Jack London: El Talón de Hierro (Descargar Libro)

El talón de HierroEl talón de hierro es una novela de Jack London publicada en 1908.

«El Talón de Hierro» es el nombre que le otorga el obrero revolucionario Ernest Everhard al gobierno que la Oligarquía industrial construye en el siglo XX. En la historia a finales del siglo XIX, las grandes corporaciones industriales han ido creando monopolios en industrias estratégicas (los correos, los ferrocarriles, etcétera), hasta convertirse en una especie de casta social superior e impenetrable, bien parapetada por su control del Gobierno, la policía, el ejército y los tribunales de justicia. En este contexto, los obreros intentan organizarse para hacer acción política contra el Senado. En respuesta, el Talón de Hierro prepara un atentado fraudulento en el Congreso de los Estados Unidos, a través del cual pueden iniciar una vigorosa represión, y prácticamente abolir la democracia. Los obreros se organizan para una vigorosa resistencia, en forma de una huelga sistemática de alcance mundial, que paralice todos los servicios, incluyendo las comunicaciones, y dejar así a los oligarcas en la indefensión. Estos, en respuesta, crean escuadrones de Mercenarios que obren como fuerzas paramilitares, y que se dedican a someter a los campesinos y obreros rebeldes. En 1912, el Talón de Hierro ya es virtualmente el gobernante del mundo, de manera cada vez más abierta y desembozada.

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La cuestión iraní

Juan Gelman

Página/12

El paso de los días va aclarando las cosas. O al revés: se acentúan los tics de la Guerra Fría, sólo que ahora es Teherán en lugar de Moscú. Los neoconservadores de EE.UU. quieren aprovechar las manifestaciones multitudinarias contra el resultado de la elección presidencial –inéditas desde las que derrocaron al sha en 1979– para “exportar la democracia” a Irán mediante una injerencia desde luego militar. Por el lado iraní, los centenares de miles que salieron a las calles de la capital y otras ciudades del país son, para el líder islámico supremo Jamenei y el presidente Ahmadinejad, “traidores” empujados por la CIA y Tel Aviv. A ver, a ver.

Hace años que la CIA organiza, entrena, arma y financia a grupos terroristas como Jundullah para realizar atentados en Irán (ABC News, 3-4-07). El conocido periodista Seymour Hersh informó que a fines del 2007 “el Congreso aprobó la iniciativa del presidente Bush de destinar 400 millones de dólares a una escalada de las operaciones encubiertas contra Irán… con el objetivo de desestabilizar a la dirigencia religiosa del país”(The New Yorker, 29-6-08). El gobierno de Obama delinea planes para financiar a los disidentes iraníes continuando ese empeño (USA Today, 25-6-09). Todo esto es innegable. Lo dudoso es que sólo esas intromisiones hayan despertado semejante ira popular: siguió manifestándose a pesar de los muertos, los detenidos, los desaparecidos y los terribles castigos que prometió el gobierno.

El Consejo de Guardianes de la Revolución reconoció que en 50 ciudades del país votó más del ciento por ciento de los inscriptos en el padrón. Aun así, es muy probable que Ahmadinejad haya ganado las elecciones: goza de un arraigo importante en las zonas rurales. Se llevaron a cabo más de una docena de encuestas con resultados dispares desde que el presidente iraní y el ex primer ministro Hussein Musavi anunciaran sus candidaturas en marzo de este año. La mayoría daba por ganador a Ahmadinejad, aunque algunas adictas a Musavi –como la agencia de noticias Tabnak– pronosticaban su victoria por un no creíble margen de hasta el 30 por ciento (www.counterpunch.org, 22-6-09). Fueron encuestas con indudable sesgo político.

Hubo una, sin embargo, no sujeta a esas influencias, que encargaron la ABC News estadounidense y la BBC británica y realizaron entidades sin fines de lucro y de reconocida seriedad: The Center for Public Opinion de Washington y KA Europe SPRL, con asiento en Bruselas, capital de la Unión Europea. Se efectuó del 11 al 20 de mayo, un mes antes de las elecciones, y cubrió las treinta provincias de Irán con el siguiente resultado: Ahmadinejad, 34 por ciento, Musavi 14 por ciento, indecisos 27. Pero la importancia mayor de esta encuesta radica en otras cifras que explicarían la oposición de millones de iraníes que no vacilaron en arriesgar la vida.

