Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina.(Descargar Libro)

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Moyo, Sam; Yeros, Paris

CLACSO, http://www.clacso.org.ar/  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. abril. 2008.

.ISBN: 978-987-1183-85-2.

 

Descriptores Tematicos: Movimientos rurales, Descolonización, Conflictos poscoloniales, Conflictos agrarios, Reforma agraria, Ocupación de tierras, Cambio social, África, Asia, América Latina

 

INDICE

  • Introducción
  • El resurgimiento de los movimientos rurales bajo el neoliberalismo
  • Parte I: África
  • -Tierra rural y conflictos agrarios en el África subsahariana
  • -Cosechadores nocturnos, maleantes forestales y saboteadores: luchas sobre la expropiación de tierras en Ghana
  • -Las ocupaciones de tierra en Malawi: desafiando el orden legal neoliberal
  • -La ocupación de tierras en Sudáfrica
  • -Ocupaciones de tierras y reforma agraria en Zimbabwe: hacia la revolución democrática nacional
  • Parte II: Asia
  • -Luchas por las tierras en Asia: perspectiva de contextos seleccionados
  • -Ocupación de tierras en India: experiencias y desafíos
  • -Estirando los límites de la reforma redistributiva: lecciones y evidencias de las Filipinas bajo el neoliberalismo
  • Parte III: América Latina
  • -La dinámica de las ocupaciones de tierras en América Latina
  • -La ocupación como una forma de acceso a la tierra en Brasil: una contribución teórica y metodológica
  • -Reforma agraria en Brasil bajo el neoliberalismo: evaluación y perspectivas
  • -La cuestión agraria y la lucha armada en Colombia
  • -Movimientos indígenas campesinos en México: la lucha por la tierra, la autonomía y la democracia
  • Introducción
  • Sam Moyo
  • Paris Yeros

 

(Fragmento)

(…)El propósito del presente volumen es contribuir al análisis de los cambios socio-económicos en las zonas rurales, pero sobre todo tiene como objetivo traer a la vanguardia las políticas de los movimientos rurales. Juntos, estos intereses constituyen dos de los tres componentes de la clásica cuestión agraria. El tercero es el tema de la acumulación en el proceso del desarrollo nacional (Byres, 1991). Si bien no buscamos debatir este último aquí, los colaboradores de este libro se muestran generalmente de acuerdo en que la reforma agraria es una condición necesaria, pero no suficiente, para un patrón alternativo de acumulación y desarrollo en la periferia, en virtud de su potencial para ampliar el mercado doméstico y quebrar el control del capital externo respecto de los intereses de la tierra. 

Los colaboradores de este volumen son investigadores y activistas asentados, en gran parte pero no exclusivamente, en el Sur, y han sido voceros de la reforma agraria en sus propios países y regiones. En este sentido intentamos, de manera conjunta, realizar una comparación del cambio rural político y económico a lo largo de África, Asia y América Latina, con un interés específico en la base social, las estrategias políticas y las ideologías de los movimientos rurales, y un interés adicional en sus tácticas operacionales, la más común de las cuales es la ocupación de la tierra. 

Los estímulos más significativos para nuestro libro han sido los cambios radicales producidos en los derechos de propiedad agraria en Zimbabwe, que fueron la inmediata continuación de un movimiento militante de ocupación de tierras. Ello ha constituido el primer cambio radical en los derechos de la propiedad agraria en el mundo posterior a la Guerra Fría. Si bien fue un evento controvertido por sus propias razones intrínsecas, ha catalizado e internacionalizado el debate de la reforma agraria de una manera singular y llevado, incluso, a agudas confrontaciones en foros internacionales. Este evento ha marcado la culminación de la crisis del neoliberalismo en África, y tiene numerosos paralelos en América Latina y Asia. 

Es verdad que el neoliberalismo persiste con toda su fuerza. No quedan dudas, sin embargo, de que ha sufrido una derrota ideológica. 

Su perseverancia, de hecho, se debe a la debilidad y a la falta de unidad de las fuerzas sociales en oposición. Como ha observado el sociólogo brasileño Francisco de Oliveira (2003), en un país que persiste en el sendero del neoliberalismo a pesar de su rechazo en las consultas populares, tales crisis de hegemonía en el presente han sido afianzadas históricamente por alzamientos revolucionarios; el neoliberalismo persevera, hoy, por omisión. Con esto en mente, pretendemos entender mejor la naturaleza y el potencial de los movimientos rurales y contribuir, de manera constructiva, a su consolidación ideológica. 

