Luis Suárez Salazar
ALAI
Las páginas que siguen van dirigidas a realizar una primera evaluación de los objetivos y contenidos de la “nueva alianza para las Américas” que, desde su campaña electoral hasta la actualidad, ha venido propugnando el gobierno temporal del demócrata-liberal estadounidense Barack Obama.[1]
Para cumplir ese propósito se han tomado como referencias el discurso que –sintomáticamente— pronunció en Miami el 23 de mayo del 2008 ante la Fundación Nacional Cubano-americana (Obama, 2008), el poco divulgado documento sobre su política hacia América Latina y el Caribe que distribuyó el equipo de su campaña electoral unas semanas después de la alocución antes mencionada (Obama, 2008a), la proclama que ya estando en la presidencia difundió en los días previos a la celebración de la 5ta. Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago a mediados de abril del presente año (Obama, 2009) y el edulcorado discurso que pronunció el 17 de abril del 2009 ante ese conclave hemisférico (Obama, 2009a).
También se han tomado en consideración las principales acciones hacia América Latina y el Caribe emprendidas por esa administración desde el 20 de enero del 2009, hasta los primeros momentos del golpe de Estado que, a partir del 28 de junio de ese año, comenzó a desarrollarse en Honduras; pasando por la actitud asumida por la Secretaria de Estado, Hilary Clinton, en las discusiones de la resolución de la XXXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada a comienzos de junio del 2009 en San Pedro de Sula, Honduras, que derogó la ilegal resolución de esa organización que, en enero de 1962, había proclamado “la incompatibilidad” del Gobierno Revolucionario cubano con la mayor parte de los órganos del Sistema Interamericano (Lechuga, 1991).[2]
En razón del relativamente inmutable carácter socio-clasista y de la manera “bipartidista” en que históricamente se han elaborado las políticas internas y externas de Estados Unidos (Castro y otros, 2003; Sánchez Parodi, 2008; Gandáseguí, 2009), esta valoración sintetizará mis apreciaciones acerca de las continuidades y los cambios de esas estrategias respecto a otras administraciones estadounidenses y, en particular, respecto a las estrategias impulsadas por George H. Bush (1989-1993), William Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009) con vistas a institucionalizar lo que reiteradamente he denominado “un nuevo orden panamericano” (Suárez, 1995, 1995a, 2003, 2006 y 2007; Suárez y García Lorenzo, 2008).
La “renovación del liderazgo” estadounidense
En ese sentido y sin desconocer la ruptura que su elección significó en la bicentenaria y racista historia estadounidense, ni en otras dimensiones de la proyección externa de esa potencia imperialista,[3] lo primero que hay que resaltar es que, a la saga de sus antecesores demócratas y republicanos, desde su campaña electoral hasta la actualidad, y tratando de atender los reclamos de los sectores de las clases dominantes, así como del “unipartidista” establishment de la política económica, de seguridad, de defensa y exterior norteamericana que lo respaldan, Barack Obama se planteó expresamente renovar “el liderazgo”, “la credibilidad” y “la influencia” de su país sobre el hemisferio occidental. Todas ellas deterioradas –según su sesgado y “desmemoriado” diagnóstico— porque la administración de George W. Bush “se embarcó en una guerra desquiciada con Irak” y abandonó su promesa de “hacer de Latinoamérica un compromiso fundamental de su presidencia” (Obama, 2008).[4]
En consecuencia, su política habría sido “de negligencia hacia nuestros amigos, inefectiva con nuestros adversarios, desinteresada por los problemas que sufre la gente e incapaz de hacer avanzar nuestros intereses en la región”. Ese “vacio” –a decir de Obama— habría sido ocupado por “demagogos como Hugo Chávez” y sus aliados hemisféricos, así como por otros países de Europa y Asia; entre los que destacó a la República Popular China e Irán (Obama, 2008). Tal enfoque fue reiterado por el ratificado Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, en la audiencia que sostuvo con una comisión del Senado a fines de enero del 2009. Según la información disponible, expresó su preocupación por las “actividades subversivas” que presuntamente está desarrollando el gobierno iraní en América Latina (BBC, 2009). En primer lugar por las estrechas relaciones oficiales que ha venido estableciendo con los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela (RBV); argumento que también ha sido empleado en diversas ocasiones por la secretaria de Estado, Hilary Clinton.
