Atilio Boron: La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx (Descargar Libro)

La filosofía política moderna

La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx 

Atilio Boron 

CLACSO,  http://www.clacso.org.ar/ Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Abril de 2000

ISBN 950-9231-47-9

Descriptores Tematicos: teoria politica; filosofia politica; politica; filosofia; historia; karl marx; hobbes

 

INDICE

  • Prólogo
  • Capítulo I. Thomas Hobbes o la paz contra el clero
  • Capítulo II. El pensamiento político de John Locke y el surgimiento del liberalismo
  • Capítulo III. A propósito de Jean Jacques Rousseau. Contrato, educación y subjetividad
  • Capítulo IV. Spinoza: poder y libertad
  • Capítulo V. El estado: pasión de multitudes. Spinoza versus Hobbes, entre Hamlet y Edipo
  • Capítulo VI. En nombre de la Constitución. El legado federalista dos siglos después
  • Capítulo VII. Aproximaciones al pensamiento político de Immanuel Kant
  • Capítulo VIII. La filosofía del Estado ético. La concepción hegeliana del Estado
  • Capítulo IX. Tocqueville y la pasión bien comprendida
  • Capítulo X. Bentham: el utilitarismo y la filosofía política moderna
  • Capítulo XI. Filosofía política y crítica de la sociedad burguesa: el legado teórico de Karl Marx
  • Estudios temáticos:
  • -La República entre lo antiguo y lo moderno
  • -Maquiavelo y el liberalismo: la necesidad de la república
  • -El contractualismo hobbesiano (o de cómo para entender del derecho es necesario pensar al revés)
  • -Pactos y política. El modelo Lockeano y el ocultamiento del conflicto
  • -Rousseau y la búsqueda mítica de la esencialidad
  • -El concepto de libertad en las teorías políticas de Kant, Hegel y Marx
  • -Espacio público y cambio social. Pensar desde Tocqueville 
 

Este libro nos propone recorrer los principales hitos de la filosofía política moderna. Se ha convertido en un lugar común afirmar que ésta se distingue de la filosofía política clásica porque en la primera la reflexión sobre la vida política se realiza al margen de todo tipo de consideración ética o moral. Si en los tiempos antiguos la indagación sobre la política iba indisolublemente ligada a una exploración de carácter moral, con el advenimiento de la modernidad dicha amalgama se descompone y el análisis político se independiza por completo del juicio ético. Esta visión convencional es peligrosamente simplificadora y, por eso mismo, equivocada. Lo que efectivamente aconteció con la filosofía política moderna es que las preocupaciones éticas del período clásico pasaron a un segundo plano. Se produjo entonces una rearticulación entre la reflexión centrada en el “ser” y aquella encaminada a desentrañar el “deber ser”, pero de ninguna manera esto se tradujo en un divorcio entre ambas preocupaciones.

Esta supuesta disyunción entre una reflexión centrada en el “ser” y el “deber ser” de la política tiene insoslayables implicaciones conservadoras que deben ser rechazadas con total intransigencia. En otro texto de esta misma colección también compilado por nosotros, Teoría y Filosofía Política. La Tradición Clásica y las Nuevas Fronteras (Buenos Aires: CLACSO/EUDEBA, 1999), hemos tratado de aportar algunos elementos críticos del saber convencional y explorado algunas vías que nos permitirían recuperar y recrear el valioso legado analítico y axiológico de la teoría política a la luz de los nuevos desafíos que nos propone la época actual. Si la filosofía política fracasara en su intento de poner fin a la escisión positivista entre “ser” y “deber ser” corre el riesgo de degradarse hasta convertirse en una alambicada justificación de lo existente. Confiamos en que este volumen aporte algunos elementos valiosos para impedir tan infeliz desenlace

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Atilio Boron, premiado por la UNESCO

Anneris Ivette Leyva

Granma

El Centro de Estudios Martianos entrega premio al intelectual argentino Atilio Borón.  yordanka almaguer  -09
El Centro de Estudios Martianos entrega premio al intelectual argentino Atilio Borón.
yordanka almaguer
-09

El destacado profesor e investigador argentino, Atilio Boron, recibió en la tarde de ayer el Premio Internacional José Martí de la UNESCO por sus aportes a la integración y unificación de los países de América y el apego a las ideas humanistas del Apóstol de nuestra independencia.

El reconocido intelectual recibe el premio de manos de Pierre Sané, representante de la UNESCO.

“Quiero agradecer este reconocimiento en primer lugar a Fidel Castro, por cuya obra los de mi generación tuvimos la oportunidad de acercarnos al pensamiento martiano, y también a la UNESCO, una de las pocas organizaciones donde puede oírse con nitidez la voz de los oprimidos”, destacó.

Previo a la entrega del galardón Pierre Sané, Director General Adjunto de la UNESCO para las Ciencias Sociales y Humanas, sentenció: “Atilio es otro de los hombres comprometidos con su tiempo, y así consideraba Martí que debía ser quien aspirara a convertirse en un hombre de todos los tiempos”.

La ceremonia, efectuada en el Centro de Estudios Martianos, institución que arribó ayer a los 32 años de fundada, estuvo presidida por Abel Prieto, miembro del Buró Político y ministro de Cultura, Roberto Fernández Retamar, miembro del Consejo de Estado y presidente de Casa de las Américas y el Doctor Armando Hart, director de la Oficina del Programa Martiano y a quien Boron también dedicara un agradecimiento especial. También asistieron otros representantes de entidades cubanas, así como del cuerpo diplomático acreditado en la Isla.

Boron en palabras mayores

“En Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Atilio es palabra mayor”, dice un joven que ha pasado por las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales del centro docente, donde hace más de dos décadas el prestigioso politólogo descorre los velos de la Teoría Política y Social y, con las armas de un “analista de lujo”, “ayuda a comprender”, según otra de sus pupilas.

Notables academias le han abierto las puertas para enseñar a rechazar, en diferentes latitudes, la incitación capitalista a entender la economía como figura independiente de la política, cuando en realidad “es la más política de las Ciencias Sociales.”

Ha alertado además que las tesis económicas del capitalismo solo se superan con la praxis histórica y que, en el camino certero del bienestar y desarrollo de los pueblos, es preciso afrontar este reto con toda la constancia involucrada en sostener una herejía.

Atilio Boron (Argentina, 1943) es un observador activo de los rumbos de la economía, por lo cual ha devenido asiduo conferencista del Encuentro Internacional sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, organizado anualmente en Cuba.

Dentro de su bibliografía, tanto la de autoría propia como la compilada, resalta el denominador común de las inquietudes políticas, económicas y filosóficas. En su rol de columnista del rotativo Página 12, también ha abordado estos temas, relacionándolos con el acontecer diario.

Director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias de la Comunicación, y otrora Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Atilio Boron obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, con una tesis sobre la formación y entrada en crisis del Estado oligárquico-liberal en su país.

El prólogo de dicha investigación —según revelaciones en entrevistas— fue fechado, no ingenuamente, el 26 de Julio de 1975, a dos décadas y dos años del Asalto al Cuartel Moncada: prueba mayor de cuánto Cuba ha resultado una constante en sus referencias.

Por las cimas que ha tocado nuestra Revolución, Boron opina que los cubanos nos encontramos “a la vanguardia de la historia”. Y del impacto de nuestro proceso de lucha en la región, confesó al impreso alternativo Correio da Cidadania:

“Si no hubiera sido por los ‘revolucionarios barbudos’ en la actualidad nuestro continente sería un inmenso y subyugado ‘protectorado’ estadounidense, lo que de por sí toma la solidaridad con el pueblo cubano un imperativo para nuestras poblaciones.”

Fiel representante por vocación y oficio de los excluidos, el Jurado Internacional de la UNESCO “falló” en lo certero al concederle, en su quinta edición, el Premio Internacional José Martí.

 

 

 

Peru: Cerrar la brecha de la exclusión social y la desigualdad

Eduardo Tamayo G.

ALAI

El padre Marco Arana Zegarra no descarta participar como candidato presidencial en las elecciones de 2011. Su pre-candidatura está apoyada por un conjunto de comunidades e indígenas, movimientos ecologistas y otros sectores afectados por el modelo neoliberal excluyente, corrupto y depredador que se implantó el Perú desde hace más de dos décadas.