El tema principal que ha guiado nuestra reflexión como editores ha sido la relación entre la cuestión agraria clásica y la cuestión nacional. 

Desde las décadas finales del siglo XIX hasta la crisis de la década del setenta, sus conexiones ocuparon un marco central de referencia analítica para la comprensión del imperialismo, el desarrollo y el subdesarrollo. 

Pero con el comienzo de la “globalización”, las zonas de contacto entre estas dos cuestiones han sufrido un sostenido asalto ideológico, al punto de ser barridos por afirmaciones tales como que la globalización o las ha resuelto en la práctica y/o las ha desplazado como puntos de referencia analítica. Específicamente, la demanda de la “globalización” ha asumido dos variedades discernibles: la primera es que la periferia ha entrado en una nueva trayectoria de transición industrial y, por consiguiente, de realización de un Estado soberano basado en inversiones extranjeras directas y en la orientación a la exportación; la segunda es que la transición industrial en la periferia es innecesaria, que abrazarse a la “ventaja comparativa” en un mercado global es suficiente para el desarrollo nacional. Para ambas, pedir más eivindicaciones sobre la soberanía nacional sería “ideológico”. 

Acompañando estas reivindicaciones hubo una serie de valoraciones relacionadas concernientes al Estado-nación y a las políticas mundiales.

Los liberales de diverso matiz han concluido que, a causa del surgimiento de una civilización de mercado global, el Estado ha “retrocedido” (Strange, 1996) y el mundo se ha convertido en un espacio “sin fronteras” (Ohmae, 1990). Otros observadores, algunos liberales y otros más “críticos”, han concluido que el mercado global opera sobre la base de reglas internacionales y procedimientos discretos o “regímenes”, desde el dinero y el comercio al “alimento”, por encima y más allá del Estado (Keohane, 1984; McMichael, 1997). El marxismo, por su parte, ha absorbido y reproducido muchas de esas valoraciones, afirmando que la periferia se ha embarcado, efectivamente, en una trayectoria de transición industrial bajo el imperialismo (Warren, 1980), o bien que, con la profundización de la comunicación y la protesta global, el principio de la autodeterminación nacional ha seguido su curso. Esto es, que el imperialismo ha sido sustituido por un “imperio” sin fronteras (Hardt y Negri, 2000). En gran medida, esta última evaluación ha procurado reivindicar un impulso “internacionalista” perenne dentro del marxismo occidental, en un intento por superar la “maldición” nacionalista no mediante la afirmación del principio de la autodeterminación nacional sino degradándolo, al ocultar tanto el desarrollo desigual y el sistema de Estados como al negar las fuentes materiales del nacionalismo bajo el imperialismo, en el centro y en la periferia. 

Sin duda, ni la cuestión agraria ni la nacional son temas de fácil análisis o resolución. Pero abandonarlas como puntos de referencia político y analítico es sucumbir a la fuerza ideológica del imperialismo. Cualquier reconstitución de oposición anticapitalista en el siglo XXI, no menos en las zonas rurales que en los barrios miserables de la periferia, donde el imperialismo es experimentado más brutalmente, debe recuperar y reflejar claramente el significado y el futuro de ambos problemas.

En el primer trabajo de este volumen se ofrece una visión editorial general más extensa, cuyo propósito es valorar la situación contemporánea de la cuestión agraria en la economía política internacional. Se realiza una exposición teórica de la relación entre la cuestión agraria y la nacional, con particular detenimiento en el período neoliberal, antes de proceder a un análisis comparativo, en primera instancia, del cambio rural socio-económico en África, Asia y América Latina y, en una segunda, de las políticas de los movimientos rurales contemporáneos. Entre los temas tratados están aquellos concernientes a la “desaparición del campesinado” y al surgimiento de “nuevos movimientos rurales”. Los cambios y continuidades se identifican en relación con ambos. Respecto del primero, se argumenta que el subdesarrollo ha persistido y se ha expandido bajo el neoliberalismo a través de las fuerzas contradictorias de la proletarización, la urbanización y la recampesinización, lo cual produce una “semiproletarización” que, a su vez, constituye el núcleo de la base social de los movimientos rurales. Acerca del segundo, se ofrece una valoración crítico-constructiva de sus estrategias, tácticas e ideologías, que no excluye sus relaciones con el más amplio movimiento “antiglobalización”.