Un 77 por ciento de los interrogados se pronunció en favor de un sistema político más abierto y democrático, en el que incluso el todopoderoso líder supremo de Irán, cabeza de los ayatolás, fuera elegido por votación popular libre y directa, como las demás autoridades del país. El ayatolá Alí Jamenei, y no el presidente Ahmadinejad, es quien define en última instancia las políticas de la República Islámica. El 96 por ciento de los entrevistados reconoció que tanto el liderazgo supremo como la presidencia son instancias influyentes en el gobierno, pero un 70 por ciento piensa, con razón, que la última tiene facultades inhibidas por el primero. Un 93,9 por ciento estima muy importante que la gestión del presidente incluya la defensa de los derechos humanos.

El pueblo iraní no carece de experiencia comicial –doce elecciones generales desde el triunfo de la revolución islámica– y, a diferencia de ciertas democracias más antiguas, un 94,9 por ciento de los encuestados considera muy importante o bastante importante la labor del Parlamento. El 62 por ciento opinó que era esencial la libertad de prensa, y lo mismo declaró el 87 por ciento sobre la necesidad de elecciones libres. En cuanto a si el gobierno había reducido el desempleo y la inflación, los pareceres se dividieron. Pero a la pregunta de si Ahmadinejad había cumplido su promesa de “poner el dinero del petróleo en las mesas del pueblo”, el 58 por ciento dijo “no”, contra el “sí” del 27,8 por ciento.

Hay otros índices significativos: la mayoría de los interrogados se pronunció a favor de negociar con EE.UU., resolver conjuntamente el problema iraquí y cesar el apoyo iraní a los grupos armados iraquíes, ampliar las relaciones comerciales y políticas con otros países, aceptar asistencia médica, educativa y humanitaria del exterior. Estas aspiraciones mueven a creer que no todos los manifestantes eran “traidores” a Irán. Antes, por el contrario.

 

 

La ultraderecha gana terreno en Bruselas

Danilo Albin

Diagonal 

9,5% de los votos en Italia; 12,78% en Austria; 17% en Holanda; 11,96% en Bulgaria; 14,9% en Dinamarca los resultados de la extrema derecha en las elecciones europeas encienden las alarmas

Dicen que le pilló de sorpresa, pero sus escoltas actuaron como si nada hubiera salido del guión. Mientras daba una de sus primeras ruedas de prensa tras las elecciones europeas del 7 de junio, el líder del ultraderechista Partido Nacionalista Británico (BNP), Nick Griffin, fue interrumpido a huevazos por una veintena de personas. Casi sin inmutarse, Griffin –quien en 1998 fue condenado a nueve años de prisión por calificar el holocausto de “engaño”– se refugió entre sus fornidos guardaespaldas, simuló una sonrisa y se metió en el coche. Más allá de la imprevista lluvia de huevos, el carismático portavoz del BNP estaba eufórico: su partido, con un discurso basado en la fobia a los extranjeros, había obtenido dos europarlamentarios.

El caso de este grupo es tan sólo un ejemplo de unas elecciones marcadas por la abstención, en la que los ultraderechistas de varios países se han convertido en sus auténticos protagonistas. Hay caras nuevas, pero también algunas ya bien conocidas en el resto del continente. Es el caso de la Liga Norte italiana, que consigue un 9,5% de los votos emitidos –en las europeas de 2004 había alcanzado el 5%– y logra ocho escaños. Llevado a la fama por su pretensión de separar el norte del empobrecido sur del país, la Liga promueve la implantación del delito de “inmigración ilegal”. En esa línea, el partido fundado por el mediático Umberto Bossi plantea, sin cortapisas, la expulsión de los sin papeles. Seguir leyendo “La ultraderecha gana terreno en Bruselas”

Honduras aislada, la resistencia interna crece

ALAI

Con la resolución aprobada hoy, 30 de junio, por aclamación en la Asamblea General de Naciones Unidas, de condenar el golpe de Estado en Honduras y exigir la inmediata e incondicional restauración del Gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya, se profundiza el aislamiento internacional del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que intenta imponer su control del país a la fuerza.

El proyecto de resolución fue presentado por 10 países latinoamericanos, a los que se sumaron luego Estados Unidos, Canadá y Colombia, luego de que se aceptara varias enmiendas, incluyendo una que expresa un “decidido respaldo” a los esfuerzos regionales de organismos como la OEA para resolver la crisis.