Su trayectoria de más de veinte años como defensor de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas de Cajarmarca afectadas por la acción depredadora de la gran minería, avalan su liderazgo social. Pero además cuenta a su favor con una formación académica pues es sociólogo y tiene una maestría en la Universidad Católica con especialidad en Gestión y Políticas Publicas.

Fundador de la ONG Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), el padre Arana, de 46 años, es apoyado por el movimiento Tierra y Libertad, expresión política de los movimientos sociales, que aspira a ser reconocido como partido político para poder participar en las elecciones provinciales y regionales del próximo año y en los comicios presidenciales del 2011.

En esta entrevista, Marco Arana nos habla de la situación política del Perú luego de la masacre de Bagua, en la que perdieron la vida 10 indígenas y 24 policías, de la forma cómo está afectando al país la crisis económica y los tratados de libre comercio, de la criminalización de las luchas sociales, de los objetivos del movimiento Tierra y Libertad y de su posición respecto a la minería y las transnacionales.

– ¿Podría indicarnos cómo está la situación del Perú, luego de los acontecimientos de Bagua?

En realidad la fractura existente en el Perú entre aquellos que defienden los derechos humanos y los derechos de la tierra se ha hecho más manifiesta. El gobierno de García ha señalado que los indígenas peruanos no tenían derecho a protestar porque no eran ciudadanos de primera categoría, es decir el gobierno mismo no solo aparecía agrediendo a las comunidades sino desconociendo absolutamente su derecho a protestar y su existencia como ciudadanos en el país, eso abre un escenario de confrontación que es preciso evitar para que no haya más violencia y para que se hallen salidas democráticas y respetuosas.

– ¿La masacre de Bagua no ha servido para iniciar entonces un proceso de diálogo, de reconciliación, de aceptación de las propuestas indígenas?

No. Todos esperábamos que fuera así, pero el premier que salió a pedir disculpas por lo que había pasado se ha mantenido en la hipótesis de que detrás de esto había una conspiración internacional y que los indígenas han sido manipulados. El mismo ha señalado que con quien van a dialogar son con los líderes de cada etnia y no necesariamente con sus representantes y también públicamente ha señalado de que eso es dar un paso atrás para dar dos pasos adelante, eso lo ha dicho públicamente en el Congreso. Entonces, desde ese lado la apertura del diálogo es más bien un ganar tiempo, pero nada indica que ese diálogo podría ser necesariamente beneficioso y atender las necesidades de los pueblos indígenas. El mismo Presidente de la República ha escrito un artículo que polariza sumamente al país al señalar que detrás de estas protestas hay una minoría de peruanos, 50.000 peruanos, y que todos los demás apoyan el modelo neoliberal, según la visión del Presidente, y lo que hay que hacer es combatirlos. Lo ha dicho literalmente y lo ha escrito. Entonces el escenario en este momento es todavía un escenario de mucha preocupación y de amenazas y de mayor riesgo para la vulneración de los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas.

– ¿Eso indicaría que podría venirse un nuevo período de criminalización de la lucha social?

Bueno, lo que se va hacer es profundizar la criminalización de las protestas. El Presidente de la República ha llamado a todos los embajadores acreditados en el Perú, ha tenido una reunión de trabajo para señalar que hay que desarrollar una estrategia contra la conspiración de las ONGs, para recuperar la imagen del Perú, es decir no admite que la causa de esta masacre que ha habido son sus políticas de colonización de la selva, de desconocimiento de los derechos de los pueblos amazónicos. No admite que sus leyes vulneraban el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que los pueblos tenían el derecho de defender su territorio, se está yendo simplemente por el lado de que ha habido una conspiración internacional detrás de todo esto, y en segundo lugar en el Congreso se está discutiendo una ley que apunta a que las ONGs puedan ser más controladas porque supuestamente estarían detrás de estas protestas y en ese sentido es con nombre propio, no es contra todas las ONGs sino para las ONGs defensoras de los derechos humanos o de los derechos indígenas o ecológicos.

– Pasando a otro punto, podría indicarnos ¿cómo se está aplicando el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en el Perú?

En realidad hay muy poca información pública disponible, muchas veces los ciudadanos desconocen cuáles con las implicancias que trae el TLC. Sin embargo, han comenzado ya a sentirse algunos efectos, y uno de los primeros lo comienzan a sentir los pueblos amazónicos y las comunidades campesinas, porque una de las condiciones del TLC es el libre acceso a las tierras. Entonces, parte del paquete de normas que los hermanos de la Amazonía impugnaban tiene que ver con esta pretensión de las normas legales para facilitar la entrada de las transnacionales en territorios indígenas o de comunidades campesinas. En segundo lugar, otro sector que está sintiendo de manera fuerte el tema del TLC es la industria textil que era una industria importante y pujante en el país y que debido al tema de la protección de los precios del algodón en Estados Unidos (los precios del algodón llegan con dumping, con precios muy bajos) los agricultores del Perú no pueden competir. En este momento está anunciada una huelga de los algodoneros, están exigiendo fuertemente que el Estado subsidie el algodón peruano y la industria textil. Alrededor del complejo textil de Gamarra, en Lima, se está sufriendo graves aprietos y podría quebrar. Y el otro sector que está siendo sumamente afectado es la industria del calzado. Perú tenía dos polos de la industria del calzado: Arequipa y Trujillo, y básicamente están cerrando o están quebrando. Los mismos fabricantes de calzado, ahora están importando de Brasil o de China, a precios mucho más baratos, lo que pone en peligro a esos sectores industriales que ya habían logrado posicionarse y un cierto nivel de reconocimiento y de estabilidad económica.

– Perú ha logrado altos índices de crecimiento del PBI, ¿en este año cómo está afectando la crisis?

Efectivamente, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) venía de la mano de la exportación de minerales, con la caída de los precios de los minerales y luego, con la crisis financiera internacional, hay una caída grande del PBI. Éste se estima que podría caer a menos del 3 %, comienza a verse signos de recesión de la economía a pesar de que el Presidente García había señalado que la economía peruana estaba blindada frente a la crisis financiera y eso se expresa en el tema de que los salarios siguen congelados. No hay siquiera un debate sobre el salario mínimo vital, hay sectores que comienzan a experimentar despidos de gente, concretamente el sector minero ha sufrido despidos de personal sobre todo en la minería del estaño o del cobre. Entonces los efectos de la crisis comienzan a sentirse de manera importante, y como bien sabemos, en tiempo de crisis, los más afectados siempre son los sectores más vulnerables, los otros sectores que han sido favorecidos por estos años de crecimiento económico todavía pueden tener un margen de maniobra. El Perú comenzó a exportar capitales en algunas actividades y a la banca, al sector minero, al sector exportador le ha ido de maravilla, entonces todavía tienen un margen de maniobra, pero si la crisis se prolonga podría ser mucho más grave.

– En respuesta a este modelo que se ha venido implantando en el Perú, se ha formado el Movimiento Tierra y Libertad, ¿podría señalarnos cuáles son los objetivos de ese movimiento político?

Uno de los graves problemas de los movimientos populares y de las organizaciones defensoras de derechos en el Perú ha sido la crisis y el colapso de la izquierda desde la década de los ochenta, en parte por la arremetida del neoliberalismo y la crisis de los partidos que hay en toda América Latina por los dogmatismos, los sectarismos, la falta de capacidad para unificarse. De otro lado, (han incidido) los regimenes autoritarios y persecutorios. Recordemos que el gobierno de Fujimori asesinó a varios líderes del movimiento sindical y de la izquierda. De otro lado, la insania de Sendero Luminoso también provocó una ruptura en los partidos de izquierda, en otros casos la muerte de varios cuadros políticos que se pasaron a las filas del terrorismo, en otros casos el descrédito de la izquierda al vincularla siempre a la violencia. Entonces todos estos factores contribuyeron a que hubiera cierto descrédito de la política, a que la izquierda no lograra proponerse como alternativa de poder. En ese contexto, los graves problemas que vive el país vienen siendo librados en las calles no por los partidos políticos sino básicamente por los movimientos populares, el movimiento indígena, el movimiento de comunidades campesinas, las organizaciones gremiales, los frentes de defensa, los organismos de derechos humanos, en fin. Sin embargo, este movimiento se halla ampliamente fragmentado, sin una representatividad política que lo constituya en opción de gobierno, es en ese contexto que muchos líderes de estas organizaciones han venido reclamando la necesidad de una fuerza política, y así un grupo de líderes de rondas campesinas, de juntas de usuarios de riego, de activistas ambientales, de intelectuales de izquierda comprometidos, hemos decidido crear el movimiento político Tierra y Libertad que pretende participar en las elecciones provinciales y regionales del próximo año, y que también pretende participar en las elecciones presidenciales del año 2011. Con este objetivo venimos recogiendo las firmas necesarias, en el Perú la ley electoral es muy restrictiva para organizaciones nuevas o pequeñas, pide 145.000 firmas que hay que conseguirlas en todo el país, hay que crear los comités distritales, provinciales y regionales, hay que señalar los puntos en que se está de acuerdo, y el Movimiento Tierra y Libertad está definiendo su propuesta programática.

