plan Mérida destinado a México, país que debe mirarse en el espejo de Colombia.

En esos días de fines de 2001, el Coordinador para el terrorismo del Departamento de Estado en Washington Francis Taylor, aseguró que su oficina estaba “trabajando con las diferentes agencias del gobierno para diseñar una estrategia antiterrorista para Colombia y otros países andinos para complementar el Plan Colombia” que se había aprobado el año anterior y ” la Iniciativa Regional Andina (IRA) que se discute este año”.

Se destacaba que este nuevo plan a gran escala era de importancia fundamental “para el Hemisferio Occidental” después de lo que llamaron la “guerra iniciada el 11 de septiembre” con el atentado a las Torres Gemelas, cuyo verdadero origen sigue hasta hoy en un oscuro cono de sombras.

En esos momentos, en Washington se hablaba públicamente sobre la creación del Comando para las Américas y se informaba que el principal objetivo de “la intervención militar” en Colombia era “el combate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)” de ese país, a las que Washington colocó como “el enemigo número uno”, a pesar de que nada tenían que ver con el atentado.

Vale recordar que, como en la más barata novela policial, al preguntar a quien sirvió ese atentado, todos los datos señalan a Estados Unidos, cuyos gobiernos ya tenían preparado el proyecto antiterrorista que se desarrolló a nivel mundial, cuando el ex presidente George W. Bush declaró la Guerra Infinita y sin fronteras al mundo.

El mismo Taylor, retomando el mensaje amenazante de Bush, al advertir que los países que no se alinearan a sus nuevas estrategias de guerra sufrirían represalias y el tratamiento de enemigos, sostuvo que “que nuestro país y el hemisferio ya no son seguros frente al terrorismo internacional”, para justificar las nuevas políticas militaristas.

Aunque dijo estar seguro de que los ataques se originaron en Afganistán, por supuesto encabezados por el ubicuo Osama Bin Laden el ex gran amigo de la familia Bush, y Al Qaida, “debemos admitir que las amenazas contra nuestros ciudadanos e intereses pueden venir desde cualquier frente, incluido el Hemisferio Occidental”.

En esos momentos el gobierno de Estados Unidos continuaba enviando fondos a la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado, y se incluyó un presupuesto, como ’suplemento de emergencia’ que diseñó el Congreso para responder a las nuevas “necesidades”.

Por su parte la Oficina para el Manejo del Presupuesto (OMB) ya planeaba un incremento importante del “paquete antiterrorista” destinado a América Latina en el 2003.

A pesar de que el más importante lavado de dólares en el mundo por narcotráfico se realiza-como está comprobado fehacientemente- a través de la Banca de Estados Unidos, Taylor dijo que esos nuevos fondos estarían dirigidos a “expandir la lucha contra el lavado de activos, que actualmente se concentra en el narcotráfico; a fortalecer los controles en aduanas, puertos y fronteras y financiar el entrenamiento de funcionarios y diversos programas de “intercambio de inteligencia” en Colombia y en el resto de la región.

El proceso de extensión de bases se había iniciado mucho antes del atentado del 11 de septiembre de 2001.

A una serie de instalaciones en diversos países, el 12 de noviembre de 1999, agregaría Washington la firma de un Acuerdo de “Cooperación bilateral” con el gobierno del entonces presidente de Ecuador, Jamil Mahuad para el “uso” -no decía “ocupación”- de la Base de la Fuerza Aérea ecuatoriana de Manta con el objetivo de luchar “contra el narcotráfico”.

Este acuerdo ilegal fue una de las causas -así como el intento de imponer un neoliberalismo a rajatabla, dolarizando la economía- que originó la multitudinaria rebelión popular que terminó derrocando a Mahuad en enero de 2000.

El actual presidente de Ecuador, Rafael Correas, tenía el mandato popular para terminar con la presencia de las tropas de Estados Unidos en Manta y decidió hacerlo, acordando su retiro definitivo antes de noviembre de 2009.

En realidad Estados Unidos llamaba a esa ocupación como “instalación del Puesto de Avanzada” (FOL en sus siglas en inglés), como denomina a algunas de sus bases en otros lugares, mientras continúa en la presión sobre gobiernos para nuevos acuerdos similares al que había logrado en Ecuador.

De la misma manera expandió la presencia de sus servicios de inteligencia, invadiendo silenciosamente con Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, a América Latina. Reinstaló los seguimientos, controles y represión que siempre realizó la CIA y el FBI, con el uso de las dependencias de seguridad de nuestros países y nuevas tecnologías de avanzada, acumulando datos e información altamente clasificada para sus necesidades de control regional.