Esta resolución se suma a las del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que sella las fronteras con su vecino durante 48 horas, de la OEA, del ALBA, del Grupo de Río y de la Unión Europea, entre otros. Ningún gobierno extranjero ha reconocido el régimen de facto. Seguir leyendo “Honduras aislada, la resistencia interna crece”

Congreso de facto suspende garantías individuales en Honduras

TeleSur

El Congreso de facto de Honduras decretó este miércoles la suspensión de todas las garantías individuales consagradas en la Constitución del país centroamericano, según informó a teleSUR la diputada hondureña del Partido de Unificación Democrática (PUD), Silvia Ayala.

Ayala explicó que el decreto fue aprobado por cuatro de las cinco bancadas que hacen vida en el Parlamento.

“Tenemos la desdicha de informar que fue aprobada por cuatro bancadas en el Congreso, con excepción del Partido de Unificación Democrática, un decreto que deja en suspenso todos los derechos y garantías individuales que están establecidos en la Constitución de la República”, señaló la diputada del PUD.

De acuerdo con la parlamentaria, el decreto suspende el derecho de libre asociación, la inviolabilidad del domicilio, la movilización libre por el territorio nacional, la garantía de que nadie puede ser apresado sino mediante orden de captura, entre otros.

“Es decir, que en este momento cualquier hondureño, cualquier hondureña, puede ser apresado, pueden entrar violentamente en su domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre, llevárselo detenido sin ni siquiera informar sobre las causas de la detención”, sostuvo Ayala en diálogo con teleSUR.

 

Además denunció que, como parte de las acciones del gobierno de facto, el dirigente y candidato a alcalde del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón por el PUD, fue desalojado de un centro asistencial de los Seguros Sociales hondureños, luego de que fuera víctima de un atentado con armas de fuego.

“Es una situación, por demás, inhumana. La nueva directora del hospital, siguiendo órdenes del gobierno de facto, sacó a la calle al compañero Favio Ochoa, que aún se encuentra entre la vida y la muerte luego del atentado criminal del que fue víctima” dijo Ayala.

La congresista Ayala manifestó su satisfacción por el hecho de que la ciudadanía hondureña se mantenga protestando en las calles, en rechazó al gobierno de facto que se ha instalado luego del golpe de Estado contra Zelaya, liderado por el presidente del Congreso de ese país, Roberto Micheletti.

También señaló que existen dos funcionarios que pertenecen al gabinete Ejecutivo de Zelaya y que se han alineado con el gobierno de facto, al tiempo que valoró la declaración hecha por otros ministros, que manifestaron estar a la espera del regreso del legítimo jefe de Estado.

“Nosotros estamos bastante satisfechos con que el Gabinete legítimo de nuestro país continúe sus acciones de resistencia y que continúe su lealtad hacia el gobierno de la República, porque lamentablemente hay dos funcionarios que están usurpando algunos funciones, dos ministros del gabinete del presidente Manuel Zelaya que se han unido al régimen de facto”.

Los funcionarios mencionados por Ayala son el Secretario de Obras Públicas y de Transporte; José Rosario Bonano y el secretario de Seguridad, coronel Rodas Gamero.

“Nosotros hemos visto con suma satisfacción como el pueblo hondureño no ha bajado su decisión de continuar en las calles, luchando por el restablecimiento del orden constitucional

Resaltó que este miércoles, en Tegucigalpa, la capital hondureña, se dio un marcha multitudinaria hacia las inmediaciones de la Casa Presidencial, que posteriormente se dirigió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, para agradecer el apoyo de este organismo que ha condenado el golpe de Estado.

 

Por su lado, en declaraciones telefónicas exclusivas a teleSUR, Carlos Zelaya, hermano del presidente legítimo, Manuel Zelaya, sostuvo que la suspensión de las garantías permitirá al gobierno de facto de Roberto Mecheletti ” hacer arrestos ilegales e ingresar a nuestros hogares sin que tengan justificación”.

“No entendemos como un gobierno que está hablando de reconciliación adelanta este tipo de medidas”, afirmó.

Agregó que preparan una movilización hacia la capital hondureña (Tegucigalpa) para recibir al presidente Zelaya, cuyo único delito fue “darle participación a la población, por ello aquí en el país la gente se está pronunciando en las calles”.

Confió en que “la presión internacional y la presión que ejerce el pueblo hondureño con paros en distintos sectores logre restituir el orden democrático en la nación”.

http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53215-NN/congreso-de-facto-suspende-garantias-individuales-en-honduras/

 

El gobierno de Washington, reacio en un principio a apoyar la democracia en Honduras, se ve forzado a hacerlo ante la nueva actitud de Latinoamérica

Mark Weisbrot

Center for Economic and Policy Research

 

Traducción de Manuel Talens

 

El golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras, ha provocado una unánime condena internacional. Pero las respuestas de algunos países han sido reacias y la ambivalencia que ha mostrado Washington hace sospechar que el gobierno usamericano está tratando de obtener algo de la situación.