Con vistas a enfrentar esas situaciones y a “liderar el hemisferio en el siglo XXI”, Obama anunció que emprenderá la que indistintamente denominó una “diplomacia directa, fuerte, agresiva, principista y sostenida” hacia todos “los gobiernos amigos, adversarios y enemigos” del hemisferio occidental, incluidos en estas dos últimas categorías los de Cuba y la RBV. Entre sus acciones al respecto –como su disposición a emprender en el momento que él considere oportuno un dialogo directo con los actuales presidentes de ambos países—[5] y siguiendo algunas de las recomendaciones de la bipartidista Comisión para una Potencia Inteligente respaldada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos (Nye Jr., 2008), Obama también anunció que –sin abandonar en los casos necesarios los instrumentos del hard power (la coerción y la fuerza)— potenciará algunos de los componentes del llamado soft power. Entre ellos, la Diplomacia Pública utilizando a “los emigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos” (incluidos los cubano-americanos),[6] el aumento de la presencia de funcionarios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como la duplicación para el año 2012 del número de los integrantes de los controvertidos Cuerpos de Paz que –desde la administración de John F. Kennedy— han venido actuando en ese continente (Obama, 2008a).
Según se infiere de las palabras de Obama, la participación de esos “voluntarios” en actividades dirigidas a “disminuir la pobreza, a combatir enfermedades como la malaria y a apoyar el desarrollo de la sociedad civil” estará orientada a contrarrestar el negativo impacto que han tenido “en la influencia de Estados Unidos” en varios países latinoamericanos y caribeños los diversos programas sociales emprendidos por Cuba y la RBV, tanto de manera bilateral, como dentro de los marcos de la actualmente denominada Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP) y de los acuerdos ALBA-Caribe.
La redefinición de “la democracia”
A la recuperación de esa “influencia” también apunta la redefinición de “la democracia” pregonada por el actual mandatario estadounidense. Así, haciendo referencias expresas a la situación de la RBV y retomando algunos de los pretextos utilizados por la administración de George W. Bush para agredir la revolución bolivariana (Golinger, 2005; CFR, 2006), durante su campaña electoral Obama señaló: “Sabemos que la libertad a través del hemisferio debe ir más allá de las elecciones […] Hugo Chávez es un líder elegido democráticamente. Pero también sabemos que él no gobierna democráticamente. Él habla del pueblo, pero sus acciones sólo sirven a su propio poder”. Y agregó: “Debemos impulsar una visión de la democracia que vaya más allá de las urnas. Debemos incrementar nuestro apoyo a legislaturas fuertes, sistemas judiciales independientes, prensa libre, vibrante sociedad civil, policía honesta, libertad de religión y el imperio de la ley” (Obama, 2008).
Como ha denunciado Eva Golinger, con vistas a cumplir esos propósitos la actual administración estadounidense ha continuado y continuará financiando a través del Centro de la Empresa Privada Internacional (CIPE), de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la reaccionaria National Endowment for Democracy (NED), fundada en 1983 por la administración de Ronald Reagan, sus diversos programas dirigidos a “fortalecer la sociedad civil venezolana” (Golinger, 2009). Es decir, aquellas instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos que –desde la administración de George W. Bush— han venido tratando de derrocar o desestabilizar al gobierno de ese país. Entre ellas, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), cuyo 20 aniversario se celebró en Caracas a fines de mayo del 2009 con financiamiento oficial estadounidense y con la presencia de prominentes figuras políticas e intelectuales de diversos países del continente que sistemáticamente participan en las campañas orquestadas por los “medios de desinformación masiva” (MDM) controlados por Estados Unidos y otras potencias imperialistas contra los procesos de cambios favorables a los intereses nacionales y populares que se están desarrollando en diversos países latinoamericanos y caribeños; en primer lugar, contra las revoluciones bolivariana, boliviana, ecuatoriana y cubana.