La introducción de la Agencia Antidrogas (DEA) en los años 80 fue activar otro mecanismo de brutal espionaje, acciones encubiertas y guerra sucia en todo el continente. Una de las mayores víctimas en los últimos 28 años fue Bolivia.

Para entender cómo avanzaría ese proyecto, el Departamento de Estado mencionaba como “peligrosas” a todas las organizaciones sociales de Colombia, además del enemigo número “Uno” las guerrillas de las FARC.

Llegó a tal límite, que para asustar a propios y ajenos, se decía que “hoy día (2002), el grupo terrorista internacional más peligroso basado en este hemisferio es la FARC “.

Mintieron descaradamente cuando informaron que los dirigentes de las FARC “no sólo festejaron” el ataque a las Torres Gemelas, sino que” llamaron a atacar a Estados Unidos” y ante eso se justificaban de que “nuestra única esperanza es limitar la amenaza que plantean grupos como las FARC, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los de origen árabe que operan en la zona(otra asombrosa falsedad) estrechando nuestra cooperación en inteligencia y actividades policiales con nuestros aliados”, como dijo Taylor.

Los Servicios de Seguridad del Pentágono, hacían saber que el Comando para las Américas, encargado de “la defensa del Hemisferio Occidental” se implementaría a partir “del entrenamiento y el despliegue operacional del Comando Sur del Ejército norteamericano”.

Cuando a fines de 1999 el Comando Sur sacó sus últimas instalaciones de Panamá, ya tenían preparadas sus nuevas bases y refugios y se habían extendido por la región Andina en un trazado estratégico, que no era precisamente invisible.

El cerco alrededor de Colombia era formidable y desde esos años se había concretado otro cerco operacional de alta tecnología de guerra sobre la Zona de distensión, donde se llevaban adelante las conversaciones del gobierno con la FARC la famosa zona de despeje de San Vicente del Caguán que tantas esperanzas creó.

Llevaría un tomo de unas mil páginas resumir todo lo actuado por Estados Unidos para impedir la paz en Colombia.

Mientras hipócritamente simulaban alentar la pacificación, enviaban nuevos fondos para el fortalecimiento de bases en Colombia y en otros países donde fueron estructurando esta red, en tiempo de los gobiernos “gerentes” y sumisos y con el silencio de la OEA.

Los Congresistas de Estados Unidos habían declarado que el Plan Colombia significaría la derrota de las guerrillas, pero lo que se evidenció ya desde los años 2002-2003 es que se trataba de un diseño regional de contrainsurgencia con nuevos protagonistas como las empresas privadas de paramilitares y mercenarios.

Colombia estaba ya hace mucho tiempo bajo una virtual guerra colonial que en el marco de la Baja Intensidad y el Plan Colombia se podía extender desde esa sede a todos los países de la región.

Los paramilitares nunca entraron de lleno en la caracterización de “terroristas” salvo aquellos “algo independientes” o díscolos o más exigentes en las ganancias del narcotráfico, que no son tolerados.

De las violaciones y derechos humanos-incrementados en todo el desarrollo del Plan Colombia- la “guerra sucia Interna” y contra los vecinos, como se vio en Venezuela y Ecuador, nada se decía públicamente.

Taylor en 2002 había anunciado a grandes voces que Estados Unidos estaba decidido a utilizar sus fuerzas militares en América Latina, para “combatir el terrorismo”.

Para Washington y el Pentágono, los movimientos campesinos, indígenas, sociales, sindicales, políticos y otros podían entrar rápidamente en el concepto de “terrorismo” que diseñaban sus estrategas.

Nunca se descartó la posibilidad de intervención en América Latina y de hecho había finalizado el siglo XX (diciembre de 1989)con la invasión a Panamá, un país de dos millones de habitantes, que ocupaban sus bases y tropas en una zona que dividía en dos a esa nación.

Para invadir Panamá cruzaron una calle. Es ese el sueño del Pentágono: cruzar una calle o espacios muy cortos, como podría suponer invadir Bolivia desde su puesto de avanzada, el cuartel militar paraguayo en Mariscal Estigarribia, a 250 escasos Km. de la frontera boliviana, donde tienen una pista similar a la de Palmerola, 3 800 metros de largo para aterrizar sus enormes aviones.

El cerco sobre Bolivia incluye a las bases de Estados Unidos en Perú. En ambos países hay tropas de Estados Unidos en maniobras permanentes.

