Golpe de estado en Honduras – Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado

Leticia Salomón

ALAI

A. LOS HECHOS.

1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE. El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas.

El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO

El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.

La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.

3. EL DESENCADENANTE

La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.

B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA

Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:

1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento). 

2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.

3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.

4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los “poderes fácticos” que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.|

C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS 

1. El presidente quería imponer la democracia participativa

La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.

2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales

La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.

3. El Presidente pretendía continuar en el poder

El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.

4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país

La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.

5. El Presidente ha incumplido sus funciones

El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.

D. EL PAPEL DE LOS MILITARES

Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.

E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:

1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo

La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.

2. Sustitución versus derrocamiento

La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.

3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios

El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.

4. De candidato perdedor a presidente de facto

La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.

F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:

1. Politización partidaria de las instituciones

Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.

2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo

En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.

3. Incapacidad política para lograr acuerdos

De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.

4. Recurrencia a poderes arbitrales

Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.

5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación

Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.

G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO

Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.

Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.

Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros. 

· Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.

· Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.

· Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer. 

Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009

Leticia Salomón es socióloga y economista, profesora-investigadora del

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de

Honduras e investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras

(CEDOH). Autora de varios libros de análisis político-social.

 

Prensa hondureña: El golpe cocinado en el fuego mediático

Yaifred Ron y Mauricio Rodríguez

Cubadebate

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Acuciosa investigación de dos periodistas venezolanos prueba que, montados sobre las matrices desinformativas que ya habían sido fabricadas contra el presidente venezolano Hugo Chávez, el sistema mediático de la oligarquía hondureña preparó el terreno para los acontecimientos que se precipitaron en ese país a partir del pasado domingo. Una revisión de los titulares y editoriales de los periódicos El Heraldo, La Prensa y La Tribuna da cuenta de cómo han jugado al golpismo, intentando crear un clima adverso a Zelaya y a la consulta.

“La pretensión del presidente Manuel Zelaya Rosales de que se instale una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre, a manera de realizar un referendo para que la población diga si está de acuerdo o no con que se reforme la Constitución de la República, ha causado hilaridad entre algunos congresistas”, publicaba el diario hondureño El Heraldo, el pasado 16 de marzo. Tres meses después, la hilaridad ha dado paso a un golpe de Estado.

La nota a la cual nos referimos, encabezada con el titular “La cuarta urna es una locura en Honduras”, ya mostraba la primera estrategia político-mediático para frenar los cambios en el país centroamericano: la idea de consultar al pueblo sobre el tema constitucional no sólo es una locura -“en qué cabeza cabe”, dice un diputado-, sino que es algo “trasnochado” y “trivial”. Es decir, la apuesta parecía ser la banalización del planteamiento hecho por el gobierno.

Pero también encontramos en esa nota el tema de la reelección presidencial, que será utilizado como ariete, en una campaña que se volvió francamente violenta y desembocó a finales de junio en la petición de una “jugada final” que emboscara la consulta popular.

 

El planteamiento de la cuarta urna, sin embargo, no incluía la reelección ni la “eternización en el poder”. Lo que se pretendía era consultar a los hondureños, este 28 de junio, si en las próximas elecciones se agregaba una cuarta urna, para preguntarle a la población si quería que una Asamblea Nacional Constituyente redactara una nueva Constitución.

“No gobernaré ni un día más”, había dicho Zelaya respecto a su propuesta. Pero los medios no dieron tregua. Machacaron la idea del “continuismo”, de las “ansias de poder” de Zelaya, e incluso señalaron que lo que estaba en juego era la libertad de los hondureños.

Montados sobre las matrices desinformativas que ya habían sido fabricadas contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, y su propuesta de enmienda constitucional -aprobada en referendo popular el pasado 15 de febrero-, el sistema mediático redujo la propuesta a un “afán de perpetuarse en el poder”.

Esto incluía además la descalificación hacia gobiernos y procesos sociales que han logrado redactar una nueva Constitución -aprobación popular mediante-, en Bolivia, Ecuador y Venezuela. El caso de Venezuela, se aderezó con una fuerte manipulación que buscaba apuntalar una “injerencia” del presidente Chávez en Honduras. Igualmente, acusaban a Zelaya de pretender “calcar el sistema político implantado por Hugo Chávez”.

Una revisión de los titulares y editoriales de los periódicos El Heraldo, La Prensa y La Tribuna da cuenta de cómo han jugado al golpismo, intentando crear un clima adverso a Zelaya y a la consulta.

“Se acerca la jugada final”

El domingo 28 de junio, día en que debía realizarse la consulta y finalmente se perpetró el golpe de Estado, El Heraldo publicó un titular que anunciaba la movida golpista. Con el título “Se acerca la jugada final”, el periódico afirmaba que la crisis política había llegado al paroxismo y revelaba los elementos que causan escozor a la derecha hondureña:

No hay duda que el gestor de la crisis es el presi- dente Manuel Zelaya. Fue electo por un partido político de derecha y pretende ser un líder de izquierda.

Se apartó de las estructuras que lo llevaron al poder; ha desconocido el orden establecido, contraponiéndose a la Constitución vigente y desafiando a los otros dos poderes del Estado.

Lo que El Heraldo y la clase política dominante no perdonan a Zelaya, según este discurso reaccionario, es no haber hecho un gobierno de derecha y no estar conforme con el “orden establecido”. Más aún, el editorial proclama la molestia de estos sectores porque hace tiempo el Presidente “optó por desconocer las bases legales sobre la que se ha estructurado la Honduras que hoy tenemos y buscar ‘legitimación’ en las calles”.