En este último caso, invocando reiteradamente la Carta Democrática Interamericana aprobada por la OEA en el año 2001, Obama convocó expresamente a los demás gobiernos latinoamericanos y caribeños, así como a “todos los amigos [de Estados Unidos] en las Américas” a que se unieran a su gobierno “para apoyar la libertad, la igualdad y los derechos humanos de todos los cubanos” (Obama, 2009). Con tal fin, siguiendo la lógica de las administraciones precedentes, desconociendo el repudio universal que acompaña a esa vetusta política estadounidense y a pesar del generalizado reconocimiento de su fracaso, el nuevo mandatario demócrata, al igual que otros altos funcionarios de la Casa Blanca –entre ellos el vice-presidente Joseph (Joe) Biden y la secretaria de Estado Hilary Clinton— han reiterado que mantendrán “el embargo” contra Cuba hasta que no se produzcan cambios (por supuesto, aceptables para los grupos dominantes en Estados Unidos) en el sistema político edificado por la Revolución Cubana. Según indicó Obama durante su campaña electoral, “el embargo” y el despliegue de “una diplomacia fuerte, inteligente y principista” posibilitará que su administración le presente “al régimen [cubano] una elección”: si “toman significativos pasos hacia la democracia [liberal-burguesa-representativa], comenzando con la liberación de los presos políticos, nosotros daremos pasos para normalizar relaciones”. Y concluyó: “Esa es la manera para producir cambios en Cuba” (Obama, 2008).
Cual ha planteado Esteban Morales, de lo dicho se infiere que las acciones emprendidas por esa administración hasta junio del 2009 (incluidas la ampliación de las autorización de los viajes de los cubano-estadounidenses y de las remesas que estos le envían a sus familiares radicados en Cuba) estratégicamente van dirigidas a tratar de socavar el apoyo popular al gobierno revolucionario y, por tanto, a “subvertir al país, supuestamente de manera pacífica” (Morales, 2009). Ello se confirma en las decisiones ya adoptadas por Barack Obama de continuar financiando a los “grupos disidentes cubanos” y las trasmisiones de Radio y TV Martí. Igualmente, en las sanciones que les sigue imponiendo la OFAC a los empresarios estadounidenses y de otros países del mundo que, sin su autorización, han desarrollado y quieren desarrollar relaciones económicas con Cuba. También en las limitaciones que perduran en los intercambios culturales, científicos y académicos cubano-estadounidenses, así como en el silencio que rodea las actividades del “Coordinador para la Transición en Cuba” nombrado en el 2004 por George W. Bush, así como cuya existencia y labores –a diferencia de las “leyes del embargo” aprobadas por el Congreso estadounidense— sólo depende de decisiones del poder ejecutivo (Castro, 2008).
Lo dicho, al igual que la ambivalente (y a la postre derrotada) conducta que mantuvo el Departamento y la Secretaria de Estado antes y durante la XXXIX Asamblea General de la OEA frente a las demandas latinoamericanas y caribeñas de derogar las acuerdos de esa organización que en 1962 establecieron “la incompatibilidad” del régimen socialista cubano con el Sistema Interamericano,[7] induce a pensar que, en el futuro previsible, la nueva administración solo emprenderá aquellas acciones hacia Cuba que no le generen costos políticos con los sectores derechistas y anticubanos que actúan en el sistema político estadounidense. Tal es el caso de las reiniciadas conversaciones migratorias que se habían venido desarrollando hasta el 2004, siempre que estas no conduzcan a la derogación de las disposiciones jurídicas estadounidenses dirigidas a estimular la emigración (legal e ilegal) de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos y creen las condiciones para la cooperación –demandada por el gobierno cubano— en otras áreas de interés mutuo como el combate al “narcotráfico”, al terrorismo y la prevención de los mal llamados “desastres naturales”.[8]
La “nueva” alianza de las Américas
Cualesquiera que sean los juicios que merezcan las afirmaciones anteriores, lo cierto es que utilizando la misma retórica de sus antecesores sobre “la interdependencia”, “la prosperidad”, “la seguridad”, “la libertad”, “la democracia”, los “intereses compartidos” y los “valores comunes”, todas las acciones antes referidas –y otras que veremos más adelante— formarán parte intrínseca de la que el nuevo presidente estadounidense ha denominado “una nueva alianza” entre los Estados Unidos y los gobiernos del hemisferio occidental que él considere “democráticos”. En sus enunciados públicos esa “alianza” retoma ciertos elementos de la que –antes, durante y después de la primera Cumbre de las Américas— William Clinton denominó “relación madura” con los gobiernos de América Latina y el Caribe: el presunto respeto a la soberanía y la autodeterminación de los estados-nacionales de esa región, así como un enfoque “multilateral modular” para desarrollar sus relaciones con los gobiernos de ese continente (Suárez 1995a). Igualmente retoma las condicionalidades laborales y ambientales que –según dijo Clinton y ahora repite Obama— “deben incluir todos los tratados comerciales que firme Estados Unidos” (Obama, 2008).
