La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Descargar Libro)

La colonialidad del saber
En los debates políticos y en diversos campos de las ciencias sociales, han sido notorias las dificultades para formular alternativas teóricas y políticas a la primacía total del mercado, cuya defensa más coherente ha sido formulada por el neoliberalismo. Estas dificultades se deben, en una importante medida, al hecho de que el neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica, cuando en realidad debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio, esto es, como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida. Las alternativas a las propuestas neoliberales y al modelo de vida que representan, no pueden buscarse en otros modelos o teorías en el campo de la economía ya que la economía misma como disciplina científica asume, en lo fundamental, la cosmovisión liberal

INDICE

  1. -Prefacio
  2. -Presentación
  3. -Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico
  4. -Europa, modernidad y eurocentrismo
  5. -La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad
  6. -Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo
  7. -El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?
  8. -Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la «invención del otro»
  9. -Superar la exclusión, conquistar la equidad: reformas, políticas y capacidades en el ámbito social
  10. -Abrir, impensar, y redimensionar las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. ¿Es posible una ciencia social no eurocéntrica en nuestra región?
  11. -Colonailidad del poder, eurocentrismo y América Latina
  •  Lander, EdgardoCompilador
  • CLACSO,  http://www.clacso.org.ar/
  • Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
  • ISBN 950-9231-51-7
  • Buenos Aires, febrero de 1993

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La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales

 

Los nietos de Kim

Santiago O’Donnell

Página/12

la-dinastia-kim

La dinastía Kim

Corea del Norte llevó adelante esta semana su segundo ensayo nuclear en tres años. Aunque a diferencia del anterior este ensayo fue exitoso, el resultado no pone en riesgo la abrumadora superioridad militar de sus vecinos China, Rusia, y los protectorados estadounidenses Japón y Corea del Sur. Pero en términos políticos la explosión sacudió la región y la onda expansiva se extendió por todo el mundo.

La condena en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue unánime y ya se está trabajando un paquete de sanciones al límite de lo que estarían dispuestos a aceptar Rusia y China, las dos potencias más cercanas al régimen comunista de Pyongyang.

La reacción norcoreana a la condena de la ONU consistió en redoblar la apuesta con una serie de lanzamientos de misiles y otra andanada de amenazas contra los vecinos. Mientras tanto, en Washington se debatió toda la semana sobre qué debería hacer el gobierno de Barack Obama para enfrentar el desafío, con opiniones para todos los gustos.

Ya que se trata quizá del régimen más cerrado y opaco de todo el mundo, nadie fuera de él parece saber bien qué va a pasar, aunque muchos expertos advierten que el próximo paso en la escalada podría ser un incidente militar en los mares Amarillo o del Japón, que rodean la península coreana. Sin embargo, en el pasado el régimen norcoreano ha llevado varias veces la situación al límite antes de recular, y por eso es apresurado predecir que estamos en la antesala de una nueva guerra.

Para entender un poco lo que está pasando, hace falta conocer cómo se han venido desarrollando los acontecimientos tanto en Corea del Norte como en la región. En Norcorea gobierna el dictador Kim Jong Il, hijo del dictador Kim Il Sung, que había gobernado el país desde 1948 hasta su muerte, en 1994. Kim hijo completó su ascenso al poder en 1998. Al poco tiempo de asumir Kim hijo, el incipiente programa nuclear norcoreano empezó a preocupar a las potencias de la región.

En el 2003 Rusia, China, Estados Unidos, Japón y las dos Coreas iniciaron las llamadas «conversaciones a seis bandas», en las que Pyongyang negoció el desmantelamiento de su programa nuclear a cambio de asistencia financiera y garantías de seguridad. Con las negociaciones estancadas a mitad de camino, Norcorea lanzó su primer ensayo nuclear en el 2006. Tras el revuelo inicial las partes volvieron a la mesa. Al año siguiente del ensayo alcanzaron un acuerdo y por un tiempo Pyongyang interrumpió su programa y permitió el acceso a sus plantas de los inspectores de la agencia mundial nuclear (AIEA).

La cosa venía más o menos tranquila hasta que el año pasado Kim hijo sufrió un accidente cardiovascular que lo tuvo al borde de la muerte. Durante varios meses dejó de mostrarse y cuando reapareció en público se lo vio notablemente desmejorado. La frágil salud del líder de 68 años lógicamente puso a la cuestión sucesoria como principal preocupación de los norcoreanos, ya que el régimen no parece demasiado preparado.

Kim hijo había demostrado su vocación de poder desde joven y se había exhibido junto a su padre en actos políticos durante años antes de reemplazarlo. En cambio, los nietos de Kim parecen más interesados en los placeres que ofrece el mundo capitalista a quienes puedan pagarlos. En tiempos recientes el hijo mayor del dictador, Kim Jong Nam, fue detenido en Japón con un pasaporte falso y el segundo, Kim Jong Chol, fue visto en un recital de Eric Clapton en Alemania. El menor, Kim Jong Un, que sería el elegido, apenas supera los veinte años y por eso se habla de un interinato tutelar a cargo de algún otro familiar, entre los que se nombra a un cuñado, Jang Song Thaek, recientemente promovido a un puesto clave en el gobierno.