 

Sin embargo, el periódico -o más bien el órgano propagandístico- advierte que “los defensores de la actual Constitución” tienen mayores posibilidades de ganar la partida, porque “han expuesto” al Presidente “como alguien que está en abierta rebeldía contra las leyes que nos rigen”.

Añade el editorial que “las actuales son horas decisivas en esta batalla” y pide a la población en general “mantenerse en calma”, pues “los militares ya demostraron su madurez, su plena consciencia sobre la realidad actual y el papel que les corresponde en el sistema democrático. Esperemos, entonces, la jugada final de esta partida que solo es una más en el largo proceso por el fortalecimiento y profundización de la democracia”. En otras palabras, el golpe presentado como necesario.

Manejos Oscuros

Ese mismo día, El Heraldo publica otras dos notas totalmente antiperiodísticas. Son piezas de agitación. En “Oscuro manejo de fondos para la encuesta”, el diario escupe: “Misterio, engaño y silencio. Así maneja el gobierno el proceso de la cuarta urna al negarse, en reiteradas oportunidades, a decir cuánto se ha gastado en este proceso. Pese a que las finanzas públicas flaquean, el Ejecutivo no se ha medido para hacer una campaña monumental para promover esta ilegal consulta”.

Otra nota, titulada “Una campaña de desprestigio fracasada” -publicada también en el periódico La Prensa, del mismo grupo editorial-persigue justificar acciones contra el presidente Zelaya y su gobierno cuando señala que “el Poder Ejecutivo comenzó en 2007 la campaña de agravios contra el Poder Legislativo, luego le tocó el turno a la Corte Suprema, el Ministerio Público, Procuraduría y ahora contra las FF AA. El objetivo del Poder Ejecutivo era uno: desprestigiar la institucionalidad del Estado, generar caos y dudas sobre el sistema de gobierno e imponer uno, no propio, más bien calcado, para continuar en el poder”. Y otra frase escrita cuando aún no se había concretado el golpe: “Para suerte de Honduras la misión fracasó…”.

loS MedioS “SorprendidoS”

Si el editorial del domingo de El Heraldo resulta comprometedor, el que publica el lunes 29 La Tribuna es prácticamente delator. Bajo el título “Desenlace” este periódico se preocupa en subrayar que no conocía los hechos con antelación:

Debemos decir que no teníamos conocimiento de cuanto iba a suceder. Ni supimos de los hechos con antelación, hasta que estos nos sorprendieron. Ni podemos estar de acuerdo con que todo esto aconteciera. Nos entristece profundamente. Este no es momento de fiesta para nadie, sino para lamentar que fracasó el diálogo y los acontecimientos fueron agravándose y empujándose unos a otros hasta llegar al lugar en que estamos. Más bien es necesario rogar que prevalezcan los más altos intereses nacionales y que, cualquiera sea el desenlace final, se salve la República.

Agrega el editorial que el país alcanzó una “etapa crítica de confrontación social, desgraciadamente alimentada desde el mismo gobierno, donde se fueron polarizando, cada vez más, quienes defendían el Estado de derecho y quienes pretendían convocar una Constituyente para darle cristiana sepultura a la Carta Fundamental”.

Tras colocar al presidente Zelaya entre los enemigos del Estado de derecho, el diario se dedica a hacer digerible la acción golpista, sugiriendo que con el golpe se evitó un derramamiento de sangre:

No se había llegado a la convulsión, pero el conflicto era de tal naturaleza y la crisis era tan aguda, que el país estaba peligrosamente caminando a un punto crítico que podía desencadenar en derramamiento de sangre. Eso no debe permitirse. (…) ¿Hasta dónde pudo haber llevado el enfrentamiento escalonado y a que costo y consecuencias, de seguir en esa procesión? Y si un conflicto no de provocarse y menos exacerbarse, también debe hacerse cualquier cosa, dentro de la ley, para evitar que sucedan cosas más graves que después deban lamentarse.

Revisar el archivo de los editoriales más recientes de La Tribuna, sirve también para la radiografía del golpe. El domingo 28 de junio, “Días difíciles” se dedica a disertar sobre los errores históricos de los pueblos, la importancia de la libertad y “las cosas (que) se aprecian hasta que se pierden”.

El día anterior, el tono es menos seudofilosófico y bastante más de confrontación. Titulado “Capote”, el editorial señala que el nombre de Honduras anda como “trapo viejo en el ámbito internacional” por el conflicto de “esta tal ilegal encuesta gubernamental” y recurre al burdo argumento -también utilizado en Venezuela- de que el gobierno se ocupa del cambio constitucional mientras desatiende los problemas “reales”.

La OEA discutiendo la crisis política hondureña a petición del gobierno. Habrase esperado semejante situación. Como si todo eso va a ayudar a que venga inversión al país. Ya de por sí la crisis económica tiene al país de rodillas, menos para que venga inversión cuando toda la gente está asustada y ahora el susto pasa a nivel internacional.