El libro está dividido en tres partes: África, Asia y América Latina, cada una de las cuales comienza con un trabajo destinado a ofrecer una perspectiva general del continente y cuyos autores son Henry Bernstein, Filomeno V. Aguilar y Henry Veltmeyer, respectivamente. En cada artículo se desarrolla un análisis comparativo de las transformaciones rurales, socio-económicas y políticas ocurridas en el interior de cada continente, y todos ellos son de utilidad, también, para situar los estudios de casos nacionales que se presentan seguidamente dentro de cada sección.

La sección de África incluye los estudios de casos nacionales de Ghana (a cargo de Kojo Sebastian Amanor); Malawi (Fidelis Edge Kanyongolo); Sudáfrica (Mfaniseni Fana Sihlongoyane) y Zimbabwe (Sam Moyo y Paris Yeros). La sección de Asia desarrolla los casos de India (Nimar Pimple y Manpreet Sethi) y las Filipinas (Salvador H. Feranil). Por último, en la sección de América Latina hay dos trabajos sobre diferentes aspectos del caso brasileño: uno acerca de la experiencia de la reforma agraria en la década del noventa (Lauro Mattel) y otro (Bernardo Mançano Fernandes) sobre las tácticas de movilización del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). También se presentan los casos de Colombia (Igor Ampuero y James J. Brittain) y México (Armando Bartra y Gerardo Otero) (…) 

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Los ojos, las vigas y las pajas, o el “doble rasero”

Antonio Maira

Cuba Debate

El gobierno, la oposición, los partidos autodenominados democráticos, todos los poderes e instituciones del estado, suelen dar por sentado que vivimos en un país ejemplar en relación con los derechos humanos y el respeto a los derechos civiles y políticos. Cuando los desmanes de nuestros aliados son tan inmensos que las montañas de cadáveres resultan inocultables, esos mismos políticos, los intelectuales jineteados por las empresas mediáticas, y los órganos de Falsimedia hablan del “doble rasero” de los EEUU o de algunos de sus igualmente bárbaros aliados.

Lo hacen sin detenerse mucho, como para sacudir una mota de polvo, ofreciendo a su público un gesto compungido entre los cientos de mohines variados con los que adornan las “declaraciones públicas”. Es como si matanzas como la de Iraq, la que ha hecho huir a cientos de miles de personas en Afganistán y Pakistán, o la que pueden provocar en los próximos años en América Latina, fuesen “meros ajustes” en una democracia imperial tan perfecta como su sistema económico capitalista.

Millones de trabajadores y trabajadoras al paro, millones de pobres nuevos, millones de seres humanos asesinados; nada de so les conmueve lo más mínimo. A lo primero le llaman “desajuste financiero” y más tarde recesión; a lo segundo “crisis humanitaria”. En ambos casos se rasgan las vestiduras como para mostrar que simplemente necesitan comprarse un traje nuevo. Así, entre el silencio y el ocultamiento largos, y la denuncia brevísima y siempre evasiva, las complicidades quedan ocultas en la niebla y perdidas en el tiempo.

Esa misma jauría de nuestro país borbónico, en el que la inmunidad e impunidad coronada se extiende a todos los poderes públicos, suele señalar airadamente a determinados países de América Latina –precisamente a aquellos agredidos por los EEUU- como “peligrosos populismos en transición a la dictadura” precisamente por tener un enorme y sostenido respaldo popular.

Patricio Montesinos, en su artículo: La justicia española al lado de la impunidad y de criminales de guerra, nos muestra su escándalo ante nuestra pavorosa falta de dignidad y nuestro servilismo criminal a los EEUU y el Imperio. Montesinos, sin embargo, se queda corto porque así ocurre siempre con las miradas desde la distancia. Cortesía obliga.

El gobierno español acaba de liquidar de un plumazo –a iniciativa del gobierno y con votación casi unánime del parlamento- la jurisdicción que ante los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, tenía la Audiencia Nacional.