La primera declaración de la Casa Blanca en respuesta al golpe fue imprecisa y evasiva. No lo condenó, sino que hizo más bien un llamamiento a “todos los actores políticos y sociales de Honduras para que respeten las normas democráticas, el imperio de la ley y los principios de la Carta Democrática Interamericana”.

Dicha declaración contrastó con las de otros presidentes del hemisferio Sur, como fueron Lula da Silva, de Brasil, y Cristina Fernández, de Argentina. La Unión Europea también emitió comunicados similares, menos ambiguos y más inmediatos.

A lo largo del día del golpe, conforme la respuesta de otras naciones fue quedando clara, Hillary Clinton, nuestra Secretaria de Estado, dio a conocer una declaración mucho más enérgica, en la cual condenó el golpe… aunque sin llamarlo golpe. Y siguió sin exigir que Zelaya fuese reinstituido en el cargo.

La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Río (es decir, la mayor parte de Latinoamérica) y la Asamblea General de Naciones Unidas han exigido el “regreso inmediato e incondicional” del presidente Zelaya.

Las firmes posiciones del Sur forzaron declaraciones subsiguientes de funcionarios anónimos del Departamento de Estado, en las que ya se notaba una posición más favorable al regreso de Zelaya. El lunes por la tarde, el presidente Obama declaró por fin: “Creemos que este golpe [sic] no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras…”.

Pero en una conferencia de prensa que tuvo lugar un poco más tarde el mismo lunes, a la Secretaria de Estado Hillary Clinton le preguntaron si la “restauración del orden constitucional” en Honduras significaba el regreso de Zelaya. No dijo que sí.

¿Por qué esa reticencia a exigir abiertamente el regreso inmediato e incondicional de un presidente elegido, como han hecho el resto del hemisferio y Naciones Unidas? Parece obvio que Washington no comparte dicho objetivo. Los dirigentes del golpe carecen de apoyo internacional, pero todavía podrían salirse con la suya por una simple cuestión de tiempo, ya que a Zelaya no le quedan más que seis meses en el cargo. ¿Apoyará el gobierno de Obama las sanciones contra el gobierno golpista para impedir el triunfo de los golpistas? Los gobiernos vecinos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya han dado el primer aviso al anunciar que en 48 horas suspenderán las relaciones comerciales con Honduras.

Por el contrario, una de las razones de la reticencia de Hillary Clinton a la hora de llamar golpe al golpe es que la ley usamericana de ayuda exterior prohíbe que los fondos destinados a ese fin vayan a gobiernos cuyo jefe de Estado ha sido depuesto por un golpe militar.

Otra posibilidad es que el gobierno de Obama pretenda arrancar concesiones a Zelaya como parte de un acuerdo para su regreso a la presidencia. Pero no es así cómo funciona la democracia. Si Zelaya quiere negociar un acuerdo con sus adversarios políticos después de su regreso, allá él. Pero nadie tiene derecho a arrancarle concesiones políticas a punta de pistola, mientras está en el exilio.

Este golpe no tiene justificación alguna. Hubo una crisis constitucional cuando el presidente Zelaya ordenó a los militares que distribuyesen materiales electorales para un referéndum no vinculante que debía tener lugar el sábado pasado. En dicho referéndum los ciudadanos debían votar si estaban a favor de incluir una propuesta de Asamblea Constituyente en el programa de las próximas elecciones de noviembre, con el fin de reformar la Constitución. El general Romeo Vásquez, el militar de mayor graduación en el ejército, se negó a cumplir las órdenes presidenciales. Entonces el presidente, como comandante en jefe, lo destituyó, tras lo cual el ministro de la Defensa dimitió. Más tarde, la Corte Suprema dictó que la destitución de Vásquez era ilegal y la mayoría del Congreso se puso en contra del presidente Zelaya.

Los partidarios del golpe sostienen que el presidente infringió la ley al tratar de sacar adelante el referéndum después de que la Corte Suprema dictase una sentencia contraria a dicha celebración. Se trata de un asunto puramente jurídico: puede que sea así y también puede que la Corte Suprema carezca de base legal para su sentencia. Pero todo ello se vuelve irrelevante si consideramos lo sucedido: el ejército no tiene mandato alguno para arbitrar las disputas constitucionales entre las diversas ramas del gobierno, más aún si, como sucede en este caso, el referéndum propuesto no era vinculante, sino un mero plebiscito consultivo. No hubiera cambiado ninguna ley ni tampoco hubiera afectado las estructuras del poder: era sólo una encuesta entre el electorado.