Los problemas nacionales descuidados, como si no hubiese problemas que atender. Los funcionarios públicos andan diseminados por todo el país, primero era recogiendo firmas y ahora montando la estructura para la tal consulta. Engañando al pobre pueblo pobre, pintándole espejismos, haciéndole creer que con eso va a resolverse los problemas del país. Que la pobreza va acabar, el crimen y la violencia van a apaciguarse, el desempleo va disminuir, los hospitales van a estar llenos de medicinas, la gasolina y demás artículos de consumo básico van a bajar de precio, etc. etc., con una nueva Constitución. Mucha gente es más viva. Acepta la propinita y dice que apoya la “cuarta”, sabiendo que este es el momento de conseguir. Después, quién sabe. Los más entusiasmados son todos estos dirigentes y activistas a los que han ofrecido integrar planillas de la Constituyente para darle cristiana sepultura a la Constitución.

El 25 de junio, el editorial se ocupa de una marcha contra la consulta, con el título “Multitudinaria”: “Por si existía alguna duda sobre hacia donde se inclina la voluntad popular, la multitudinaria marcha en San Pedro Sula, organizada por las iglesias evangélicas, de defensa de la Constitución, de la paz y de la democracia, es testimonio suficiente”. Cita además el mensaje de un reverendo, llamado Misael Argeñal, quien señala en su discurso que “Dios estableció el orden para que podamos convivir en sociedad; donde existe el orden está Dios, donde hay desorden brilla la confusión y se brindan los espacios para que el mal gobierne”. No contento, Argeñal agrega: “Si ahora se permite que, sin fundamentos, se produzca una nueva Carta Magna la maldad humana se ensañará otra vez de nuestra tierra y la volverá a prostituir”.

Finalmente, el editorial del lunes 29, publicado por La Prensa, llama a no mirar hacia atrás: “Volver la vista atrás sólo nos debe servir para evitar los errores y crear las condiciones de participación de todas las fuerzas para enfrentar, en diálogo nacional, los graves problemas que han sido relegados pese al reclamo de la población. Es lamentable lo sucedido, pero también es urgente, como reto de la sociedad, recuperar la convivencia armoniosa entre todos los hondureños y retornar a la calma lo antes posible para no hacer más daño al país”.

El domingo 28, día que amaneció con el golpe en marcha, La Tribuna dedica su titular principal a una “intromisión” de Chávez, que habría causado “alarma en vastos sectores” hondureños.

La nota, tomada de AFP, recoge declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, quien aseguró que el “irrespeto con que Chávez trata al pueblo hondureño, no se lo vamos a perdonar”.

Y del obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Andino, quien no ocultó su preocupación porque en Honduras “se está dando” lo mismo que se “ha dado en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador” al sumarse a las iniciativas políticas de Chávez.

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Micheletti aseguró además que “12 asesores” nicaragüenses y venezolanos habían llegado el día anterior a Honduras para colaborar con Zelaya.

En las fotos que acompañan la nota se leen las leyendas: “Los mandatarios de Venezuela, Ecuador y Bolivia violentan la libertad de expresión” y “Para lograr su objetivo, Hugo Chávez ha cerrado medios de comunicación, para callar a los periodistas”.

Mientras tanto, el titular de La Prensa está dedicado directamente contra la consulta: “Fiscalía solicita a población no votar”. El periódico cita al coordinador del Ministerio Público, Rafael Fletes, quien habría alertado que al votar “se incurre en el ilícito de traición a la Patria, cuya pena menor es de diez años de reclusión”.

Un titular más pequeño se refiere también al Presidente venezolano: “Alarma por intromisión de Chávez”. La foto de portada es sustituida por una caricatura, dirigida a incentivar el temor a la consulta -por si acaso era poca la amenaza de diez años de reclusión-.

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Por su parte, El Heraldo recurre directamente al fiscal general Luis Alberto Rubí, quien también advierte que el que vote incurre en delito. Con el titular “MP levantará actas por encuesta ilegal”, el diario señala que “además de ilegal, (el) proceso no es transparente”.

Pero las portadas de ese día no son aisladas. Forman parte de la ruta del golpe, en su cara mediática. Basta echarle un vistazo a algunas de las primeras páginas de La Prensa y El Heraldo, para saber con qué condimentos la prensa hondureña sazonó los preparativos del golpe.

En La Prensa el énfasis fue puesto en los cuestionamientos de la jerarquía católica reaccionaria, en la fabricación de una imagen de multitudes marchando contra la consulta, en defensa de la Constitución; y en alabar y justificar la intervención de las fuerzas armadas. Amén de atizar un clima de inestabilidad e incertidumbre.

Entretanto, El Heraldo se centró en descalificar al presidente Zelaya y su gobierno, sobre todo por el lado económico, incluso pronosticando una debacle. Insistía además en la “ilegalidad” de la consulta y en el “masivo repudio” a esa ilegalidad. Y alimentaba la matriz del continuismo y el totalitarismo. Nunca se refería a Manuel Zelaya como el presidente de Honduras, sino simplemente como “Mel”, que más que una abreviatura del nombre parecía usado como un alias criminal.

Ni una sola voz, ni un solo titular en defensa de la consulta. Leer estas primeras páginas es imaginar que en toda Honduras solamente Manuel Zelaya -presidente que la prensa coloca al margen de la legalidad-apoyaba la consulta. Todo lo que pudiera jugar a favor del referendo está aquí totalmente invisibilizado. Sí están presentes, en cambio, las matrices detrás de las cuales intentarán lavarse la cara los golpistas: la polarización de la sociedad, la necesidad de defender la Constitución, la insistencia del gobierno en la ilegalidad y la injerencia extranjera.