En los años 2002, el general James Hill, como Jefe entonces del Comando Sur advirtió al Congreso de su país que “la principal prioridad para esa institución” debe ser alentar el apoyo regional a la guerra contra el terrorismo mejorando las capacidades de las naciones asociadas, asegurando el acceso operacional de Estados Unidos, y estableciendo socios confiables de la coalición.

Asegurar “el acceso operacional” de Estados Unidos, fue la clave para la siembra de bases e instalaciones estadounidense en la región.

En otros informes de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se afirmaba que entre los objetivos relacionados con los “intereses vitales” de ese país y para los cuáles debía poder asegurarse la posibilidad de una intervención armada, debía incluirse la defensa de la globalización.

Es decir “el mantenimiento de la estabilidad y la viabilidad de los sistemas globales, como son las redes comerciales, financieras, de energía y del medio ambiente”. Con esto estaba todo dicho.

Han pasado siete años y cada uno de los pasos de ese proyecto de Washington se cumplió y sigue adelante con variaciones para mejorar el avance. Nunca para retroceder. Aunque en estos últimos años han encontrado una barrera inesperada en otro tipo de gobiernos que surgieron en una región donde los pueblos están en permanente acción independentista, aunque muchos no se atrevan a llamar así a una rebelión libertadora, que es lo que está sucediendo.

En defensa del libre mercado, la globalización y las democracias de seguridad, Estados Unidos actuó contra los pueblos de América Latina intentando impedir que llegaran al gobierno presidentes populares y desatando guerras sucias, sicológicas, de Primera, Segunda o Tercera Generación, que en realidad mantienen los antiguos elementos contrainsurgentes, apoyados en enormes avances tecnológicos. Pero la raíz es la misma de siempre.

Golpes Suaves, medianos, fuertes, todo vale, mientras crece y se extiende el número de tropas. Para tener a mano a sus viejos amigos de las dictaduras de la seguridad nacional, Washington se aseguró de librar otra Guerra de Baja Intensidad, tratando de convencer que las “reconciliaciones” era buenas para las “democracias” modernas y que había que dejar atrás el pasado y pactar con los responsables de crímenes de lesa humanidad de las dictaduras. Con eso aseguraban impunidad para sus viejos cuadros militares y policiales en la región, a lo que ahora están utilizando para los nuevos escenarios contrainsurgentes, como se evidenció en Honduras.

Washington tuvo muchos voceros de sus proyectos. En los años 2004, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld advertía: “debemos tener la capacidad de ejercer un poder de disuasión en cuatro teatros de operación…debemos poder derrotar a dos agresores al mismo tiempo. Y simultáneamente debemos poder conducir una contraofensiva y ocupar la capital de un país enemigo instaurando un nuevo régimen”.

Nada mejor para eso que tener una base en cada lugar como en sucede en varios países de América Latina, como en Colombia y Honduras.

 

Chile: El fin de la Concertación

Ricardo Salcedo Mettroz

Argenpress

Hace unas décadas atrás Fujiyama, proclamo el fin de la historia de la humanidad, a muchos nos tomo por sorpresa semejante afirmación (el titulo de un libro y el desarrollo de una teoría), pero hoy en agosto de 2009 declarar el FIN de la Concertación, como el conglomerado que ha gobernado Chile por espacio de 20 años, no debería tomar por sorpresa a nadie.

Aquellas figuras que fueron visionarias y lograron desplazar a la dictadura enfrentándola en con las reglas del juego emitidas por ella misma, han pasado a segundo plano y no lograron crear bases ni personajes que interpreten el cambio, tanto interno del país, ni mucho menos de las condiciones internacionales vigentes.

La dirigencia, renovadora y revolucionaria de aquella época (fines del 80) se al quiloso, envejeció y se acomodo a transformarse en la administradora del legado legal dejado por la dictadura. Sus gobernantes que pasaron 8 años aterrados con un Pinochet empoderado y vigente ( 90-98 ) no fue capaz de crear las bases políticas de un cambio radical, se dedico a parchar la Constitución espuria del 80 y a colgarse de mala forma del proyecto económico de los neoliberales.-

Se pueden hacer muchas lecturas, acerca de los avances de los gobiernos de la Concertación, fundamentalmente en las políticas sociales implementadas por la presidenta Bachelet en estos últimos años, de allí su popularidad particular en la gente modesta y el beneplácito de quienes ven en el dialogo blando, la continuidad de sus privilegios.