– ¿Cuáles son sus lineamientos políticos?

La propuesta programática tiene que ver con varios ejes. El principal de ellos es el tema de la justicia social. En el Perú el crecimiento económico y la política neoliberal ha agravado los problemas de exclusión social y desigualdad, esa brecha hay que cerrarla, supone mejor distribución de la renta, supone promover la inversión no en gran minería sino en pequeña y mediana empresa, supone volver a mirar actividades económicas sustentables como el ecoturismo, la agricultura, el biocomercio, etc., con niveles de participación mayor. El segundo tema tiene que ver con los derechos ecológicos y con los derechos sociales y culturales, consideramos que no se puede promover un modelo de desarrollo que depreda los ecosistemas y que para ello necesita deshacerse de las poblaciones, de los pueblos que tradicionalmente han habitado la Amazonía o los Andes del Perú. En ese sentido creemos que el desarrollo económicamente sostenible va de la mano con el reconocimiento de un país plurinacional que reconozca no solo la existencia de las naciones sino que abra la puerta para mejorar y legitimar la participación política con representatividad de las minorías étnicas en el país, de tal manera que sean ellas los que participen de la toma de decisiones del gobierno y no como ocurre ahora en que otros toman decisiones por ellas. Un tercer eje tiene que ver con los temas de descentralización. El Perú es un país sumamente concentrado, todas las decisiones se toman en la capital, en la Costa, sin entender las dinámicas del resto del país, hay que municipalizar la planificación del desarrollo y generar mayores procesos de participación en ese nivel. Otro de los temas que es sumamente importante es la lucha contra la corrupción, este crecimiento económico ha ido de la mano de la corrupción de los grandes grupos de poder económico sobre un Estado pequeño, frágil y muy debilitado. Simultáneamente creemos que hay un conjunto de temas que se abren y que están relacionados con la defensa irrestricta de los derechos humanos, con los derechos de la minorías de diversidad sexual en el país; consideramos que la agenda básica pasa por una transformación en profundidad del país y de las propias instituciones políticas del país.

– Respecto a la minería que es el problema principal, ¿cuál es el planteamiento de ustedes?

Bueno, en relación a la minería consideramos que, en primer lugar, deben mejorarse las regulaciones ambientales que ya existen en el país, hay muchas regiones donde la minería está asentada ya desde hace varias décadas, en esos lugares debe mejorarse los controles ambientales para asegurar la salud de los trabajadores, la salud de las comunidades, la calidad del agua, del aire y del suelo, en el momento no está ocurriendo eso en el país. En segundo lugar, debe controlarse la expansión de las actividades mineras, estos proyectos no pueden seguir creciendo por donde encuentran mineral, tienen que ajustarse a planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. En tercer lugar todos los nuevos proyectos mineros deberían entrar en un proceso de moratoria para evaluar si las concesiones han sido bien dadas, qué tipo de tecnología emplean, donde se va a ubicar la actividad minera, qué niveles de ingreso fiscal van a representar para el país, cómo van a beneficiar o eventualmente reparar los daños que puede provocar en la población, Y un tema que no es menos importante y que en realidad reviste una característica central en los territorios donde aún no hay actividad minera y son terrenos de asentamiento de comunidades campesinas e indígenas es que debe reglamentarse el Convenio 169 de la OIT sobre el consentimiento previo, libre e informado. Y en ese sentido hay que revisar el capítulo económico de la Constitución del país e introducir las reformas económicas que hagan falta a ese nivel.

– ¿Todo esto implica replantearse la relación con las transnacionales?

Sin duda. En el Perú, en realidad, el tema de la relación Estado – transnacionales, transnacionales – comunidades, ni siquiera ha sido planteado. Las trasnacionales han llegado presentándose como las salvadoras y la solución a los problemas de la pobreza de la gente y luego de 20 años del llamado boom minero en el Perú, lo que estamos viendo son la vulneración de derechos, la vulneración y contaminación de los ecosistemas, la creciente criminalización de las protestas, centenares de líderes campesinos denunciados, decenas de ellos incluso presos, otros tantos asesinados. En esas circunstancias, sin duda, tiene que irse a un replanteamiento profundo que, en algunos casos, ya está ocurriendo. Hace unos pocos días, la Newman fue obligada a revisar sus políticas comunitarias y lo que se ha obtenido es un conjunto de recomendaciones que la propia empresa tendría que hacer, sin embargo desde el Perú consideramos y desde Tierra y Libertad pensamos que la auto regulación de las empresas no es suficiente, es necesario que el Estado cumpla un rol regulador en la actividad económica y que el Estado en realidad sea rescatado del proceso de privatización al que ha sido sometido para defender intereses particulares y no defender los derechos de la mayoría de los pueblos como es su función.

Honduras: la táctica no debe comprometer la estrategia

Jorge Gómez Barata

PorEsto. net

Tal vez Obama no sepa donde se encuentra Tegucigalpa, en cambio los golpistas saben perfectamente donde está Washington y la influencia que tiene el embajador americano en Honduras al que le bastaron 48 horas y una queja para deponer al canciller nombrado por Micheletti. Tal vez lo que los golpistas no sepan es cuál es el papel que el imperio ha reservado para ellos.

No es difícil percatarse de que los funcionarios políticos de alto rango del equipo de Hillary Clinton, la inteligencia del Comando Sur y los estrategas de los servicios especiales, principalmente la CIA, enfocan a Honduras, aunque realmente miran a Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guatemala y otros países. Apelar a Estados Unidos e insistir en ello para reponer a Zelaya y restablecer la “democracia” puede no ser una buena idea.

En primer lugar, porque se trata de un precedente que, invocado en otro contexto y con otros propósitos, puede resultar nefasto. Nunca en ninguna época y por ninguna razón los gobiernos latinoamericanos han pedido a Estados Unidos que intervenga en un país latinoamericano, mucho menos lo han hecho las fuerzas progresistas y jamás se esperaba de la izquierda.

Por otra parte ceder todo el espacio de maniobra a Estados Unidos y otorgarle un protagonismo que ha llegado a sugerir el empleo de los mecanismos de la asistencia militar, incluso de las tropas estacionadas en suelo hondureño, no puede ser positivo. Los riesgos de esa política se evidenciaron en la rapidez con que Hillary Clinton recibió a Zelaya, instruyó a Arias y abrió el juego para manejar la situación hacía un final norteamericano.

La pregunta ahora no es si Estados Unidos interviene o no porque ya lo hace, sino el modo como acomodará las cosas para sin consagrar el golpe de estado, anular a Zelaya y prescindir del ALBA, la OEA y todos los demás componentes multilaterales para, por su propia cuenta, encontrar un comodín que incluso puede implicar el retorno formal, precario y fugaz de Zelaya, sin poder real, sólo para celebrar unas elecciones que no pueda ganar.

Tal como van las cosas, las horas de Micheletti parecen contadas, cosa que el jefe golpista sabe y que explica su disposición a renunciar, sin que ello signifique que suban la apuesta por Zelaya.

Tomando en cuenta lo avanzado de las maniobras y que incluso se ha convocado un nuevo encuentro entre los golpistas y los representantes del presidente depuesto y existe una salomónica propuesta del presidente Arias, para crear un “gobierno de unidad nacional”, por momentos se percibe descoordinación entre los llamados a la huelga general, la movilización popular y la mediación.

Es de esperar que los norteamericanos insistan con Zelaya y Micheletti para que continúen las conversaciones en San José de Costa Rica y no sería extraño que adelantaran alguna propuesta aunque sólo sea para propiciar nuevas dilaciones. Mientras no se fuerce un desenlace, el tiempo corre a favor, no ya de los golpistas sino de Estados Unidos, que puede utilizar la carta de Obama, cuya intervención se ha demandado insistentemente y, cuando se produzca, difícilmente pueda ser desconocida.