Desde ese presupuesto y tomando en cuenta que esos tratados “no han creado los empleos y el bienestar prometidos” para los ciudadanos y los trabajadores estadounidenses (ahora gravemente afectados por la crisis económica-financiera-inmobiliaria y los altos índices de desempleo), en su campaña electoral Obama elogió el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y Perú [e implícitamente con Chile]; pero se pronunció por “enmendar” el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). También expresó su oposición al TLC con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD, por sus siglas en inglés) y al TLC con Colombia, ambos negociados por la administración de George W. Bush. En el primer caso porque, a decir del actual presidente de los Estados Unidos, las necesidades de los trabajadores [centroamericanos] no son lo suficientemente atendidas” y en el segundo en razón de “la persistente violencia e impunidad” existente en el mencionado país suramericano (Obama, 2008a). Sin embargo, ya estando en el gobierno, Obama no ha emprendido ninguna acción para “revisar”, ni enmendar ninguno de los tratados antes mencionados. Más aún anunció que colocará en la agenda del congreso del 2009 la aprobación del TLC con Colombia (IADPG, 2009).
Merece consignar que, previamente, Obama había convalidado los principales componentes de las represivas e intervencionistas estrategias de seguridad hacia México, Centroamérica y la región andino-amazónica impulsadas por George W. Bush. En efecto, durante su campaña electoral se comprometió públicamente a continuar apoyando y a actualizar la Iniciativa Regional Andina dirigida a “batallar contra todo tipo de violencia en Colombia”, tanto la proveniente de “los paramilitares derechistas” como de la que calificó como “brutal insurgencia terrorista” encabezada por las FARC y el ELN. Con tal fin, también apoyó “el derecho” del gobierno colombiano a “atacar terroristas que busquen paraísos de seguridad a través de sus fronteras”. Asimismo, vindicó “el derecho” del gobierno de Estados Unidos a “arrojar luces sobre cualquier apoyo a las FARC [y del ELN] que venga de los gobiernos vecinos”, al igual que a condenar, aislar y, si fuera necesario, sancionar unilateralmente a los gobiernos que incurran en esas prácticas (Obama, 2008a); en primer lugar, a los de Cuba y la RBV, sistemáticamente acusados en los informes anuales sobre los derechos humanos y sobre “el terrorismo” elaborados por el Departamento de Estado (DE).
Contra el ALBA-TCP
Tales acusaciones fueron reiteradas en los informes al respecto difundidos por ese departamento en marzo y abril del 2009, respectivamente. Ese último informe, además de Irán, Siria y Sudán, mantuvo en su antojadiza lista de gobiernos “patrocinadores del terrorismo” (aquellos que, a su decir, proporcionan “apoyo crítico a grupos violentos” y, por tanto, no pueden recibir ayuda económica de Estados Unidos ni gozar de beneficios comerciales, ni de tratados financieros), a los gobiernos de Bolivia, Cuba, Nicaragua y de la RBV. En este último caso porque, a decir del DE, su gobierno no «patrulla sistemáticamente su frontera con Colombia para prevenir el movimiento de los grupos armados” que la cruzan para “descansar y reagruparse, así como para extorsionar y secuestrar venezolanos para financiar sus operaciones». Repitiendo los argumentos de la administración precedente, indicó que tal conducta estaría motivada “por la simpatía ideológica entre el presidente Hugo Chávez y los grupos insurgentes colombianos”. A ello agregó “el escaso control migratorio a personas que llegan en vuelos procedentes de Irán y Siria y la facilidad para obtener documentos de identificación”, lo que hace de Venezuela “un lugar de paso potencialmente atractivo para los terroristas» (URL, 2009).