Según el centenario semanario inglés The Economist, la crisis sucesoria produjo una radicalización del régimen de Pyongyang. Los cuadros más duros habrían escalado posiciones a expensas de los moderados. Los programas de cooperación con Seúl se habrían restringido y el líder de los dialoguistas habría sido ejecutado tras ser enjuiciado por corrupción.

En abril Corea del Norte lanzó un cohete de largo alcance que podría llegar hasta Japón. Ante la condena de Naciones Unidas, Pyongyang rompió el acuerdo del 2007, expulsó a los inspectores, dio por reiniciado su programa nuclear y declaró que jamás retomará las conversaciones a seis bandas. Algunos expertos aventuran que el cambio de rumbo es producto de los problemas mentales que a veces acarrea una enfermedad como la que sufrió Kim hijo, de la cual no se conocen muchos detalles.

Pero la hipótesis más difundida es que Kim hijo ha cerrado el régimen y se ha recostado en las fuerzas armadas para fortalecer la frágil transición en ciernes. Los militares norcoreanos glorifican su programa nuclear, que inclusive es motivo de orgullo para no pocos coreanos que viven del otro lado de la frontera.

Así como ha habido cambios importantes dentro de Corea del Norte, también los ha habido en su alrededor. El año pasado asumió la presidencia de Corea del Sur el conservador Lee Myung-bak después de una década de gobierno del centroizquierda. Su antecesor Roh Moo-hyun, cuyo suicidio conmovió al país esta semana, había sido el impulsor de la política de acercamiento a Corea del Norte, la llamada «política de rayo de sol», y entre otras medidas había creado un Ministerio de Unificación.

La moderación de Seúl produjo no pocos roces con sus aliados de Washington, donde en esa época Bush colocaba al régimen norcoreano en su famosa lista del «Eje del Mal». Recién después del 2006, tras derrotas en las urnas y el campo de batalla, Bush varió su postura y posibilitó el acuerdo del 2007.

Ahora se invirtieron los roles: la crisis encuentra a un moderado en la Casa Blanca y a un duro en el palacio presidencial en Seúl. Lee reclama sanciones durísimas para Pyongyang, incluyendo la suspensión de la ayuda humanitaria. Y tiene el apoyo de Japón.

En cambio, Rusia y China quieren tamizar las sanciones y las condenas con un llamado a volver a la mesa de negociaciones. Pero al mismo tiempo han sido muy enérgicos en su condena del ensayo nuclear, lo cual hace dudar de hasta qué punto están dispuestos a mantener su política histórica de sostener al régimen comunista norcoreano para mantener el equilibrio de fuerzas en el Lejano Oriente.

En el medio está Obama. Algunos expertos le recomiendan seguir la idea de Rusia y China de reflotar las seis bandas. Otros dicen que debe tomar el toro por las astas y abrir una negociación bilateral con Kim. Otros reclaman mano dura con el dictador. Otros en cambio le recomiendan ignorar todo el asunto, argumentando que las bravuconadas de Kim no pasarán a mayores. Casi todos coinciden en señalar que la crisis es producto del deseo del líder norcoreano de llamar la atención del mundo ante el cambiante escenario por el crac financiero mundial y la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos.

Pero hay más. Según reveló en su momento Seymour Hersh en The New Yorker, operarios norcoreanos manejaban la instalación nuclear siria que Israel bombardeó en secreto en septiembre del 2007. Según el diario El País de España, altos funcionarios de Estados Unidos e Israel están convencidos de que Corea del Norte también colabora con el programa nuclear iraní. Desde la óptica de Occidente, ese programa es el principal factor desestabilizador del convulsionado Medio Oriente.

Por eso en el 2003 Bush lanzó la llamada Proliferation Security Initiative (PSI), después de secuestrar doce misiles Scud de un navío norcoreano y tener que devolverlos porque no había razones legales para confiscarlos. El PSI supuestamente es un programa de cooperación internacional orientado a usar todos los instrumentos legales disponibles para confiscar armas de destrucción masiva en tránsito entre países. Pero como sigue siendo muy difícil, desde el punto de vista legal, confiscar un cargamento en puerto y mucho más en alta mar, el poder del PSI es más que nada simbólico.

Al día siguiente del ensayo nuclear norcoreano, Seúl anunció que se unía a los ochenta países que adhieren al PSI. Ese anuncio a su vez fue tomado por Pyongyang como una declaración de guerra. En un comunicado, el gobierno de Kim avisó que cualquier intento de requisar un navío norcoreano provocaría una fuerte respuesta militar.