De modo que Zapatero no tiene ni el más mínimo rubor al dejar a un lado toda posible persecución de los crímenes horrendos. Entre otras cosas porque si horrendos fueron y son los de Iraq que cometieron los EEUU con la complicidad absoluta y participación de Aznar, y siguieron y siguen cometiendo durante cinco años más con la complicidad de Zapatero; horrendos son y serán los crímenes que se cometen y cometerán en Afganistán y Pakistan durante la interminable guerra afgana; y horribles serán los que está planificando el Pentágono con la nueva y terrorífica guerra de “baja intensidad” que están desatando los Estados Unidos en América latina, y que es jaleando por los siameses Zapatero-Rajoy con el apoyo de los medios de comunicación “públicos” y privados.

Couso no es más que un pequeño daño colateral sin importancia para el gobierno español y para Falsimedia.

En cuanto a Aznar, el escándalo de Patricio Montesinos no alcanza a abarcar más que a un mínimo de la indignación necesaria para que ese criminal pague por sus crímenes.

El caso aquí es que el propio Código Penal español define con muy duras penas un delito de nefando que evidente y probadamente ha cometido el anterior presidente del gobierno. Se trata del que cometen aquellas autoridades civiles o militares que “someten a su propia población al riesgo de represalias por su participación en una guerra ilegal e injusta según los derechos internacional y y humanitario.

200 muertos, casi 2000 heridos, y el inmenso sufrimiento causados en los familiares y en toda la población española por los atentados de los trenes de Madrid, señalan a un banquillo vacío del que ha sido librado Aznar por Zapatero y todos los “poderes separadísimos” del estado.

Claro que el estado de la Transición se levantó sobre la impunidad de cientos de miles de asesinatos, y del terror sobre toda la población que se desarrollo durante cuarenta años.

Artículo de referencia:

 

La justicia española al lado de la impunidad y de criminales de guerra

Patricio Montesinos

Cuba Debate

La justicia española vive sus peores momentos de descrédito al defender la impunidad de violadores de los derechos humanos, tras ordenar que se archive una querella interpuesta al ex presidente José Maria Aznar por su implicación en la guerra contra Iraq, y revocar el procesamiento de tres militares norteamericanos que asesinaron en Bagdad al periodista José Couso.

En menos de una semana, la sala de lo penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional de ese país europeo decidieron, respectivamente, cerrar esos dos procesos judiciales que involucran a Aznar en crímenes de guerra, y a los soldados estadounidenses en la muerte en 2003 de Couso, reportero español que laboraba como camarógrafo en Bagdad luego de Washington perpetrar la sangrienta invasión a Iraq.

Ambas determinaciones han puesto en tela de juicio no sólo a las instituciones legales españolas, las que han sido fustigadas por amparar a violadores de los derechos humanos y hacer triunfar la impunidad, sino también a las autoridades de ese estado ibérico por permanecer inertes ante esos hechos.

Medios políticos y periodísticos en Madrid han criticado severamente tales actuaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, al tiempo de subrayar que en el caso de Couso se han impuesto la sumisión y el crimen sobre la Ley.

Por su parte, la familia del periodista asesinado reiteró en un comunicado el pasado martes que su lucha por la justicia continuará, y que recurrirán al amparo del Tribunal Constitucional para que el proceso contra los militares homicidas de Couso no pueda cerrarse definitivamente.

Asimismo, denunciaron la postura obstruccionista de la Fiscalía y de algunos magistrados que sólo buscan bloquear la investigación de la muerte del joven camarógrafo español, en la que hay indicios claros de una vulneración del Derecho Internacional Humanitario, que supondrían un crimen de guerra.

De otro lado, la Plataforma Juicio contra Aznar, que integran más de 20 mil españoles, colectivos sociales y fuerzas progresistas, reveló que agotará el proceso, llegando incluso a la Corte Penal Internacional (CPI).

En otro comunicado divulgado este viernes, esa organización aseguró que la decisión del Tribunal Supremo no contiene los mínimos argumentos jurídicos para acordar la inadmisión a trámite de la acusación contra el ex jefe del ejecutivo de Madrid.

La Plataforma anunció de igual modo que si se agota la vía interna, acudirá al CPI porque están en juego principios, valores y derechos contemplados en la Constitución española, como la justicia o la igualdad ante la Ley.