Pero la gente cambia, la juventud se desencanta, se pierde el impulso de un objetivo común, como fue el origen de la Concertación, que no era otro que tumbar a la dictadura más sanguinaria que nos tocó vivir en toda nuestra historia republicana.

Las promesas incumplidas, de generar una sociedad más justa, menos individualista, más solidaria, con más igualdades de oportunidades en todos los campos, principalmente en la educación, se fueron transformando en frustración colectiva.

La falta de justicia y la corrupción que ha marcado el paso de los últimos años en los gobiernos concertacionistas, donde una situación como el emblemático proyecto del transantiago, no tiene un solo personaje enjuiciado ni mucho menos preso. Donde el presidente del senado un ex subsecretario del Ministerio del Interior de Pinochet (con responsabilidades políticas en los asesinatos de destacados dirigentes de oposición de la época) y el actual presidente del Tribunal Constitucional (otro personaje siniestro de la dictadura militar), son un reflejo flagrante del contubernio ha que se ha llegado para seguir en la teta del poder político.

Una cosa es el dialogo civilizado, para llegar a acuerdos de gobernabilidad y otro muy distinto es ponerse al servicio de los poderes fácticos, que están detrás de todas estas movidas políticas de inmovilización de la gente y adormecimiento de las conciencias.

La Concertación fracaso en todo esto y por ello pagara el costo, pues se vera reemplazada en las próximas elecciones presidenciales, donde además tiene al peor candidato que podía escoger, como es Eduardo Frei Ruiz Tagle, un personaje amorfo, sin gracia personal, que ha tenido que bailar al ritmo que le han puesto los partidos concertacionistas, haciendo piruetas para mantener el equilibrio en una repartija de los rastrojos de poder administrativo que les queda.

 

Desde México a Colombia un esquema de Intervención y ocupación

¡Fuera bases!

John Saxe-Fernández

La Jornada

Que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, Centroamérica y el Caribe son esquemas de intervención y ocupación lo muestra una sucinta revisión de documentos oficiales disponibles en torno al veloz despliegue castrense de Estados Unidos en América Latina, protagonizado esta semana por el acuerdo sobre bases militares entre Estados Unidos y Colombia, que incluye cláusulas que en los hechos se traducen en la apoplejía constitucional de la nación sudamericana y en una amenaza grave a la región:

A pesar del rechazo de sus vecinos, Uribe, con arrebato cipayo, cabildea en pro de la ocupación extranjera de Colombia, reforzando todavía más, como lo advierte la Red de la Juventud de Medellín, la presencia de tropa yanqui en bases como Palanqueros, Tres Esquinas y Tolemaida, dando “evidencia tangible de que en este país no hay soberanía, ni autonomía, ni independencia”.

Los documentos oficiales indican que además de ofrecer al Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) un uso amplio de bases navales, terrestres y aéreas, tanto para la agresión doméstica como regional, se otorga “inmunidad” ante “crímenes de guerra” cometidos contra la población colombiana, acotando el derecho del Estado de elevar ante instancias como la Corte Penal Internacional acusaciones por la ejecución de crímenes de lesa humanidad por la tropa y oficiales de ocupación.

Información recabada por John Lindsay-Poland, del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) indica que las funciones que se desplegarían en Colombia, como la nueva infraestructura militar en la base de Palanquero, “…no se limitarán a operaciones anti-narcóticos, ni siquiera a operaciones en la región andina”. Según un documento de planteamiento del Comando de Movilidad Aérea (CMA) del Comando Sur, la intención es (literal) “establecer enclaves para contingencias logísticas con alcance de movilidad aérea al continente sudamericano”… “además de una capacidad para operaciones anti-narcóticos hasta el año 2025”, designio sobre el que advirtió a sus homólogos de UNASUR el presidente Hugo Chávez, desde un país con jurisdicción sobre la mayor reserva de crudo conocida, según registro de Petróleos de Venezuela.