Nadie debe pasar por alto que se ha producido una extraña y peligrosa inversión de roles: antes la no intervención era una demanda de la izquierda y los sectores populares latinoamericanos, mientras que ahora es la bandera de Obama que no deja de insistir en que Estados Unidos no debe imponer gobiernos.

Aunque quizás sea demasiado pedir a un luchador del origen y el perfil político de Zelaya, lo único que pudiera frenar la maniobra norteamericana es su disposición personal, mediante opciones inevitablemente dramáticas y peligrosas que comenzaría por su entrada en Honduras con todos los riesgos que ello implica.

Ningún análisis debe pasar por alto que por lo inmaduro de las realizaciones impulsadas por Zelaya en el corto período que ha gobernado y el hecho de que, presumiblemente no permanecerá en la presidencia más allá del fin de su mandato que expira este año, las preocupaciones para Estados Unidos son mínimas, sobre todo porque los golpistas son prescindibles y cada uno parece marcado con el estigma de la “naranja exprimida”.

Con su agudeza característica, Fidel Castro ha dado otra vez en el blanco. La solución no estriba en que Estados Unidos intervenga más enérgicamente, sino en que deje de hacerlo, no en que emplee sus tropas, sino en que las retire. “Lo único correcto ▬, ha dicho ayer ▬ es demandar del gobierno de Estados Unidos que cese su intervención, deje de prestar apoyo militar a los golpistas y retire de Honduras su Fuerza de Tarea”

La derecha contraataca

Immanuel Wallerstein

La Jornada

La presidencia de George W. Bush fue el momento de mayor arrasamiento electoral por parte de los partidos de centro-izquierda en América Latina en los últimos dos siglos. La presidencia de Barack Obama corre el riesgo de ser el momento de la venganza de la derecha en América Latina.

La razón bien puede ser la misma: la combinación de la decadencia del poderío estadunidense con la continuada centralidad de Estados Unidos en la política mundial. Al mismo tiempo, Washington es incapaz de imponerse por sí mismo y todo mundo espera que entre al terreno de juego en el bando de ellos.

¿Qué fue lo que ocurrió en Honduras? Hace mucho que este país es uno de los pilares más seguros de las oligarquías latinoamericanas: tiene una clase dominante arrogante y sin arre- pentimiento, guarda vínculos cercanos con Estados Unidos y es el sitio de una importante base militar estadunidense.

En las últimas elecciones, Manuel (Mel) Zelaya fue electo presidente. Siendo un producto de las clases dominantes, se esperaba que continuara jugando el juego en la forma en que los presidentes hondureños lo han jugado siempre. En cambio, inclinó sus políticas hacia la izquierda. Emprendió programas internos que en verdad hicieron algo por la vasta mayoría de la población: se construyeron escuelas en áreas rurales remotas, se aumentó el salario mínimo, se abrieron clínicas de salud. Comenzó su periodo apoyando el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero dos años después se unió al ALBA, la organización de Estados que creó el presidente Hugo Chávez. El resultado fue que Honduras obtuvo petróleo barato procedente de Venezuela.

Luego propuso la celebración de un referendo para saber si la población pensaba que era buena idea revisar la Constitución. La oligarquía gritó que éste era un intento de Zelaya para cambiar las leyes y hacer posible que él accediera a un segundo periodo. Dado que se preveía que la consulta ocurriera el día en que su sucesor fuera electo, ésta es claramente una razón inventada.

¿Por qué entonces escenificó el ejército un golpe de estado con el respaldo de la Suprema Corte, el Congreso hondureño y la jerarquía católica? Dos factores confluyen aquí: su visión de Zelaya y su percepción de Estados Unidos. En los años treinta, la derecha estadunidense atacó a Franklin Roosevelt como “traidor a su clase”. Para la oligarquía hondureña, eso significa que Zelaya, “un traidor a su clase”, es alguien que debería ser castigado como ejemplo para otros.

¿Y qué pasa con Estados Unidos? Cuando ocurrió el golpe, algunos comentaristas de la izquierda vociferante en la blogósfera le llamaron “el golpe de estado de Obama”. Esto no atina al punto de lo que ocurrió. Ni Zelaya ni sus simpatizantes en la calle, ni tampoco Chávez o Fidel Castro, tienen esa visión tan simplista. Todos ellos notan la diferencia entre Obama y la derecha estadunidense (líderes políticos o figuras militares).

Parece claro que la última cosa que el gobierno de Obama quería era este golpe de estado. Ha sido un intento por forzarle la mano. Sin duda esto recibió aliento de figuras clave de la derecha estadunidense como Otto Reich (el cubano-estadunidense y ex consejero de Bush) y el International Republican Institute.

Desde que ocurrió el golpe de estado en Honduras, Obama, constreñido entre dos posturas fuertes, no hace sino ganar tiempo haciendo guiños a unos y a otros sin asumir una actitud clara.

Seamos testigos de algunas de sus aseveraciones más desorbitadas. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno golpista, Enrique Ortez, dijo que Obama era un “negrito que no sabe nada de nada”. Hay alguna controversia de qué tan peyorativo es el término “negrito” en castellano. En cualquier caso el embajador estadunidense protestó tajantemente ante el insulto. Ortez se disculpó por su “desafortunada expresión”, y se le cambió a otro puesto en el gobierno. Ortez concedió una entrevista a la televisión hondureña diciendo: “No tengo prejuicios raciales, me gusta el negrito del batey que está presidiendo Estados Unidos.”

Sin duda, la derecha estadunidense es más cortés pero no menos denunciatoria de Obama. El senador republicano Jim DeMint, la diputada republicana cubano-estadunidense Ileana Ros-Lehtinen, y el abogado conservador Manuel A. Estrada, todos han insistido en que el golpe estuvo justificado porque no fue un golpe de Estado, sino justamente una defensa de la Constitución hondureña. Y la blogger derechista Jennifer Rubin, publicó un texto el 13 de julio titulado: Obama está mal, mal, mal respecto a Honduras. Su equivalente hondureño, Ramón Villeda, publicó una carta abierta al presidente estadunidense el 11 de julio, donde decía que: “No es la primera vez que Washington se equivoca y abandona, en momentos críticos, a un aliado y amigo”.

La derecha hondureña hace su juego buscando ganar tiempo, hasta que el periodo de Zelaya termine. Si logran su objetivo, habrán ganado. Y la derecha guatemalteca, la salvadoreña y la nicaragüense observan por los costados, y ya les pican las ganas de comenzar sus propios golpes de estado contra sus gobiernos que no son ya de derecha.

Es posible que la derecha gane las elecciones este año y el año entrante en Argentina y Brasil, tal vez en Uruguay y Chile. Tres analistas importantes del Cono Sur han publicado sus explicaciones. Atilio Borón habla de la “futilidad del golpe”. El sociólogo brasileño Emir Sader dice que América Latina enfrenta una encrucijada: “La profundización del antineoliberalismo o la restauración conservadora”. El periodista uruguayo Raúl Zibechi titula su análisis La irresistible decadencia del progresismo.

Zibechi piensa que las débiles políticas de Lula, Vázquez, Kirchner y Bachelet (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile) han fortalecido a la derecha (que avizora adoptando un estilo Berlusconi) y dividieron a la izquierda.

Pienso que hay una explicación más directa y simple. La izquierda llegó al poder en América Latina debido a la distracción estadunidense y a los buenos tiempos económicos. Ahora enfrenta una distracción continuada, pero los tiempos económicos son malos y comienzan a culparla porque está en el poder, aunque hay poco que puedan hacer los gobiernos de centro-izquierda respecto a la economía-mundo.

¿Puede Estados Unidos hacer algo acerca de este golpe de Estado? Por supuesto. Primero, Obama puede oficialmente etiquetar el golpe como un golpe de Estado. Esto podría disparar una ley estadunidense que le cortara toda la asistencia de Estados Unidos a Honduras. Puede cercenar las continuadas relaciones del Pentágono con los militares hondureños. Puede retirar al embajador estadunidense. Puede decir que no hay nada qué negociar en vez de insistir en la “mediación” entre el gobierno legítimo y los líderes golpistas.