El texto de la querella interpuesta a Aznar expresa que la implicación de España fue “total y absoluta” por responsabilidad del derechista ex gobernante de ese país y otros dos ministros de su ex gabinete, quienes apoyaron política y militarmente al ex régimen del mandatario norteamericano George W. Bush en su invasión a Iraq.

Concluye que los atentados terroristas en Madrid del 11 de marzo de 2004, que causaron la muerte a 192 personas y heridas a otras dos mil, fueron consecuencia directa de la participación española en la ilegal agresión liderada por Bush.

 

Manipulación y complot avanza tras bambalinas en Cauca, Colombia y América Latina

Fernando Dorado

Kaosenlared

¿Quién gana en esta confrontación? ¿Quién pesca en río revuelto? Alguien se frota las manos.

Popayán, julio 27 de 2009

Lo que sucede en el departamento del Cauca (Colombia) es un ejemplo de lo que ocurre en el continente americano. La economía del narcotráfico – manejada y utilizada desde Norteamérica – arrasa la vida de las comunidades campesinas indígenas, afros y mestizas.

Su impacto es notable en destrucción de lazos comunitarios, migración de población flotante que llega desde otras regiones (principalmente jornaleros recolectores de hoja de coca denominados “raspachines”), irrigación de dineros y costumbres propios de economías de “corto plazo”, al estilo de las explotaciones de caucho, guano y añil impulsadas por el imperio inglés durante el siglo XIX.

La violencia, el desplazamiento forzado y la descomposición social son sus resultados visibles. La guerrilla, los paramilitares y el ejército oficial se disputan temporalmente el control territorial dependiendo de alianzas con narcotraficantes y otros intereses tácticos. Las comunidades y el ecosistema siempre pagan altas cuotas sociales, económicas y ambientales.

Es la avanzada – ya utilizada y perfeccionada en diversas zonas de Colombia y del mundo – de la intervención territorial de las todopoderosas empresas transnacionales que vienen tras el oro, el carbón, la biodiversidad, el control de algunas empresas de servicios públicos (energía, agua potable, telecomunicaciones) y el ensanchamiento del mercado. Paradójicamente el conflicto armado – con orígenes en la resistencia campesina del siglo XX –, ha terminado siendo funcional a esa estrategia imperial, independientemente de la voluntad de los actores de la guerra, quienes son manejados y manipulados desde el exterior. Son fichas en un tablero mundial y regional. Su papel es desbrozar el camino. Seguir leyendo “Manipulación y complot avanza tras bambalinas en Cauca, Colombia y América Latina”

España: Donde hay patrón, no manda Zapatero

Carlos Tena

Kaosenlared

España cúpula empresarial 

El Ministro de Asuntos Exteriores, el corajudo Moratinos, encabeza la delegación española que viaja a Venezuela, junto a los más destacados empresarios de la CEOE.

Que el diálogo social a tres bandas (empresarios, gobierno y trabajadores) no cuenta con el beneplácito de los medios de comunicación hacia los dos últimos actores, es una verdad incontestable. Prácticamente todos los diarios, los espacios informativos de radio y televisión, y millones de páginas en la red de redes, se decantan de forma unánime hacia el primero de los integrantes en aquella terna, donde Zapatero no puede hacer otra cosa, porque se lo impide la propia dinámica del capitalismo salvaje, que envainarse el orgullo y la defensa de los sindicatos, para intentar en una cena estupenda con los Cebrianes de turno que, una vez que se apruebe el abaratamiento del despido, los trabajadores no tengan otra salida que aceptar la sumisión, la rebaja y la humillación. Ni CCOO, ni UGT, van a esgrimir la huelga como medida de presión hacia los empresarios, verdaderos causantes de la crisis económica, moral, cultural y social que atraviesa el país. Ni el gobierno y la patronal van a quedarse de brazos cruzados. Y todas las fuerzas del desorden público, sean nacionales, ertzainas o mossos, preparadas para dar porrazos a quien proteste, incluso con la cabeza baja y las manos hacia arriba.