Por su parte, en el caso de Nicaragua la acusación del DE se refirió a las “cercanas relaciones” que mantuvo su actual presidente, Daniel Ortega, con las FARC; mientras que la acusación a Bolivia se fundamentó en las “estrechas relaciones” con Irán que ha venido desarrollando el gobierno presidido por Evo Morales. A su vez –siempre según la misma fuente— el gobierno de Cuba es sindicado de patrocinar el terrorismo a causa de la permanencia en su territorio de miembros de la organización independentista vasca conocida como ETA (Euskadi Ta Askatasuna) que llegaron a ese país mediante un acuerdo con el gobierno español presidido por Felipe González (1982-1996), al igual que de las FARC y del ELN de Colombia. Asimismo, porque en las palabras del DE: “en Cuba han encontrado refugio prófugos de la justicia de EE UU”; entre ellos, luchadores por la independencia de Puerto Rico, como son los casos de algunos militantes del llamado Ejército de Liberación Boricua, más conocidos como Los Macheteros. Además porque “el sistema bancario cubano es muy opaco”, lo que –aunque reconocen que no tienen prueba alguna— pudiera ser utilizado para “operaciones de lavado de dinero vinculado al terrorismo” (URL, 2009).
Sin negar la novedad de los contactos directos que, durante la más reciente Cumbre de las Américas, desplegó el presidente Barack Obama con los mandatarios de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y la RBV, así como de las conversaciones que después de esa cita se han emprendido entre funcionarios estadounidenses de diversas jerarquías con sus correspondientes contrapartes de Bolivia y Cuba, lo dicho en los párrafos anteriores sería suficiente para demostrar otras de las continuidades de la política hemisférica de Barack Obama respecto a la de George W. Bush. Pero a ello hay que agregar la continuidad de las sanciones económicas impuestas a Nicaragua en razón del presunto “fraude” cometido por el gobierno de Daniel Ortega en las elecciones municipales del 2008, la reiteración por parte del DE de sus nunca demostradas “preocupaciones” porque “simpatizantes de [las organizaciones palestinas y libanesa] Hamas y Hezbolá recauden fondos en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay”. También sus saludos a los «serios esfuerzos” que han desarrollado para prevenir y prepararse para la lucha antiterrorista los gobiernos de Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá, Paraguay y México (URL, 2009). Este último –junto al gobierno de Canadá— tradicionalmente calificado como “un socio clave” para combatir el terrorismo.
Las dimensiones militares y de seguridad de la “nueva” alianza de las Américas
Esto explica el respaldo que –en sus diálogos bilaterales con el premier Stephen Harper y con el presidente Felipe Calderón— le ha ofrecido la administración de Obama a la denominada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Igualmente, a la cruenta y cada vez militarizada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por ese mandatario mexicano y a la llamada Iniciativa Mérida, todas impulsadas por la administración de George W. Bush. En efecto, desde su campaña electoral, el actual presidente estadounidense se comprometió a ampliar esa iniciativa hacia Centroamérica, donde –a su decir— ella “no invertía lo suficiente” y donde comienza “mucho del tráfico [de drogas] y las actividades gansteriles” que afectan el territorio de México y Estados Unidos (Obama, 2008). La primera asignación de fondos para esa multimillonaria iniciativa se concretó en los 405 millones dólares aprobados, a solicitud de la Casa Blanca, por el Congreso en marzo del 2009. De ellos, 300 millones se destinaran a México y el resto a Centroamérica, Haití y República Dominicana. Todo parece indicar que la probable distribución de esos fondos se abordó durante la reunión que a comienzos de abril del 2009 sostuvo en San José de Costa Rica el vice-presidente estadounidense, Joseph (Joe) Biden, con la mayor parte de los mandatarios centroamericanos y con el Primer Ministro de Belice,[9] así como durante las visitas realizadas a México tanto por Hilary Clinton como por Barack Obama. Esta última se produjo el 16 de abril del 2009.