¿Por qué no hace todo eso? Es muy simple, también. Tiene al menos otros cuatro super puntos pendientes en su agenda: la confirmación de Sonia Sotomayor en la Suprema Corte; un desbarajuste continuado en Medio Oriente; su necesidad de pasar la legislación de salud este año (si no es en agosto, en diciembre); y de repente una presión enorme por abrir las investigaciones de los actos ilegales del gobierno de Bush. Lo siento, pero Honduras tiene el quinto lugar en la lista.

Así que Barack Obama no asume una actitud clara. Y nadie quedará contento. Zelaya puede ser restaurado en el cargo, pero tal vez sólo tres meses a partir de ahora. Demasiado tarde. Pónganle atención a Guatemala.

Traducción: Ramón Vera Herrera

La ambivalente política hemisférica de Barack Obama

Obama-LatinoamericaLuis Suárez Salazar

ALAI

Las páginas que siguen van dirigidas a realizar una primera evaluación de los objetivos y contenidos de la “nueva alianza para las Américas” que, desde su campaña electoral hasta la actualidad, ha venido propugnando el gobierno temporal del demócrata-liberal estadounidense Barack Obama.[1]

Para cumplir ese propósito se han tomado como referencias el discurso que –sintomáticamente— pronunció en Miami el 23 de mayo del 2008 ante la Fundación Nacional Cubano-americana (Obama, 2008), el poco divulgado documento sobre su política hacia América Latina y el Caribe que distribuyó el equipo de su campaña electoral unas semanas después de la alocución antes mencionada (Obama, 2008a), la proclama que ya estando en la presidencia difundió en los días previos a la celebración de la 5ta. Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago a mediados de abril del presente año (Obama, 2009) y el edulcorado discurso que pronunció el 17 de abril del 2009 ante ese conclave hemisférico (Obama, 2009a).

También se han tomado en consideración las principales acciones hacia América Latina y el Caribe emprendidas por esa administración desde el 20 de enero del 2009, hasta los primeros momentos del golpe de Estado que, a partir del 28 de junio de ese año, comenzó a desarrollarse en Honduras; pasando por la actitud asumida por la Secretaria de Estado, Hilary Clinton, en las discusiones de la resolución de la XXXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada a comienzos de junio del 2009 en San Pedro de Sula, Honduras, que derogó la ilegal resolución de esa organización que, en enero de 1962, había proclamado “la incompatibilidad” del Gobierno Revolucionario cubano con la mayor parte de los órganos del Sistema Interamericano (Lechuga, 1991).[2]

En razón del relativamente inmutable carácter socio-clasista y de la manera “bipartidista” en que históricamente se han elaborado las políticas internas y externas de Estados Unidos (Castro y otros, 2003; Sánchez Parodi, 2008; Gandáseguí, 2009), esta valoración sintetizará mis apreciaciones acerca de las continuidades y los cambios de esas estrategias respecto a otras administraciones estadounidenses y, en particular, respecto a las estrategias impulsadas por George H. Bush (1989-1993), William Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009) con vistas a institucionalizar lo que reiteradamente he denominado “un nuevo orden panamericano” (Suárez, 1995, 1995a, 2003, 2006 y 2007; Suárez y García Lorenzo, 2008).

La “renovación del liderazgo” estadounidense

En ese sentido y sin desconocer la ruptura que su elección significó en la bicentenaria y racista historia estadounidense, ni en otras dimensiones de la proyección externa de esa potencia imperialista,[3] lo primero que hay que resaltar es que, a la saga de sus antecesores demócratas y republicanos, desde su campaña electoral hasta la actualidad, y tratando de atender los reclamos de los sectores de las clases dominantes, así como del “unipartidista” establishment de la política económica, de seguridad, de defensa y exterior norteamericana que lo respaldan, Barack Obama se planteó expresamente renovar “el liderazgo”, “la credibilidad” y “la influencia” de su país sobre el hemisferio occidental. Todas ellas deterioradas –según su sesgado y “desmemoriado” diagnóstico— porque la administración de George W. Bush “se embarcó en una guerra desquiciada con Irak” y abandonó su promesa de “hacer de Latinoamérica un compromiso fundamental de su presidencia” (Obama, 2008).[4]

En consecuencia, su política habría sido “de negligencia hacia nuestros amigos, inefectiva con nuestros adversarios, desinteresada por los problemas que sufre la gente e incapaz de hacer avanzar nuestros intereses en la región”. Ese “vacio” –a decir de Obama— habría sido ocupado por “demagogos como Hugo Chávez” y sus aliados hemisféricos, así como por otros países de Europa y Asia; entre los que destacó a la República Popular China e Irán (Obama, 2008). Tal enfoque fue reiterado por el ratificado Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, en la audiencia que sostuvo con una comisión del Senado a fines de enero del 2009. Según la información disponible, expresó su preocupación por las “actividades subversivas” que presuntamente está desarrollando el gobierno iraní en América Latina (BBC, 2009). En primer lugar por las estrechas relaciones oficiales que ha venido estableciendo con los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela (RBV); argumento que también ha sido empleado en diversas ocasiones por la secretaria de Estado, Hilary Clinton.

Con vistas a enfrentar esas situaciones y a “liderar el hemisferio en el siglo XXI”, Obama anunció que emprenderá la que indistintamente denominó una “diplomacia directa, fuerte, agresiva, principista y sostenida” hacia todos “los gobiernos amigos, adversarios y enemigos” del hemisferio occidental, incluidos en estas dos últimas categorías los de Cuba y la RBV. Entre sus acciones al respecto –como su disposición a emprender en el momento que él considere oportuno un dialogo directo con los actuales presidentes de ambos países—[5] y siguiendo algunas de las recomendaciones de la bipartidista Comisión para una Potencia Inteligente respaldada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos (Nye Jr., 2008), Obama también anunció que –sin abandonar en los casos necesarios los instrumentos del hard power (la coerción y la fuerza)— potenciará algunos de los componentes del llamado soft power. Entre ellos, la Diplomacia Pública utilizando a “los emigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos” (incluidos los cubano-americanos),[6] el aumento de la presencia de funcionarios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como la duplicación para el año 2012 del número de los integrantes de los controvertidos Cuerpos de Paz que –desde la administración de John F. Kennedy— han venido actuando en ese continente (Obama, 2008a).

Según se infiere de las palabras de Obama, la participación de esos “voluntarios” en actividades dirigidas a “disminuir la pobreza, a combatir enfermedades como la malaria y a apoyar el desarrollo de la sociedad civil” estará orientada a contrarrestar el negativo impacto que han tenido “en la influencia de Estados Unidos” en varios países latinoamericanos y caribeños los diversos programas sociales emprendidos por Cuba y la RBV, tanto de manera bilateral, como dentro de los marcos de la actualmente denominada Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP) y de los acuerdos ALBA-Caribe.

La redefinición de “la democracia”

A la recuperación de esa “influencia” también apunta la redefinición de “la democracia” pregonada por el actual mandatario estadounidense. Así, haciendo referencias expresas a la situación de la RBV y retomando algunos de los pretextos utilizados por la administración de George W. Bush para agredir la revolución bolivariana (Golinger, 2005; CFR, 2006), durante su campaña electoral Obama señaló: “Sabemos que la libertad a través del hemisferio debe ir más allá de las elecciones […] Hugo Chávez es un líder elegido democráticamente. Pero también sabemos que él no gobierna democráticamente. Él habla del pueblo, pero sus acciones sólo sirven a su propio poder”. Y agregó: “Debemos impulsar una visión de la democracia que vaya más allá de las urnas. Debemos incrementar nuestro apoyo a legislaturas fuertes, sistemas judiciales independientes, prensa libre, vibrante sociedad civil, policía honesta, libertad de religión y el imperio de la ley” (Obama, 2008).

Como ha denunciado Eva Golinger, con vistas a cumplir esos propósitos la actual administración estadounidense ha continuado y continuará financiando a través del Centro de la Empresa Privada Internacional (CIPE), de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la reaccionaria National Endowment for Democracy (NED), fundada en 1983 por la administración de Ronald Reagan, sus diversos programas dirigidos a “fortalecer la sociedad civil venezolana” (Golinger, 2009). Es decir, aquellas instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos que –desde la administración de George W. Bush— han venido tratando de derrocar o desestabilizar al gobierno de ese país. Entre ellas, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), cuyo 20 aniversario se celebró en Caracas a fines de mayo del 2009 con financiamiento oficial estadounidense y con la presencia de prominentes figuras políticas e intelectuales de diversos países del continente que sistemáticamente participan en las campañas orquestadas por los “medios de desinformación masiva” (MDM) controlados por Estados Unidos y otras potencias imperialistas contra los procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares que se están desarrollando en diversos países latinoamericanos y caribeños; en primer lugar, contra las revoluciones bolivariana, boliviana, ecuatoriana y cubana.