No es extraño que, en esta situación melodramática (y no es ironía barata), el gobierno del PSOE interprete el papel de preclaro socialista, esgrimiendo con la derecha los derechos laborales, mientras que con la izquierda da palmaditas en la espalda a la cúpula empresarial para que, de haber despidos a mansalva e indemnizaciones correspondientes, sean los primeros en forma de goteo, y los segundos se sitúen entre 8 y 15 días por año trabajado. Firme en su rol de líder espiritual de la Moncloa, Zapatero lanzó algunos reproches a la confederación de empresarios, que no sentaron nada bien a los dueños del país, ya que el mandatario les acusaba de ser los únicos responsables de la falta de acuerdo. Pero la productora de esta pieza de teatro casposo, o sea la CEOE, ya conoce el final, así que el suspense no está garantizado.

Cuando el diálogo social se dé por zanjado de manera oficial, algo que podría suceder en esta última semana de Julio, el horizonte mostrará una faz bastante inquietante, y los actores y actrices tendrán que retirarse a sus cuarteles de invierno, mientras que los espectadores, es decir, los currantes, regresan al hogar convencidos de que una huelga general les llevaría a la ruina. ¿De qué manera se puede huir de una situación de indefensión absoluta, teniendo tres o cuatro bocas que alimentar?

Mientras tanto, para corroborar el esperpento escénico, nada menos el Ministro de Asuntos Exteriores, el corajudo Moratinos, encabeza la delegación española que viaja a Venezuela, junto a los más destacados empresarios de la CEOE, para echarles una mano en la posible firma contratos en aquel país. Así pues, el canciller español demostrará de manera fehaciente, que una cosa es predicar y otra dar trigo. Para los trabajadores, monsergas. Para los empresarios, suculentos contratos que patrocina y apoya el ejecutivo socialista, para dejar sentado que la democracia es cosa de la CEOE, que es la secta titular de las partituras y la batuta, cuando se trata de interpretar y dirigir la Sinfonía de la Crisis (en do menor, andante con moto, Opus Dei supernumeraria), con una orquesta socialista poco avezada en esta clase de obras, mientras que el Rey, sentado con la Reina en el palco, sonríe sabiendo que le corresponderá parte de los beneficios de la música empresarial.

Moratinos tiene en su agenda una reunión con Hugo Chávez el martes día 28 de julio, a la que está previsto que siga con la firma de diversos contratos, en sectores tan cruciales como el energético y las infraestructuras. Repsol e Iberdrola, tienen mil veces más poder político que el presidente y el canciller juntos. Lo que ya sabíamos todos: Donde hay patrón, no manda Zapatero.

La defección de Óscar Arias (Ayer cometió otro grave dislate al referirse a Zelaya)

Editorial de La Jornada

A casi un mes del golpe de Estado perpetrado en Honduras, resulta clara la existencia de una fractura en el entorno democrático internacional: mientras que, por una parte, diversos gobiernos latinoamericanos han exigido el retorno al cargo del presidente constitucional de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, y el presidente costarricense, Óscar Arias, por la otra, han tenido diversas expresiones de complacencia hacia los golpistas y el régimen espurio que encabeza Roberto Micheletti.

Son de sobra conocidas las contradicciones en materia de política exterior del nuevo gobierno estadunidense y las discordancias entre el presidente Barack Obama y diversos estamentos del poder, en particular las agencias de inteligencia, sectores del Departamento de Defensa y, por supuesto, la propia Clinton. Es sabido, también, que ésta mantiene añejos vínculos políticos con individuos afines al cuartelazo que hace un mes interrumpió el orden democrático hondureño e implantó una dictadura cada vez más desembozada y abiertamente represiva. Por ello, es claro –aunque resulte exasperante– que una de las pistas fundamentales por las que transcurre la crisis del país centroamericano se encuentra en Washington, y de lo que se negocie en las oficinas ejecutivas y legislativas estadunidenses dependerá, en buena medida, la posibilidad de restituir la institucionalidad y la legalidad quebrantadas en Honduras.