Por lo tanto, los militares no pueden alegar que actuaron para impedir un daño irreparable. Se trata de un golpe militar de índole política.

Hay otros aspectos en los que Washington ha permanecido sospechosamente silencioso: las informaciones sobre represión política, el cierre de emisoras de radio y televisión, la detención de periodistas, la detención y los malos tratos de diplomáticos y eso que el Comité para la Protección de Periodistas ha calificado de “apagón informativo” todavía no han merecido el menor comentario de nuestro gobierno. Con el fin de controlar la información y reprimir la disidencia, el gobierno hondureño de facto está preparando unas ilícitas elecciones para el próximo noviembre.

Muchos informes de prensa han señalado las diferencias existentes entre el rechazo del golpe de Estado en Honduras por parte del gobierno de Obama y el apoyo inicial con el que el gobierno de Bush acogió el golpe militar de 2002 que derrocó brevemente a Hugo Chávez en Venezuela. Pero en realidad las respuestas de ambos gobiernos a ambos golpes tienen más similitudes que diferencias. En un mismo día, el gobierno de Bush dio marcha atrás en su posición oficial con respecto al golpe en Venezuela, y si lo hizo fue porque el resto del hemisferio había anunciado que no reconocería al gobierno golpista. De forma similar, en este caso el gobierno de Obama está siguiendo la corriente de lo que hace el resto del hemisferio para no quedarse solo, pero al mismo tiempo no se atreve a afirmar rotundamente su compromiso con la democracia.

Después del golpe en Venezuela hubieron de pasar varios meses antes de que el Departamento de Estado admitiese que había otorgado ayuda económica a “individuos y organizaciones implicadas en el breve derrocamiento del gobierno de Chávez”.

En el golpe de Estado de Honduras, el gobierno de Obama afirma que trató de desanimar a los militares para que no lo llevasen a cabo. Valdría la pena saber en qué consistieron tales conversaciones. ¿Acaso los representantes de nuestro gobierno les dijeron: “Ustedes saben que tendremos que decir que nos oponemos, porque todo el mundo se opondrá” o bien les dijeron esto otro: “Ni se les ocurra dar el golpe, porque haremos todo lo que esté en nuestra mano para que éste fracase”? La actitud que ha adoptado nuestro gobierno desde el golpe indica que lo que les dijeron está más bien del lado de la primera opción, si no fue algo peor.

El duelo entre Zelaya y sus oponentes enfrenta a un presidente reformador, que tiene el apoyo de los sindicatos y las organizaciones sociales, con una elite política corrupta y narcomafiosa, acostumbrada a elegir a dedo no sólo a la Corte Suprema y al Congreso, sino también al presidente. Es esta una historia que se repite una y otra vez en Latinoamérica, y lo peor es que Usamérica se ha puesto casi siempre del lado de las elites. En este caso, Washington mantiene estrechos vínculos desde hace décadas con el ejército hondureño. Durante los años ochenta, nuestro gobierno utilizó bases en Honduras para entrenar y armar a los Contras, es decir, a los paramilitares nicaragüenses que se hicieron famosos por sus atrocidades en la guerra contra el gobierno sandinista de la vecina Nicaragua.

El hemisferio ha cambiado sustancialmente desde el golpe de abril de 2002 en Venezuela, pues más de once gobiernos de izquierda han salido de las urnas. Toda una serie de normas, instituciones y relaciones de poder entre el Sur y el Norte han cambiado. El gobierno de Obama se enfrenta a unos vecinos mucho más unidos y mucho menos deseosos de transigir en cuestiones fundamentales de democracia, lo cual hace que Hillary Clinton tenga mucho menos espacio de maniobra. Pero Honduras no dejará de advertir la ambivalencia demostrada por Washington y es muy probable que el gobierno golpista de facto trate de aprovecharla para mantenerse en el poder, lo cual no augura nada bueno.

 

Fuente: http://www.cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/latin-america-drags-a-reluctant-washington-into-supporting-democracy-in-honduras/

Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en Economía por la Universidad de Michigan. Es coautor con Dean Baker de Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000) y ha escrito numerosos artículos sobre economía política. Es asimismo presidente de Just Foreign Policy.

Manuel Talens es miembro de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.