En este último caso, invocando reiteradamente la Carta Democrática Interamericana aprobada por la OEA en el año 2001, Obama convocó expresamente a los demás gobiernos latinoamericanos y caribeños, así como a “todos los amigos [de Estados Unidos] en las Américas” a que se unieran a su gobierno “para apoyar la libertad, la igualdad y los derechos humanos de todos los cubanos” (Obama, 2009). Con tal fin, siguiendo la lógica de las administraciones precedentes, desconociendo el repudio universal que acompaña a esa vetusta política estadounidense y a pesar del generalizado reconocimiento de su fracaso, el nuevo mandatario demócrata, al igual que otros altos funcionarios de la Casa Blanca –entre ellos el vice-presidente Joseph (Joe) Biden y la secretaria de Estado Hilary Clinton— han reiterado que mantendrán “el embargo” contra Cuba hasta que no se produzcan cambios (por supuesto, aceptables para los grupos dominantes en Estados Unidos) en el sistema político edificado por la Revolución Cubana. Según indicó Obama durante su campaña electoral, “el embargo” y el despliegue de “una diplomacia fuerte, inteligente y principista” posibilitará que su administración le presente “al régimen [cubano] una elección”: si “toman significativos pasos hacia la democracia [liberal-burguesa-representativa], comenzando con la liberación de los presos políticos, nosotros daremos pasos para normalizar relaciones”. Y concluyó: “Esa es la manera para producir cambios en Cuba” (Obama, 2008).

Cual ha planteado Esteban Morales, de lo dicho se infiere que las acciones emprendidas por esa administración hasta junio del 2009 (incluidas la ampliación de las autorización de los viajes de los cubano-estadounidenses y de las remesas que estos le envían a sus familiares radicados en Cuba) estratégicamente van dirigidas a tratar de socavar el apoyo popular al gobierno revolucionario y, por tanto, a “subvertir al país, supuestamente de manera pacífica” (Morales, 2009). Ello se confirma en las decisiones ya adoptadas por Barack Obama de continuar financiando a los “grupos disidentes cubanos” y las trasmisiones de Radio y TV Martí. Igualmente, en las sanciones que les sigue imponiendo la OFAC a los empresarios estadounidenses y de otros países del mundo que, sin su autorización, han desarrollado y quieren desarrollar relaciones económicas con Cuba. También en las limitaciones que perduran en los intercambios culturales, científicos y académicos cubano-estadounidenses, así como en el silencio que rodea las actividades del “Coordinador para la Transición en Cuba” nombrado en el 2004 por George W. Bush, así como cuya existencia y labores –a diferencia de las “leyes del embargo” aprobadas por el Congreso estadounidense— sólo depende de decisiones del poder ejecutivo (Castro, 2008).

Lo dicho, al igual que la ambivalente (y a la postre derrotada) conducta que mantuvo el Departamento y la Secretaria de Estado antes y durante la XXXIX Asamblea General de la OEA frente a las demandas latinoamericanas y caribeñas de derogar las acuerdos de esa organización que en 1962 establecieron “la incompatibilidad” del régimen socialista cubano con el Sistema Interamericano,[7] induce a pensar que, en el futuro previsible, la nueva administración solo emprenderá aquellas acciones hacia Cuba que no le generen costos políticos con los sectores derechistas y anticubanos que actúan en el sistema político estadounidense. Tal es el caso de las reiniciadas conversaciones migratorias que se habían venido desarrollando hasta el 2004, siempre que estas no conduzcan a la derogación de las disposiciones jurídicas estadounidenses dirigidas a estimular la emigración (legal e ilegal) de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos y creen las condiciones para la cooperación –demandada por el gobierno cubano— en otras áreas de interés mutuo como el combate al “narcotráfico”, al terrorismo y la prevención de los mal llamados “desastres naturales”.[8]

La “nueva” alianza de las Américas

Cualesquiera que sean los juicios que merezcan las afirmaciones anteriores, lo cierto es que utilizando la misma retórica de sus antecesores sobre “la interdependencia”, “la prosperidad”, “la seguridad”, “la libertad”, “la democracia”, los “intereses compartidos” y los “valores comunes”, todas las acciones antes referidas –y otras que veremos más adelante— formarán parte intrínseca de la que el nuevo presidente estadounidense ha denominado “una nueva alianza” entre los Estados Unidos y los gobiernos del hemisferio occidental que él considere “democráticos”. En sus enunciados públicos esa “alianza” retoma ciertos elementos de la que –antes, durante y después de la primera Cumbre de las Américas— William Clinton denominó “relación madura” con los gobiernos de América Latina y el Caribe: el presunto respeto a la soberanía y la autodeterminación de los estados-nacionales de esa región, así como un enfoque “multilateral modular” para desarrollar sus relaciones con los gobiernos de ese continente (Suárez 1995a). Igualmente retoma las condicionalidades laborales y ambientales que –según dijo Clinton y ahora repite Obama— “deben incluir todos los tratados comerciales que firme Estados Unidos” (Obama, 2008).

Desde ese presupuesto y tomando en cuenta que esos tratados “no han creado los empleos y el bienestar prometidos” para los ciudadanos y los trabajadores estadounidenses (ahora gravemente afectados por la crisis económica-financiera-inmobiliaria y los altos índices de desempleo), en su campaña electoral Obama elogió el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Perú [e implícitamente con Chile]; pero se pronunció por “enmendar” el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). También expresó su oposición al TLC con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD, por sus siglas en inglés) y al TLC con Colombia, ambos negociados por la administración de George W. Bush. En el primer caso porque, a decir del actual presidente de los Estados Unidos, las necesidades de los trabajadores [centroamericanos] no son lo suficientemente atendidas” y en el segundo en razón de “la persistente violencia e impunidad” existente en el mencionado país suramericano (Obama, 2008a). Sin embargo, ya estando en el gobierno, Obama no ha emprendido ninguna acción para “revisar”, ni enmendar ninguno de los tratados antes mencionados. Más aún anunció que colocará en la agenda del congreso del 2009 la aprobación del TLC con Colombia (IADPG, 2009).

Merece consignar que, previamente, Obama había convalidado los principales componentes de las represivas e intervencionistas estrategias de seguridad hacia México, Centroamérica y la región andino-amazónica impulsadas por George W. Bush. En efecto, durante su campaña electoral se comprometió públicamente a continuar apoyando y a actualizar la Iniciativa Regional Andina dirigida a “batallar contra todo tipo de violencia en Colombia”, tanto la proveniente de “los paramilitares derechistas” como de la que calificó como “brutal insurgencia terrorista” encabezada por las FARC y el ELN. Con tal fin, también apoyó “el derecho” del gobierno colombiano a “atacar terroristas que busquen paraísos de seguridad a través de sus fronteras”. Asimismo, vindicó “el derecho” del gobierno de Estados Unidos a “arrojar luces sobre cualquier apoyo a las FARC [y del ELN] que venga de los gobiernos vecinos”, al igual que a condenar, aislar y, si fuera necesario, sancionar unilateralmente a los gobiernos que incurran en esas prácticas (Obama, 2008a); en primer lugar, a los de Cuba y la RBV, sistemáticamente acusados en los informes anuales sobre los derechos humanos y sobre “el terrorismo” elaborados por el Departamento de Estado (DE).

Contra el ALBA-TCP

Tales acusaciones fueron reiteradas en los informes al respecto difundidos por ese departamento en marzo y abril del 2009, respectivamente. Ese último informe, además de Irán, Siria y Sudán, mantuvo en su antojadiza lista de gobiernos “patrocinadores del terrorismo” (aquellos que, a su decir, proporcionan “apoyo crítico a grupos violentos” y, por tanto, no pueden recibir ayuda económica de Estados Unidos ni gozar de beneficios comerciales, ni de tratados financieros), a los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y de la RBV. En este último caso porque, a decir del DE, su gobierno no “patrulla sistemáticamente su frontera con Colombia para prevenir el movimiento de los grupos armados” que la cruzan para “descansar y reagruparse, así como para extorsionar y secuestrar venezolanos para financiar sus operaciones”. Repitiendo los argumentos de la administración precedente, indicó que tal conducta estaría motivada “por la simpatía ideológica entre el presidente Hugo Chávez y los grupos insurgentes colombianos”. A ello agregó “el escaso control migratorio a personas que llegan en vuelos procedentes de Irán y Siria y la facilidad para obtener documentos de identificación”, lo que hace de Venezuela “un lugar de paso potencialmente atractivo para los terroristas” (URL, 2009).