Titulares de La Prensa

27 de junio

IGLESIA CATÓLICA NO APOYA CONSULTA ILEGAL

Le aclara al Gobierno que el cristiano no respaldara lo ilegítimo. En todo esto “se ve la mano de Chávez”, advierte el obispo Darwin Andino.

26 de junio

INCERTIDUMBRE

El Congreso Nacional analizaba esta madrugada destituir a Manuel Zelaya como presidente de la República debido a sus continuas violaciones a la ley. Chávez amenaza con “hacer lo que haya que hacer” en Honduras. Romeo Vásquez fue restituido como jefe de FF AA. Mel aseguró que se conjuró un golpe de Estado.

25 de junio

FFAA LEALES A LA CONSTITUCIÓN

En represalia, el presidente Manuel Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, y le aceptó la renuncia al ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Solidarios con Romeo Vásquez, dimitieron los comandantes del Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea.

 

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24 de junio

NO TRAICIONARNOS PIDEN A LAS FFAA

Multitudinaria marcha rechaza la intención del Ejecutivo de hacer una encuesta que permita cambiar la Constitución. Al jefe militar le recuerdan su obligación de defender la democracia.

Otros titulares:

* 15 años de cárcel pueden caerle a quien participe en encuesta del domingo

* Chávez quiere deshacer sindicatos en Venezuela

* Diputados solicitan a OEA no mandar observadores

 

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23 de junio

MILES MARCHAN HOY POR LA DEMOCRACIA

 

Sampedranos salen esta tarde a las calles para defender la Constitución. También habrá caminata en La Ceiba y de los hondureños en Miami.

Otros titulares:

* Absoluto rechazo a Mel y la cuarta urna en Internet

* Micheletti teme el envío de turbas al Congreso Nacional

 

21 de junio

IGLESIA: DE UN HILO PENDE GOBERNABILIDAD

Fides, el medio de comunicación del catolicismo, dice que Fides, el medio de comunicación del catolicismo, dice que Honduras vive una época de infantilismo de izquierda.

Otros titulares:

 

* Jóvenesinvitanalamarcha.Colocaroncalcomaníascon el eslogan “Por una Honduras en paz y libertad” y repartieron hojas volantes sobre la actividad del martes en San

 

* Pedro Sula, en la que se defenderá la Constitución.

 

20 de junio

SIGUE MASIVO RECHAZO A LA CUARTA URNA

¡Viva la Constitución, fuera Mel!, gritaban en plantón en pleno centro capitalino. Obispos llaman al diálogo y se pronuncian en contra de encuestas ilegales. Evangélicos se preparan para multitudinaria marcha del martes en San Pedro Sula.

19 de junio

JUZGADO ORDENA A FF AA NO PARTICIPAR PARTICIPAR EN ENCUESTA

Juez le giró la misma comunicación al ministro de Seguridad, Jorge Rodas, y advierte que si incumplen sentencia, incurren en tres delitos.

Titulares de El Heraldo

27 de junio

OTRA MUESTRA MASIVA DE REPUDIO A LA ILEGALIDAD

 

Multitudinaria marcha de capitalinos contra la encuesta de “Mel”. Reservistas militares también salen a las calles en defensa de la Constitución. Mientras el pueblo califica de héroe al general Romeo Vásquez, Hugo Chávez lo insulta y lo tilda de gorila. OEA, ONU, EEUU y UE piden solución a crisis respetando institucionalidad. Temen que nicaragüenses sean los que llenen las urnas. Comisionado solicita a hondureños quedarse en casa el domingo. 8 de cada 10 sampedranos están en contra de la consulta y 6 de cada 10 sospechan de continuismo de “Mel”.

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24 de junio

NO A LA ILEGALIDAD

Miles de sampedranos salen a las calles a defender la democracia, la Constitución y la libertad.

Otros títulos:

 

* Microeditorial: Oídos sordos (del gobierno de Zelaya, por supuesto)

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23 de junio

GOBIERNO DE “MEL” SUBE LA DEUDA EN TRES AÑOS

Según la revista The Economist, la deuda externa pasó de

2,000 a 3,600 millones de dólares. Datos de Finanzas muestran que cada hondureño debe ya casi 8,000 lempiras.

Otros titulares:

Encuesta de “Mel” será manipulada. Analistas sugieren quedarse en casa Microeditorial: Obstinación.

22 de junio

INDICADORES PRESAGIAN DEBACLE ECONÓMICO

Gobierno no se preparó para enfrentar la crisis financiera. Hoy el país carece de recursos para necesidades básicas por la caída de ingresos tributarios, remesas y exportaciones

Otros titulares:

* Niegan atención médica por no apoyar encuesta

* Microeditorial: Crisis desatendida

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21 de junio

“LA GOBERNABILIDAD PENDE DE UN HILO”

Iglesia Católica advierte que el país vive un “infantilismo de izquierda”. La falta de diálogo conduce a establecer un régimen totalitario.

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20 de junio

LAS CONSULTAS DEBEN ESTAR DENTRO DE LA LEY

Carta pastoral llama al diálogo ante crisis política y pide retomar los verdaderos problemas del país, como desempleo, crimen organizado, creciente ola delictiva y auge del narcotráfico.