En esa ocasión y retomando algunos elementos planteados en su campaña electoral, Obama anunció que –en contraste con su antecesor— emprenderá “acciones agresivas” dirigidas a reducir la demanda de drogas en Estados Unidos, así como a interrumpir el tráfico ilegal de armas, dinero y vehículos robados que, provenientes de ese país, alimentan a “los reyezuelos de las drogas” que actúan en México. Ese compromiso fue reiterado en el discurso que pronunció ante la Quinta Cumbre de las Américas. En este –además de mencionar la necesidad de combatir las causalidades sociales del consumo y el “comercio de drogas”— también señaló que a diferencia de las administraciones de William Clinton y George W. Bush convertirá en una prioridad de su proyección externa la ratificación por parte del Congreso de Estados Unidos de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados aprobada por la Asamblea General de OEA en 1997 (Obama, 2009a): instrumento jurídico que siempre ha sido rechazado por los productores y comercializadores de “armas ligeras” estadounidenses; la mayor parte de los cuales operan en los estados fronterizos con México.
Llama la atención que, previo a esos anuncios de Obama, visitó México, por primera vez en la historia, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Michael Mullen (Saxe-Fernández, 2009), y que días después de esa visita el subjefe de esa dependencia, general James Cartwright, anunció públicamente que el Comando Norte de las fuerzas armadas estadounidenses (NORTHCOM) se implicará en “la lucha contra los cartels de las drogas” que actúan en México. También confirmó el inicio el 20 de abril en la base naval de Mayport, Florida, de las maniobras navales UNITAS Gold-09. En estas participaron, también por primera vez en la historia de las relaciones militares de ambos países, “más de 350 elementos de la Secretaria de Marina Armada de México”. Como ya es tradicional en los ejercicios UNITAS, sistemáticamente organizados por la Marina de Guerra estadounidense, a esas unidades mexicanas se unieron “destacamentos castrenses de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay” (La Jornada 2009). Fragatas de algunos de esos de esos países, al igual que de Estados Unidos posteriormente “visitaron” Cartagena de Indias, Colombia: país que –en razón de su privilegiada posición geográfica (además de “custodiar” el Canal de Panamá, tiene fronteras terrestres o marítimas con 12 Estados del continente)— sigue siendo considerado “estratégico” para los intereses geopolíticos y de la cacareada “seguridad nacional” de Estados Unidos (CFR, 2004).
En ese contexto, merece resaltar que la dimensión militar de las relaciones interamericanas ha estado sospechosamente ausente de los enunciados públicos de la “nueva alianza entre las Américas” propugnada por Barack Obama. A pesar de sus ambivalentes criticas al empleo de la tortura por parte de funcionarios de la CIA (ninguno fue sancionado), este tampoco se ha pronunciado contra los Tratados Bilaterales de Inmunidad (que prefiero llamar de “impunidad”) para los funcionarios civiles y militares estadounidenses que cometan crímenes de lesa humanidad fuera del territorio estadounidense signados por la administración de George W. Bush con los gobiernos de varios países latinoamericanos y caribeños (García Rivero, 2003). Esto –junto a otros elementos ya referidos— induce a pensar en la continuidad de las estrategias de defensa y seguridad desarrolladas por su antecesor.
Sobre todo por los voluminosos fondos asignados al presupuesto militar estadounidense (IAEDPG, 2009), por la ya referida ratificación del secretario de Defensa de la administración de George W. Bush, Robert Gates, por el mencionado respaldo que Obama le ha dado a los principales planes político-militares emprendidos por esa administración en el hemisferio occidental, así como por la confirmación pública de las gestiones emprendidas por el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses (SOUTHCOM) con vistas a trasladar hacia el territorio colombiano (en particular hacia el aeropuerto de Palanquero), las principales “facilidades” que hasta hace poco tenían disponibles en la base de Manta, Ecuador (Robledo, 2009; Díaz, 2009).
A tal fin la Casa Blanca le ha solicitado al Congreso 46 millones de dólares (IAEDP, 2009a), los que se unen a los 513 millones de dólares de “ayuda” a Colombia solicitados por la Casa Banca para el presupuesto federal del 2009-2010 (El Tiempo, 2009). Esas asignaciones –al igual que los fondos destinados a la Iniciativa Mérida– no incluye los recursos financieros que –sin control del Congreso— ha venido destinando el Pentágono a apoyar las fuerzas armadas de los países implicados en la Iniciativa Regional Andina; en primer lugar a Colombia y Perú (Isaacson, Olson y Hangaard 2005); cuyo actuales mandatarios siguen siendo considerados por la Casa Blanca como sus mejores interlocutores en la región andina.
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