Por su parte, en el caso de Nicaragua la acusación del DE se refirió a las “cercanas relaciones” que mantuvo su actual presidente, Daniel Ortega, con las FARC; mientras que la acusación a Bolivia se fundamentó en las “estrechas relaciones” con Irán que ha venido desarrollando el gobierno presidido por Evo Morales. A su vez –siempre según la misma fuente— el gobierno de Cuba es sindicado de patrocinar el terrorismo a causa de la permanencia en su territorio de miembros de la organización independentista vasca conocida como ETA (Euskadi Ta Askatasuna) que llegaron a ese país mediante un acuerdo con el gobierno español presidido por Felipe González (1982-1996), al igual que de las FARC y del ELN de Colombia. Asimismo, porque en las palabras del DE: “en Cuba han encontrado refugio prófugos de la justicia de EE UU”; entre ellos, luchadores por la independencia de Puerto Rico, como son los casos de algunos militantes del llamado Ejército de Liberación Boricua, más conocidos como Los Macheteros. Además porque “el sistema bancario cubano es muy opaco”, lo que –aunque reconocen que no tienen prueba alguna— pudiera ser utilizado para “operaciones de lavado de dinero vinculado al terrorismo” (URL, 2009).

Sin negar la novedad de los contactos directos que, durante la más reciente Cumbre de las Américas, desplegó el presidente Barack Obama con los mandatarios de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y la RBV, así como de las conversaciones que después de esa cita se han emprendido entre funcionarios estadounidenses de diversas jerarquías con sus correspondientes contrapartes de Bolivia y Cuba, lo dicho en los párrafos anteriores sería suficiente para demostrar otras de las continuidades de la política hemisférica de Barack Obama respecto a la de George W. Bush. Pero a ello hay que agregar la continuidad de las sanciones económicas impuestas a Nicaragua en razón del presunto “fraude” cometido por el gobierno de Daniel Ortega en las elecciones municipales del 2008, la reiteración por parte del DE de sus nunca demostradas “preocupaciones” porque “simpatizantes de [las organizaciones palestinas y libanesa] Hamas y Hezbolá recauden fondos en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay”. También sus saludos a los “serios esfuerzos” que han desarrollado para prevenir y prepararse para la lucha antiterrorista los gobiernos de Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá, Paraguay y México (URL, 2009). Este último –junto al gobierno de Canadá— tradicionalmente calificado como “un socio clave” para combatir el terrorismo.

Las dimensiones militares y de seguridad de la “nueva” alianza de las Américas

Esto explica el respaldo que –en sus diálogos bilaterales con el premier Stephen Harper y con el presidente Felipe Calderón— le ha ofrecido la administración de Obama a la denominada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Igualmente, a la cruenta y cada vez militarizada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por ese mandatario mexicano y a la llamada Iniciativa Mérida, todas impulsadas por la administración de George W. Bush. En efecto, desde su campaña electoral, el actual presidente estadounidense se comprometió a ampliar esa iniciativa hacia Centroamérica, donde –a su decir— ella “no invertía lo suficiente” y donde comienza “mucho del tráfico [de drogas] y las actividades gansteriles” que afectan el territorio de México y Estados Unidos (Obama, 2008). La primera asignación de fondos para esa multimillonaria iniciativa se concretó en los 405 millones dólares aprobados, a solicitud de la Casa Blanca, por el Congreso en marzo del 2009. De ellos, 300 millones se destinaran a México y el resto a Centroamérica, Haití y República Dominicana. Todo parece indicar que la probable distribución de esos fondos se abordó durante la reunión que a comienzos de abril del 2009 sostuvo en San José de Costa Rica el vice-presidente estadounidense, Joseph (Joe) Biden, con la mayor parte de los mandatarios centroamericanos y con el Primer Ministro de Belice,[9] así como durante las visitas realizadas a México tanto por Hilary Clinton como por Barack Obama. Esta última se produjo el 16 de abril del 2009.

En esa ocasión y retomando algunos elementos planteados en su campaña electoral, Obama anunció que –en contraste con su antecesor— emprenderá “acciones agresivas” dirigidas a reducir la demanda de drogas en Estados Unidos, así como a interrumpir el tráfico ilegal de armas, dinero y vehículos robados que, provenientes de ese país, alimentan a “los reyezuelos de las drogas” que actúan en México. Ese compromiso fue reiterado en el discurso que pronunció ante la Quinta Cumbre de las Américas. En este –además de mencionar la necesidad de combatir las causalidades sociales del consumo y el “comercio de drogas”— también señaló que a diferencia de las administraciones de William Clinton y George W. Bush convertirá en una prioridad de su proyección externa la ratificación por parte del Congreso de Estados Unidos de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados aprobada por la Asamblea General de OEA en 1997 (Obama, 2009a): instrumento jurídico que siempre ha sido rechazado por los productores y comercializadores de “armas ligeras” estadounidenses; la mayor parte de los cuales operan en los estados fronterizos con México.

Llama la atención que, previo a esos anuncios de Obama, visitó México, por primera vez en la historia, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Michael Mullen (Saxe-Fernández, 2009), y que días después de esa visita el subjefe de esa dependencia, general James Cartwright, anunció públicamente que el Comando Norte de las fuerzas armadas estadounidenses (NORTHCOM) se implicará en “la lucha contra los cartels de las drogas” que actúan en México. También confirmó el inicio el 20 de abril en la base naval de Mayport, Florida, de las maniobras navales UNITAS Gold-09. En estas participaron, también por primera vez en la historia de las relaciones militares de ambos países, “más de 350 elementos de la Secretaria de Marina Armada de México”. Como ya es tradicional en los ejercicios UNITAS, sistemáticamente organizados por la Marina de Guerra estadounidense, a esas unidades mexicanas se unieron “destacamentos castrenses de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay” (La Jornada 2009). Fragatas de algunos de esos de esos países, al igual que de Estados Unidos posteriormente “visitaron” Cartagena de Indias, Colombia: país que –en razón de su privilegiada posición geográfica (además de “custodiar” el Canal de Panamá, tiene fronteras terrestres o marítimas con 12 Estados del continente)— sigue siendo considerado “estratégico” para los intereses geopolíticos y de la cacareada “seguridad nacional” de Estados Unidos (CFR, 2004).

En ese contexto, merece resaltar que la dimensión militar de las relaciones interamericanas ha estado sospechosamente ausente de los enunciados públicos de la “nueva alianza entre las Américas” propugnada por Barack Obama. A pesar de sus ambivalentes criticas al empleo de la tortura por parte de funcionarios de la CIA (ninguno fue sancionado), este tampoco se ha pronunciado contra los Tratados Bilaterales de Inmunidad (que prefiero llamar de “impunidad”) para los funcionarios civiles y militares estadounidenses que cometan crímenes de lesa humanidad fuera del territorio estadounidense signados por la administración de George W. Bush con los gobiernos de varios países latinoamericanos y caribeños (García Rivero, 2003). Esto –junto a otros elementos ya referidos— induce a pensar en la continuidad de las estrategias de defensa y seguridad desarrolladas por su antecesor.

Sobre todo por los voluminosos fondos asignados al presupuesto militar estadounidense (IAEDPG, 2009), por la ya referida ratificación del secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, Robert Gates, por el mencionado respaldo que Obama le ha dado a los principales planes político-militares emprendidos por esa administración en el hemisferio occidental, así como por la confirmación pública de las gestiones emprendidas por el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses (SOUTHCOM) con vistas a trasladar hacia el territorio colombiano (en particular hacia el aeropuerto de Palanquero), las principales “facilidades” que hasta hace poco tenían disponibles en la base de Manta, Ecuador (Robledo, 2009; Díaz, 2009).