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19 de junio

 

JUEZ ORDENA A LAS FF AA NO APOYAR CONSULTA ILEGAL

Se exige a “Mel” informar en cinco días las acciones que ha realizado para no hacer la encuesta. Juzgado libra comunicación al ministro de Seguridad sobre decisión de suspenderla

18 de junio

CLIMA POLíTICO ALEJA INVERSIÓN ExTRANJERA

Embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, dice que todo lo que genera incertidumbre en un país no ayuda a crear más inversión y lamenta nivel de polarización

17 de junio

“MEL” DEJARá DéFICIT DE 8 MIL MILLONES

Asustado el Fosdeh por histórica herencia al nuevo gobierno. Avizoran devaluación y más alzas en servicios públicos.

En tres meses de 2009, déficit fue de 2,000 millones la cuarta fue la vencida

El 29 de junio, como era de esperarse, ninguno de los tres periódicos habla de golpe de Estado. Destacan que Micheletti, nombrado por el Congreso para darle sazón institucional a la acción golpista, es el “nuevo presidente” o el “presidente constitucional”. El Heraldo titula simplemente “Asume Micheletti” y completa con el siguiente sumario:

Las Fuerzas Armadas capturan a Zelaya Rosales, lo sacan del país e impiden realizar la encuesta, por orden de los tribunales de justicia. Congreso Nacional aprueba decreto para separar de la Presidencia a Zelaya. Diputados eligen a Micheletti para que concluya período presidencial. TSE garantiza elecciones de noviembre. Comunidad internacional pide respetar la democracia.

El sumario da para varios comentarios, pero pongamos solamente uno: se omite que la comundad internacional pidió el retorno inmediato de Zelaya y condenó el golpe de Estado, considerándolo un retorno a la barbarie.

En una nota interna, “Encuesta y cuarta urna: los nombres de la crisis”, se celebra que la cuarta urna esté “enterrada” y sea ya “un triste pasado en la memoria de los hondureños”. No deja de remachar que la finalidad de la “encuesta” era “derogar la Constitución de la República”, el principio del camino” a dar un zarpazo a la carta magna”, de cuya irregularidad Zelaya “pretendió que los hondureños fueran cómplices”.

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La Tribuna, más relajado, se permite incluso un mal chiste:

“Esta vez, la cuarta fue la vencida”.

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L racismo ya es ley en Italia: El orgullo y el olvido

Gorka Larrabeiti

Rebelión

Después de tres mociones de confianza el Senado italiano aprobó ayer el paquete de normas sobre seguridad, que ya son ley. Delito de inmigración irregular, endurecimiento de las reglas para acceder y mantener la regularidad, endurecimiento de las penas para quien alquila inmuebles a los “sin papeles”, tasación de las sanciones (entre 5.000 y 10.000 euros), obligación de los funcionarios públicos (médicos y directores de escuelas excluidos) de denunciar a los inmigrantes que quieran acceder a servicios administrativos públicos, extensión del internamiento en los centros de detención (de 90 días se pasará a 180), pago de 80 a 200€ para obtener el permiso de residencia, examen de italiano y firma de un “acuerdo de integración en pro de la convivencia de los ciudadanos italianos con los extranjeros”, liberalización de las rondas o milicias privadas (no armadas, sin uniforme) y de los aerosoles de pimienta, recuperación del delito de ultraje a la autoridad (pena de hasta 3 años), persecución de la mendicidad y de los grafiteros: la Italia de derechas está contenta, imaginando ya limpias las calles. Maurizio Gasparri, presidente de los senadores del Partido de la Libertad berlusconiano se enorgullece -“Una ley para los italianos”-; el ministro del Interior, Roberto Maroni (Liga Norte), “cerebro político” del decreto, declara que “es un paso adelante muy importante para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

La oposición protesta con dureza. “Es el precio que paga el gobierno a la Liga Norte”, declara Dario Franceschini, secretario del Partido Democrático. “No se destinan más recursos a las fuerzas de policía pero sí pasa el delito de clandestinidad que atascará el trabajo de los magistrados, y abarrotará las cárceles sin perseguir la criminalidad que explota la inmigración clandestina”. Los diputados de Italia de los Valores levantaron en el hemiciclo carteles que decían: “Los verdaderos clandestinos sois vosotros. Gobierno: clandestino del Derecho”.

En declaraciones al ‘Corriere della Sera’, el secretario del Consejo Pontificio para la pastoral de los migrantes y de los itinerantes, monseñor Agostino Marchetto, dijo que la ley sobre seguridad traerá “muchos dolores y dificultades” a los inmigrantes. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos de un país mayoritariamente católico aprueba las medidas. El Vaticano critica, ma non troppo. Recordemos la dureza de las declaraciones cuando la muerte de Eluana Englaro. Protestar de veras, sostienen algunos católicos, significaría abrir las puertas de las iglesias a los inmigrantes.

Lean este texto con atención:

“Generalmente son de pequeña estatura y de piel oscura. No les gusta el agua y muchos apestan porque llevan la misma ropa durante semanas. Se construyen chabolas de madera y aluminio en los suburbios de las ciudades donde viven, encima unos de otros. Cuando consiguen acercarse al centro alquilan carísimo apartamentos cochambrosos. Se suelen presentar dos y buscan una habitación con cocina. Luego se convierten en cuatro, seis, diez. Entre ellos hablan lenguas incomprensibles para nosotros, tal vez dialectos antiguos. A muchos niños los usan para pedir limosna y delante de las iglesias suelen ponerse mujeres vestidas de negro y ancianos que claman piedad con tono penoso. Dicen que tienen querencia al robo, y si se les obstaculiza, se vuelven violentos. Nuestras mujeres los evitan no sólo porque son poco atrayentes y salvajes sino porque se ha extendido el rumor de algunas violaciones ocurridas en calles periféricas al volver las mujeres del trabajo.