A estas alturas se ha hecho evidente, también, el papel de Óscar Arias como parapeto diplomático del régimen de facto implantado en esa nación, ya que cuando las diplomacias latinoamericanas confiaron al mandatario costarricense una tarea de gestión para negociar los términos del retorno de Zelaya a la presidencia hondureña, éste fue mucho más allá de sus atribuciones y formuló un plan –al que denominó Declaración de San José– que otorgaba beneficios políticos injustificados e inmerecidos a quienes son, de acuerdo con el derecho internacional y el hondureño, delincuentes: su participación en un gobierno de “unidad nacional” y la suspensión definitiva de la consulta que el mandatario constitucional pretendía realizar en torno a la relección,lo cual fue una bocanada de oxígeno al entonces cercado régimen espurio, cuyos cabecillas se envalentonaron y rechazaron la propuesta.

Debe considerarse, a este respecto, que más allá de la inadmisible perpetuación del gobierno espurio hondureño, el que se otorgue cualquier clase de premio político e institucional a los golpistas sentaría un precedente nefasto para el futuro de las democracias en el hemisferio; es indispensable, por tanto, impedir que proliferen sectores políticos tentados a usar la fuerza militar institucional para la obtención de cuotas de poder.

Ayer, Arias cometió el grave dislate de descalificar a Zelaya por su reciente –y breve– incursión en suelo hondureño y por su decisión de apostarse en un punto de la frontera entre Nicaragua y su país, medidas que, dijo, “no ayudan a la reconciliación”. Por añadidura, el político costarricense criticó a su homólogo depuesto por haber incorporado a Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), decisión soberana sobre la que no le corresponde pronunciarse.

En contraste con las inconsecuencias y extravíos de Arias, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, quien no se ha caracterizado en su gestión por posturas radicales, señaló que la determinación de Zelaya de retornar a Honduras es “absolutamente legítima”.

Con estos hechos, sumados al rechazo de los golpistas a su propuesta, Arias ha dejado en claro que busca otorgar márgenes de acción a quienes quebrantaron el orden constitucional y la democracia en Honduras y que no es capaz de ostentar la necesaria imparcialidad para gestionar una solución a la crisis política de ese país. De esa forma ha reducido las posibilidades de la diplomacia latinoamericana para buscar una salida al conflicto y ha firmado su propia defección del bando democrático.

En esa circunstancia, con una gestión internacional debilitada por la defección de Arias y por las soterradas disputas en la administración de Obama, cabe esperar que tenga éxito la lucha de los propios hondureños por restituir su sistema democrático y reponer en el cargo a su presidente constitucional.

EEUU – Inmigraciones : El Tesoro señala y la empresa despide

David Bacon Vernon

Diagonal

 

La apuesta decidida de las comunidades migrantes de EE UU por Barack Obama fue una de las claves de su victoria electoral frente a John McCain y situó por primera vez la cuestión de los 12 millones de indocumentados al frente del debate electoral. Sin embargo, al cumplirse cien días de gobierno demócrata los cambios prometidos en cuanto a políticas de inmigración no se han concretado todavía. El movimiento migrante, que ha enarbolado la bandera de la sindicalización y la igualdad en el trabajo, ve cómo el ámbito laboral se puede convertir ahora en la avanzadilla de más reformas contra los sin papeles.

El 31 de mayo, 254 personas fueron despedidas en la zona industrial de Vernon, en el sureste de Los Ángeles. ¿Su delito? Según Overhill Farms, la empresa, su número de la Seguridad Social no estaba en orden. Detrás de esta acusación se encuentra la asunción tácita de que los números de las empleadas no son buenos porque no tienen los papeles en regla (ver recuadro).

El control de los centros de trabajo es una pieza clave de la política de inmigración del Gobierno, al igual que en la época de George W. Bush. Los despidos en Overhill Farms son un adelanto de un futuro en que este tipo de políticas de inmigración se extenderán en centros de trabajo a lo ancho de todo el país.

Al margen de que la situación legal de las trabajadoras sea un pretexto o no para despidos motivados por el afán de lucro, el episodio tiene mayores implicaciones relacionadas con la política de inmigración. “Estos trabajadores no sólo no han hecho nada malo, sino que se han pasado años haciendo rica a la empresa”, destaca Nativo López, de la Hermandad Mexicana Latinoamericana, una organización de Los Ángeles que ha apoyado la lucha de las empleadas de Overhill. “Una política de inmigración que diga que estas trabajadoras no tienen derecho a trabajar y a cuidar de sus familias está equivocada y debería ser cambiada”.