A tal fin la Casa Blanca le ha solicitado al Congreso 46 millones de dólares (IAEDP, 2009a), los que se unen a los 513 millones de dólares de “ayuda” a Colombia solicitados por la Casa Banca para el presupuesto federal del 2009-2010 (El Tiempo, 2009). Esas asignaciones –al igual que los fondos destinados a la Iniciativa Mérida– no incluye los recursos financieros que –sin control del Congreso— ha venido destinando el Pentágono a apoyar las fuerzas armadas de los países implicados en la Iniciativa Regional Andina; en primer lugar a Colombia y Perú (Isaacson, Olson y Hangaard 2005); cuyo actuales mandatarios siguen siendo considerados por la Casa Blanca como sus mejores interlocutores en la región andina.

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Haitì: Cinco años de ocupación militar ; ¿cuál es la estrategia?

Jose Luis Patrola

Rebelión

 

Traducido para Rebelión por Liliana Piastra

El 1º de junio de 2004, tras una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que violaba una vez más las reglas del derecho internacional, comenzaba oficialmente una nueva ocupación militar de Haití, coordinada por las fuerzas armadas brasileñas por mandato del propio Consejo.

Para reflexionar sobre este hecho, del que este mes se cumplen cinco años, hemos de retornar por lo menos la historia reciente del país y sus crisis estructurales. Lo haré como introducción y, como conclusión, abordaré las cuestiones coyunturales.

Las sucesivas crisis

La sociedad haitiana vive tres graves crisis estructurales. La crisis medioambiental, la crisis agraria y la crisis política.

El mundo rural haitiano, al igual que el resto del país, es muy pobre. El 65% de la población, unos nueve millones de personas, es campesina y vive en situación de extrema dificultad. En primer lugar, el mundo rural sufre el problema de la tierra. La mayoría de los campesinos apenas si tienen tierra y en muy pocos casos poseen títulos y reglas para usarla. Por consiguiente, hay un desinterés natural por su utilización y conservación. Por otro lado, la crisis medioambiental se agrava cada vez más debido al uso intensivo de tecnologías nocivas para el medio ambiente y al consumo intensivo de carbón, que se emplea en el 70% de las cocinas del país. En todo el territorio apenas si queda un 3% de cobertura forestal original. Además de todo ello, el mundo rural vive una crisis económica muy grave. Las políticas neoliberales y el libre comercio están destruyendo la capacidad productiva del país. En 1970 el país producía prácticamente el 90% de su demanda alimentaria. Actualmente se importa cerca del 55% de todos los géneros alimentarios que se consumen. Por último, hay que decir que en Haití la inestabilidad política no es algo reciente. La explicación básica del fenómeno está en la historia contemporánea del país, por no remontarnos a la época de la independencia de 1804 y a la guerra contra el ejército de Napoleón. Le echaremos un vistazo rápido a los últimos cien años. Entre 1915 y 1934 una ocupación militar norteamericana dio lugar a grandes batallas de resistencia contra el invasor extranjero. Entre 1957 y 1986 una dictadura militar totalmente bajo el mando de los Estados Unidos calló las voces haitianas. El apellido “Duvalier” (Jean Jacques Duvalier y su hijo Jean Claude Duvalier gobernaron Haití durante ese período) ni siquiera se podía pronunciar en público. El temor era enorme. 30.000 comunistas fueron asesinados. La media fue de mil personas al año. En septiembre de 1991, tras la caída del legítimo presidente electo, Jean Bertran Aristides, por un fuerte movimiento de masas, un golpe militar violentísimo llevado a cabo por militares de los Estados Unidos calló al país durante más de 3 años. En 1994 el país sufrió una segunda ocupación militar norteamericana. Se habla de cuatro mil muertos, más 12.000 militantes sociales forzados a emigrar a los Estados Unidos.

La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití

Brasil está al frente de la última ocupación militar realizada tras el golpe de Estado que derribó una vez más el gobierno de Jean Bertran Aristides. La Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH, está formada por 36 países, aunque en la formación del contingente, de unos siete mil militares, hay una presencia latinoamericana masiva.

Teóricamente la MINUSTAH se basa en cuatro pilares;

Estabilizar el país

Pacificar y desarmar a los grupos guerrilleros y rebeldes

Promover elecciones libres e informadas

Fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití

En los dos primeros años de ocupación militar la MINUSTAH realmente se confrontó con grupos armados y de secuestradores que se escondían en barrios pobres y de hecho representaban una amenaza para la sociedad, grupos que resultaron eliminados o presos. La MINUSTAH cumplía así uno de sus papeles, estabilizar al país frente a las amenazas de las “bandas”. Lamentablemente la MINUSTAH no se preocupó de eliminar o prender a los jefes del grupo paramilitar que, patrocinado por la CIA, inició el proceso de desestabilización del gobierno de Aristides a finales de 2003 y principios de 2004.

Tras constatar todos los problemas sociales que pesan sobre la estructura de la sociedad haitiana y se reflejan en el día a día de este país, entendemos que las Naciones Unidas a través de la MINUSTAH cumple un papel vergonzoso en ese país. La ocupación militar no ayuda a resolver los verdaderos problemas de la sociedad. La gran pregunta que hemos de hacer a los gobiernos de los países que mantienen a sus militares como ocupantes ha de ser ¿qué intereses defiende realmente la MINUSTAH y qué se ha hecho para ayudar a Haití a salir de sus crisis estructurales?

Las últimas noticias del “Front”

El cinco de abril la cámara de los diputados aprobó una subida del salario mínimo de dos a cinco dólares diarios (Haití tiene uno de los salarios mínimos más bajos del mundo). El cinco de mayo, el Senado ratificó con gran rapidez esa misma ley procedente del Congreso. El sector empresarial hizo una serie de maniobras y convenció al presidente René Garcia Preval, que se negó a firmar la ley ya aprobada por ambas cámaras legislativas.

A principios del mes de junio el sector estudiantil y otras organizaciones sindicales iniciaron una serie de manifestaciones exigiendo que se firmara la ley. Las manifestaciones eran diarias y las reivindicaciones absolutamente justas. A partir del 4 de junio comenzó un proceso intensivo para reprimir esas manifestaciones. Una muerte, decenas de heridos, decenas de presos. ¿Quién estaba llevando a cabo las acciones militares? La Policía Nacional Haitiana y su patrocinadora la “Fuerza de Paz de la ONU”, que se llama MINUSTAH.

La MINUSTAH reprimió manifestaciones legítimas usando armamento y vehículos de guerra. Con esas acciones la MINUSTAH incumple una ley ya aprobada por las dos instancias parlamentarias y se pone de parte de quienes se niegan a aumentar el salario mínimo de uno de los países más pobres del planeta.

El 18 de junio de 2009, tras la muerte de un padre dirigente de un importante partido político, centenares de personas fueron a su entierro. Como es costumbre en Haití, el velatorio de una persona importante siempre se acompaña de una manifestación política. Inexplicablemente, militares de la MINUSTAH dispararon contra el cortejo asesinando a una persona e hiriendo a otras muchas.

La MINUSTAH está promocionando un espectáculo muy negativo en el interior del país. ¿Son necesarios esos espectáculos? Los gobiernos de los países que enviaron a sus militares para la “fuerza de paz” ¿conocen el espectáculo que están dando sus soldados en el país ocupado?

¿Qué tipo de integración necesitamos?

Hace mucho tiempo que Via Campesina pretende realizar un programa de cooperación mediante el envío de semillas y herramientas para los campesinos haitianos. Las trabas de la burocracia brasileña muchas veces no nos permiten acceder al transporte o a los recursos para pagar los costes de producción de esas semillas, impidiéndonos desarrollar una cooperación solidaria, justa, urgente y necesaria.

Habría que ocupar Haití con profesores, con agrónomos comprometidos, con barcos de combustible, con médicos, escuelas, viveros de repoblación forestal… Lamentablemente hasta el momento ni Brasil ni ningún otro país “ocupante” ha dado ejemplos de reconstrucción estructural del país que hayan tenido éxito. Necesitamos un cambio en la estrategia de intervención internacional, que deberá responder a las necesidades efectivas de la población. Sigamos los ejemplos que Cuba, Venezuela y Via Campesina están dando en materia de solidariedad y reconstrucción y habremos tomado el camino correcto.

Jose Luis Patrola

Profesor de historia, miembro del MST y coordinador de la brigada de cooperación entre la Via Campesina Brasil y organizaciones campesinas haitianas