Nuestros gobernantes han concedido demasiadas entradas en las fronteras pero sobre todo no han sabido seleccionar entre aquellos que entran en nuestro país para trabajar y quienes piensan vivir como parásitos o incluso de actividades criminales…

[…] Les invito a comprobar los documentos de procedencia y a devolver a sus países a la mayoría.

Nuestra seguridad debe ser la primera preocupación.”

Es un fragmento de un informe de la Inspectoría para la Inmigración del Congreso sobre inmigrantes italianos en Estados Unidos. En octubre de 1912 los clandestinos eran otros…

 

“BRIC se escribe sin M”

Jorge Eduardo Navarrete

La Jornada

 

Con este título, de ahí las comillas, Alejandro Nadal publicó en La Jornada el 31 de enero último un cuidadoso análisis de este cuarteto de economías emergentes y explicó por qué no era factible añadirle la quinta inicial. A mediados de junio, en una cumbre que no ha recibido la atención que merece, los jefes de Estado o de gobierno de los cuatro países se reunieron en Yekaterinburgo, formalizando de este modo la existencia de un nuevo grupo, surgido a principios de siglo de la imaginación de un analista de prospectiva de una entidad financiera privada: Goldman Sachs, algo maltratada por la crisis.

No es el BRIC la única agrupación internacional a la que pertenecen sus cuatro integrantes. Rusia forma parte del Grupo de los Ocho, que, antes de incorporarla, se autodesignó y actuó de hecho como consejo de administración de la economía mundial y la sumó finalmente más por su poderío nuclear que por su ponderación económica. Como se sabe, consciente de su influencia declinante en la economía global y de la consecuente menor eficacia y legitimidad de sus decisiones, el G-8 invitó a los líderes de cinco economías emergentes a estar presentes en los márgenes de sus cumbres anuales, a emitir algunas opiniones y asumir ciertos compromisos que le interesaban, en materia de apertura de mercados y de cambio climático, por ejemplo. Los otros tres BRIC –Brasil, China e India– forman parte de este G-5. ¿Y los otros dos? Ni México ni Sudáfrica fueron invitados a Yekaterinburgo. En diversas ocasiones, el gobierno de México proclamó que se le incluiría y, al respecto, Calderón ha persistido en formular previsiones bastante risibles respecto del rango que, según él, México ocupará entre las economías del mundo. Ahora que el nuevo grupo se institucionaliza, se confirma que BRIC se escribe sin M.

La emisión, con plenas formalidades, de una declaración conjunta de los cuatro líderes no permite dudas acerca de la institucionalización del BRIC. Ésta se manifiesta también en la intención expresada de fortalecer su colaboración al amparo de ese formato y en el anuncio de que en 2010 volverán a congregarse, esta vez en Brasil. De mayor importancia es el hecho de que el BRIC haya decidido encuadrar sus acciones en el ámbito del G-20, que desde finales del año pasado ha asumido el papel de organización multilateral coordinadora de las respuestas globales a la crisis, por cierto aún pendientes de formular en lo esencial. Para completar su filiación en el mundo multilateral, el BRIC reconoce la importancia de la sesión especial de la Asamblea General sobre la crisis, celebrada la semana pasada en Nueva York. Habida cuenta de estas dos referencias, es en extremo significativo que el Comunicado de Yekaterinburgo no aluda, en ningún momento, al G-8. Quizá pueda decirse que el BRIC concibe que las respuestas globales a la crisis deben adquirir legitimidad política universal en las Naciones Unidas y especificidad funcional y operativa en el G-20. Con todo, sería prematuro escribir el obituario del G-8 y de su adlátere, el G-5.

En cuestiones de sustancia, debe advertirse la importancia que el BRIC atribuye a la reconstrucción institucional de las finanzas mundiales. En el comunicado, se enumeran cuatro principios que, a su juicio, deben caracterizar a una arquitectura económica y financiera global ya reformada: a) un proceso de adopción e implementación de decisiones democrático y transparente en las organizaciones financieras internacionales; b) bases legales sólidas; c) compatibilidad de las actividades de las instituciones nacionales de regulación financiera y las de los órganos internacionales normativos, y d) prácticas fortalecidas de gestión de riesgo y de supervisión. No es necesario ir más allá de la lectura de estos principios para hallar una de las razones de por qué México no fue invitado a Yekaterinburgo. Hace casi tres años apoyó y se benefició de un tímido intento ad hoc de corregir el desalineamiento de las cuotas del FMI, que fue objetado por, al menos, dos de los cuatro BRIC: Brasil e India. Esta operación, que se concentró en sólo cuatro países, fue denunciada por su insuficiencia, su selectividad y la escasa transparencia con la que fue manejada. En ese momento, en lugar de defender la representatividad y transparencia de las decisiones y presionar por una revisión amplia y significativa del sistema de cuotas, México decidió aceptar el plato de lentejas de un incremento casi infinitesimal de la que le corresponde. Hay otra diferencia, que basta mencionar con brevedad: tras las decisiones del G-20 en abril en Londres respecto de los recursos del FMI, hay en este momento dos tipos de miembros: los que ponen a disposición del Fondo recursos para ampliar el rango y alcance de sus operaciones y los que reciben recursos del Fondo para aliviar sus insuficiencias financieras. ¿Será necesario explicitar a cuál de estos tipos pertenece Brasil y a cuál México?