A estas alturas cabe recordar, con Michel Chossudovsky, los lazos entre el espionaje de Estados Unidos y la OTAN con el narcotráfico, fuente mayor para el apoyo de múltiples operaciones secretas, como se ha comprobado ya en la génesis y desarrollo de los triángulos de la droga en Asia y en América Latina. Con financiamientos que evaden el escrutinio legislativo-judicial y rebasan en mucho las cifras oficiales del DdD, la operación por el control militar de los recursos naturales y las economías, incluye América Latina como un todo, ya que el programa se dinamiza desde dos puntales: el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. Así lo indica la dimensión del sustento logístico contemplado por el Pentágono, que, según esta fuente, también “está buscando acceso a un lugar en la Guyana Francesa que permitiera a las aeronaves militares alcanzar lugares en África, vía las Islas Ascensión”, agregando, que el Comando Sur “buscó el uso de instalaciones en Recife, Brasil; con el mismo propósito, pero las relaciones políticas con Brasil no son favorables para el acuerdo necesario”. Se indica además que, con ayuda del Comando de Transportes, sólo con la base de Palanqueros (que tiene una “pista de 10 mil pies, hangares que albergan 100 aviones, alojamiento para 2000 soldados y oficiales, restaurantes, casinos, supermercado y un sistema de radar instalado todo por el propio Estados Unidos en la década del 90”) el Comando Sur espera “cubrir casi la mitad del continente que puede ser transitado por un C-17 sin recarga de combustible”. Las bases “facilitadas” por Uribe a Estados Unidos permiten al DdD activar fuerzas de despliegue rápido con toda clase de equipo. Estados Unidos y sus monopolios contemplan la balcanización, agresión y ocupación de polos clave de Latinoamérica.

Hoy el mensaje es: “fuera bases de América Latina”.

http://jsaxef.blogspot.com

 

 

¿Para que sirve UNASUR?

Reunión de presidentes sudamericanos del viernes 28 en Bariloche

Alejo Vargas Velásquez

ALAI

Esta semana (el viernes 28 de agosto) se reúnen, de manera extraordinaria en la localidad turística argentina de San Carlos de Bariloche, los presidentes miembros de UNASUR, a iniciativa de la Presidenta argentina, para discutir temas de seguridad y defensa, en especial el tema de la utilización de bases militares colombianas por los Estados Unidos.

Debemos recordar que UNASUR es un proceso de integración subregional todavía incipiente, que podemos considerar como la síntesis de múltiples esfuerzos de integración. De una parte la CAN (Comunidad Andina), con su antecesor el Pacto Andino y de otra el MERCOSUR, ambos procesos con altibajos y pocos progresos; de otra, el iniciado en la reunión de presidentes suramericanos en Cuzco (Perú) en diciembre de 2004 en la cual decidieron crear la Comunidad Suramericana de Naciones, que en la reunión de Presidentes de abril de 2007 decidieron darle el nombre de Unión Suramericana de Naciones (UNASUR).

Es decir, se trata de un proceso integracionista muy débil, y su principal desarrollo, igualmente incipiente, ha sido justamente en el campo de la integración en defensa y seguridad con la creación del Consejo Suramericano de Defensa; por ello el Presidente Lula del Brasil, uno de los principales impulsores de la integración subregional, ha insistido frente a ciertas voces radicales, que hay que fortalecer y no debilitar este proceso integracionista. Estados Unidos ha dicho que no estará presente en esta reunión porque no es miembro de UNASUR. Seguir leyendo “¿Para que sirve UNASUR?”

Ante la Cumbre de Unasur en Bariloche: El espejo de Uribe

Atilio Borón

Rebelión

 

La Cumbre de la UNASUR en Bariloche tendrá que enfrentar dos gravísimos problemas que abruman a América Latina: el golpe militar en Honduras y la militarización de la región como resultado de la instalación no de una sino de siete bases militares norteamericanas en Colombia.

En relación a lo primero la UNASUR deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y la dominación política de Washington.

Fracasada la negociación de la OEA Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima político imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras. Es “irónico” –dijo en esa ocasión- “que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América Latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente”.

Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, para ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política. En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma. En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril en Puerto Cortés. En 1919, 1924 y 1925 fuerzas expedicionarias del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el mismo pretexto: salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos radicados en este país. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del Sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí. Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y por lo tanto debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América Latina deberían sacar las conclusiones del caso.

En relación al segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky en numerosas oportunidades, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treintas alucinara a Adolf Hitler. Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América Latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales -acuíferos, energéticos, biodiversidad, minerales, agricultura, etcétera- constituye una imperdonable estupidez. Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la UNASUR debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que este no es un “asunto interno” de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas y equipamientos militares que sólo podrán traer destrucción y muerte a sus vecinos. Cuando en los años treinta Hitler rearmó a Alemania los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores que el paso siguiente sería la guerra, y no se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?

Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. Él sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario que no cesa de crecer en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los para militares. En 2004 el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Álvaro Uribe Vélez de ser una de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf

asegura que el hoy presidente colombiano “se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria …(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición.” Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el Caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Antonio Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989 luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones también con el cártel de Medellín. Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras, y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo a ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul vitalicio del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.