 

Ley de Reforma y Control de la Inmigración 

 

 aprobada en 1986, dice que los empleadores no pueden contratar a personas que “no están autorizadas” a trabajar en EE UU. En efecto, convierte en un delito el solo hecho de que los indocumentados trabajen.

En 2007, el Gobierno de Bush propuso una norma que hubiera obligado a los empleadores a despedir a cualquier trabajador que usara un número de afiliación que no concordara con la base de datos de la Seguridad Social. Ante la posibilidad del despido de millones de trabajadores, incluidos miembros del sindicato, la central AFL-CIO, la American Civil Liberties Union, y el National Immigration Law Center ganaron una sentencia federal que dejaba sin efecto la regulación propuesta. Esa sentencia todavía se mantiene.

Bush también creó una base de datos llamada E-Verify para comprobar la situación legal de cualquier empleado potencial o en activo. La principal fuente de información de E-Verify viene de los números de la Seguridad Social.

El factor Obama Muchos esperaban que el Gobierno de Obama retirara definitivamente la regulación de Bush y suspendiera la aplicación de E-Verify. En su lugar, la secretaria de Interior Janet Napolitano anunció que su departamento trabajaría “para mantener una fuerza de trabajo legal a través de la formación y de herramientas de verificación como EVerify”. Y la web de la Casa Blanca dice que el presidente Obama “retirará los incentivos para la entrada ilegal al país impidiendo que los empleadores contraten a trabajadores indocumentados”.

Cuando Overhill Farms despide a 254 empleadas por no tener en orden sus números de la Seguridad Social, actúa de acuerdo con esta política. Algunos grupos de presión pro inmigrantes radicados en Washington han decidido, no obstante, apoyar este tipo de medidas. Reform Immigration for America, por ejemplo, dice que “cualquier sistema de verificación de los empleados debería condicionar el permiso de empleo de forma precisa y eficaz”.

En 1999 la AFL-CIO pidió la revocación de las sanciones. Pero una reciente declaración de la AFL-CIO y de la federación Change to Win [coalición que agrupa a siete sindicatos federales, entre los que se encuentra la central donde están afiliadas las despedidas de Overhills] apoya un “mecanismo seguro y efectivo para la obtención del permiso de trabajo”.

En Overhill Farms, las 254 empleadas despedidas llevan pagando las cuotas del sindicato desde hace años. Pero el apoyo de los lobbies sindicales de Washington a los permisos de trabajo debilita a las bases, y pone de manifiesto una cuestión espinosa. ¿Cómo pueden defender los sindicatos a gente como las empleadas de Overhill al mismo tiempo que apoyan la idea de que las personas sin permiso no deberían poder trabajar? Si los sindicatos existentes no defienden a estos trabajadores, ¿intentarán estos formar o encontrar sindicatos que sí lo hagan?

La Hermandad Mexicana Latinoamericana dió los primeros pasos el año pasado para montar dicho sindicato y empezar a organizar a los trabajadores sobre una base comunitaria. Se opone a las sanciones a los empleadores y llama a la resistencia de los trabajadores organizados contra estas sanciones. “Cuando doy una vuelta por Vernon”, dice López, “todo lo que veo son fábricas como Overhill, llenas de trabajadores inmigrantes que sufren las mismas condiciones extremas. Si empiezan a despedir a la gente y luchamos por defenderlos, es posible que se organicen”. Desde luego, la indignación por los despidos puede alimentar ese tipo de esfuerzo. “La empresa nos trata como delincuentes”, señala Bohemia Agustiano. “Trabajé allí durante 18 años. ¿He sido una delincuente todo este tiempo?”.

 

 

OVERHILL FARMS

Como otras empresas de empaquetado de alimentos de Los Ángeles, Overhill Farms emplea de forma mayoritaria a mujeres migrantes. El despido de 254 trabajadoras en mayo fue denunciado por el sindicato United Food and Commercial Workers como una maniobra de la empresa para deshacerse de la mano de obra sindicalizada. Overhill por su parte alega presiones del Tesoro para despedir a las empleadas que no tenían números correctos de la Seguridad Social. Según la plantilla, Overhill está sustituyendo a las despedidas por empleadas que no cobran horas extras ni vacaciones, y sin seguro médico.

David Bacon es periodista. Ha publicado en España Hijos del comercio libre (El Viejo Topo).