En su comunicado, al reconocer que los mayormente afectados por la crisis son los países más pobres, el BRIC reitera su compromiso con los objetivos del Milenio y, en especial, llama a los países avanzados a cumplir su compromiso de dedicar siete décimas del uno por ciento de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial al desarrollo. No recuerdo con precisión desde cuándo estas demandas dejaron de formar parte del lenguaje de la diplomacia económica mexicana. ¿Desde que ingresamos a la OCDE para tener el honor de ocupar el último lugar en prácticamente todos los ranking que la organización divulga? Parece que queda bastante claro por qué BRIC se escribe sin M.

http://www.jornada.unam.mx/

 

Golpe de estado en Honduras: Argumentos de derecho constitucional primario para una oligarquía golpista primaria

Francisco Palacios Romeo

Rebelión

Existe una casi sospechosa unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras. Esta actitud viene facilitada por la nueva estrategia de la presidencia estadounidense.

Por otro lado, la mayoría de esos mismos gobiernos, grupos económicos y grupos mediáticos no dejan de considerar, e incluso de avalar, los argumentos que dieron lugar a ese mismo golpe. No dejan de deslizar numerosas sombras de sospecha sobre el comportamiento jurídico-constitucional del presidente Zelaya. En definitiva tratan de presentarlo como un presidente autoritario, institucionalmente indecoroso. En un juego siniestro de mimetismos con los presidentes Chávez, Morales, Ortega o Correa.

El argumento y la matriz mediática siempre son los mismos: no son demócratas, intentan generar un modelo constitucional no homologable y recurren a instrumentos jurídica y políticamente pérfidos. Sin embargo la cuestión tiene premisas contrarias. Historia, teoría, ideología y premisas constitucionales contrarias.

LA MANIPULACIÓN SOBRE LA PREGUNTA

La consulta que pretendía hacer el Presidente Zelaya no versaba sobre su reelección. Eso ha sido una manipulación más de la gran prensa hegemónica en general, de los medios de comunicación internacionales en particular y de los distintos grupos de poder que acostumbran a violar el derecho a la información según sus intereses. La pregunta versaba sobre una hipotética convocatoria para una Asamblea Constituyente, allá por noviembre. Era la siguiente: “¿Esta de usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República?”.

Era una pregunta sobre la posibilidad de hacer otra pregunta. Por lo tanto era una pregunta absolutamente inocua a corto y medio plazo. Una pregunta que debía ser validada por otra segunda pregunta.

LOS INEXISTENTES ARGUMENTOS DE LA CORTE SUPREMA

La consulta es prohibida por un simple Juzgado de Letras Contencioso, que es un juzgado de primera instancia, el cual emite una sentencia corta bajo el único argumento de que “su implementación redundaría en daños de carácter económico, político y social que serían de imposible reparación para el Estado de Honduras” (sic). Nada más se argumenta, salvo la cantinela vacua de su inconstitucionalidad e ilegalidad al pretender una consulta sobre una Asamblea Constituyente.

La sentencia del Juzgado de Letras será apoyada por una decisión del Tribunal Supremo Electoral que se niega a colaborar en su organización. La Corte Suprema de Justicia, por último, emitió un corto comunicado lleno, también, de generalidades y de tópicos falaces. Dice la Corte Suprema de Justicia:

“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”.

Argumentos simplones y falsos.

3. LA FALSEDAD DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

El Presidente no ha vulnerado un solo artículo de la Constitución. La Constitución de Honduras nada dice sobre que el Presidente no pueda hacer una consulta. En ningún artículo prohíbe la posibilidad de que el Presidente pueda hacer una consulta al Pueblo.

En ningún artículo le asigna la competencia exclusiva para la consulta al Tribunal Supremo Electoral.

En ningún artículo se dice que no se pueda preguntar sobre una hipotética convocatoria de Asamblea Constituyente. Es más, la Constitución no menciona la posibilidad de una reforma integral del texto y, por lo tanto, aun está más justificado que se pueda convocar una asamblea constituyente al no existir regulación constitucional sobre una reforma total de la misma.

Es importante advertir que la Constitución de Honduras tiene cláusulas de intangibilidad (artículos que se prohíben reformar). Las cláusulas de intangibilidad son inadmisibles, ya que toda cláusula de intangibilidad es un atentado contra el principio sagrado del Poder Constituyente soberano. Los artículos intangibles convierten una Constitución en una Biblia. Sólo podría llegar a ser admisible un tipo de intangibilidad: la de los derechos fundamentales, respecto a su merma o reducción, con base al respeto de convenios y tratados internacionales de derechos y a un principio general de derecho natural. Y este no es el caso, puesto que la Constitución de Honduras habla de la intangibilidad de artículos referentes a la conformación y elección de las instituciones del Estado, fundamentalmente de su Presidente (artículo 374).

El Presidente ha sido extremadamente cauteloso ya que ha abordado el tema de la Asamblea Constituyente con las máximas garantías al no hacer la pregunta directamente sino al establecer la máxima garantía de la doble consulta: a) Preguntando (en junio) si el pueblo quiere que se haga una consulta en noviembre, b) Preguntando (en noviembre) si el pueblo quiere que se inicien actuaciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Con todo ello el Presidente no vulnera ningún precepto constitucional sino que más bien por el contrario está: a) abriendo una amplia vía de participación popular vinculante con varias consultas sobre un mismo tema y b) está abriendo un muy amplio debate sobre dicha cuestión, con varios meses de posible discusión mediática, institucional y popular.

4. LA FALSEDAD DE LA ILEGALIDAD

a) El Tribunal Supremo Electoral no tiene la exclusividad de las actuaciones de participación política según se desprende de la Ley (Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, 2004). Tiene la exclusividad de las actividades electorales pero no hay que confundir “lo electoral” con la participación popular directa mediante consulta o referéndum. De hecho esta ley sólo se refiere a elecciones siempre -en todos los artículos- como eventos donde se disputa una cargo o escaño. Sin hacer mención a lo largo de toda la ley a consultas o referéndum.

b) En las atribuciones del T.S.E. no se encuentra el monopolio de convocatoria u organización de todo tipo de proceso de participación popular directa y ni siquiera de todo tipo de proceso electoral (vid. artículo 15 L.E.O.P.). En su numeral 8 consta la atribución “convocar a elecciones”, pero nada se dice de consultas. En el numeral 5 se habla “organizar y dirigir los procesos electorales”. Pero organizar no es convocar sino establecer el procedimiento jurídico-administrativo del proceso.

c) Está claro que no había impedimento legal para que el Presidente actuara de ese modo. Y por eso se intento fabricar una ley a toda velocidad. Por ese motivo el Congreso Nacional intentó aprobar una nueva ley de Referéndum para legitimar sus actuaciones intentando hacerla valer como vigente (Ley de Referéndum y Plebiscito). Pero la ley aprobada contra reloj (en 3 días) no es una ley válida ya que le falta todo el posterior proceso de sanción presidencial o, en su caso, todo un largo proceso de posible veto presidencial.

d) La simple consulta al Pueblo que no distorsione procedimientos legalmente establecidos debe ser legal por definición y por principio democrático; ya que la participación/opinión del pueblo soberano debe ser siempre la primera premisa de toda democracia.

5.- SOBRE LA DISCREPANCIA INSTITUCIONAL ENTRE PODERES

Dice la Corte Suprema de Justicia:

“…Siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme ratificado por la Corte de lo Contencioso Administrativo en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la Ley, el Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal, en base a una disposición judicial emitida por el juez competente(…)El Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de hoy esta basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley….”

Falso.

¿La discrepancia entre poderes del Estado legitima el desalojo del Presidente? Nunca, a eso se le llama conflicto de competencias y es una situación normal en muchas coyunturas políticas democráticas. Para resolverlo existen mecanismos institucionales y una larga tradición de teoría general de la Constitución.

Todos los poderes judiciales y tribunales del mundo declaran no ajustadas a derecho, diariamente, miles de normas, disposiciones o actos del Poder Ejecutivo, de los distintos poderes ejecutivos, de los poderes municipales y de la Administración Pública. ¿Se puede imaginar que cada “disposición judicial emitida por el juez competente” (y sin agotar recursos) pudiera tener como consecuencia el desalojo del cargo representativo y el exilio para el cargo representativo (unipersonal o colegiado) que contradijera, a capricho del juez, del policía o del mando militar correspondiente?

 

6.- SOBRE EL ACTO DE FUERZA Y EL PAPEL CONSTITUCIONAL DEL EJERCITO

Dice la Corte Suprema de Justicia:

…El Poder Judicial también estima que en el caso que se conoce, las Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna…”

Falso:

Es al contrario: lo inconstitucional y lo ilegal es desobedecer al Presidente según reza la propia Constitución que dicen defender: Artículo 245.16 (“Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General…”);

Las fuerzas armadas están siempre supeditadas al poder ejecutivo constitucionalmente establecido, son la Administración militar del Estado y como la Constitución dice son dirigidas por el Presidente. No son un poder constitucional autónomo. No son un poder deliberante (Artículo 272. “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”). Sólo en casos extremos en donde se hubiera establecido un clima estructural de violencia inconstitucional generalizado contra la población civil podría admitirse una legitimación para la actuación autónoma del Ejército.

¿Estamos ante una gravísima actuación inconstitucional del Presidente? Es evidente que no, como ya se ha argumentado. Pero incluso en el caso de que hubiera alguna duda nunca es constitucional secuestrar al Presidente, expulsarlo del país y habilitar a otro Presidente sin seguir, además, el más mínimo procedimiento constitucional para el “caso de vacante”. Eso es un golpe de Estado.

CONCLUSIÓN

Para las oligarquías el Derecho -los derechos- siempre han sido un reglamento interno de gestión, de la misma manera que el Estado ha sido el Consejo de Administración de esa inmensa fábrica que suponen ellos debe ser una Sociedad. En Honduras estamos ante más de lo mismo. El juego institucional, el juego democrático, los valores constitucionales no les interesan en tanto no sirvan de instrumento a sus intereses. Tampoco les interesa debatir sobre procesos de cambio a pesar de que después de 200 años en el poder sólo han construido sumideros sociales de cochambre, miseria y corrupción. Eso sí con pequeños reductos de lujo obsceno que para nada les averguenzan. Por no haber sabido no han sabido siquiera ser reales burgueses o gestores porque nada han producido ni ningún Estado han construido. No son nada, sólo primarios oligarcas golfos y golpistas. Ellos y… sus cómplices internacionales políticos, económicos y mediáticos.

Francisco Palacios Romeo es profesor de derecho constitucional (Universidad Zaragoza, España) Miembro del Comité Internacionalista de eargón