Corea del Norte llevó adelante esta semana su segundo ensayo nuclear en tres años. Aunque a diferencia del anterior este ensayo fue exitoso, el resultado no pone en riesgo la abrumadora superioridad militar de sus vecinos China, Rusia, y los protectorados estadounidenses Japón y Corea del Sur. Pero en términos políticos la explosión sacudió la región y la onda expansiva se extendió por todo el mundo.

La condena en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue unánime y ya se está trabajando un paquete de sanciones al límite de lo que estarían dispuestos a aceptar Rusia y China, las dos potencias más cercanas al régimen comunista de Pyongyang.

La reacción norcoreana a la condena de la ONU consistió en redoblar la apuesta con una serie de lanzamientos de misiles y otra andanada de amenazas contra los vecinos. Mientras tanto, en Washington se debatió toda la semana sobre qué debería hacer el gobierno de Barack Obama para enfrentar el desafío, con opiniones para todos los gustos.

Ya que se trata quizá del régimen más cerrado y opaco de todo el mundo, nadie fuera de él parece saber bien qué va a pasar, aunque muchos expertos advierten que el próximo paso en la escalada podría ser un incidente militar en los mares Amarillo o del Japón, que rodean la península coreana. Sin embargo, en el pasado el régimen norcoreano ha llevado varias veces la situación al límite antes de recular, y por eso es apresurado predecir que estamos en la antesala de una nueva guerra.

Para entender un poco lo que está pasando, hace falta conocer cómo se han venido desarrollando los acontecimientos tanto en Corea del Norte como en la región. En Norcorea gobierna el dictador Kim Jong Il, hijo del dictador Kim Il Sung, que había gobernado el país desde 1948 hasta su muerte, en 1994. Kim hijo completó su ascenso al poder en 1998. Al poco tiempo de asumir Kim hijo, el incipiente programa nuclear norcoreano empezó a preocupar a las potencias de la región.

En el 2003 Rusia, China, Estados Unidos, Japón y las dos Coreas iniciaron las llamadas «conversaciones a seis bandas», en las que Pyongyang negoció el desmantelamiento de su programa nuclear a cambio de asistencia financiera y garantías de seguridad. Con las negociaciones estancadas a mitad de camino, Norcorea lanzó su primer ensayo nuclear en el 2006. Tras el revuelo inicial las partes volvieron a la mesa. Al año siguiente del ensayo alcanzaron un acuerdo y por un tiempo Pyongyang interrumpió su programa y permitió el acceso a sus plantas de los inspectores de la agencia mundial nuclear (AIEA).

La cosa venía más o menos tranquila hasta que el año pasado Kim hijo sufrió un accidente cardiovascular que lo tuvo al borde de la muerte. Durante varios meses dejó de mostrarse y cuando reapareció en público se lo vio notablemente desmejorado. La frágil salud del líder de 68 años lógicamente puso a la cuestión sucesoria como principal preocupación de los norcoreanos, ya que el régimen no parece demasiado preparado.

Kim hijo había demostrado su vocación de poder desde joven y se había exhibido junto a su padre en actos políticos durante años antes de reemplazarlo. En cambio, los nietos de Kim parecen más interesados en los placeres que ofrece el mundo capitalista a quienes puedan pagarlos. En tiempos recientes el hijo mayor del dictador, Kim Jong Nam, fue detenido en Japón con un pasaporte falso y el segundo, Kim Jong Chol, fue visto en un recital de Eric Clapton en Alemania. El menor, Kim Jong Un, que sería el elegido, apenas supera los veinte años y por eso se habla de un interinato tutelar a cargo de algún otro familiar, entre los que se nombra a un cuñado, Jang Song Thaek, recientemente promovido a un puesto clave en el gobierno.

Según el centenario semanario inglés The Economist, la crisis sucesoria produjo una radicalización del régimen de Pyongyang. Los cuadros más duros habrían escalado posiciones a expensas de los moderados. Los programas de cooperación con Seúl se habrían restringido y el líder de los dialoguistas habría sido ejecutado tras ser enjuiciado por corrupción.

En abril Corea del Norte lanzó un cohete de largo alcance que podría llegar hasta Japón. Ante la condena de Naciones Unidas, Pyongyang rompió el acuerdo del 2007, expulsó a los inspectores, dio por reiniciado su programa nuclear y declaró que jamás retomará las conversaciones a seis bandas. Algunos expertos aventuran que el cambio de rumbo es producto de los problemas mentales que a veces acarrea una enfermedad como la que sufrió Kim hijo, de la cual no se conocen muchos detalles.

Pero la hipótesis más difundida es que Kim hijo ha cerrado el régimen y se ha recostado en las fuerzas armadas para fortalecer la frágil transición en ciernes. Los militares norcoreanos glorifican su programa nuclear, que inclusive es motivo de orgullo para no pocos coreanos que viven del otro lado de la frontera.

Así como ha habido cambios importantes dentro de Corea del Norte, también los ha habido en su alrededor. El año pasado asumió la presidencia de Corea del Sur el conservador Lee Myung-bak después de una década de gobierno del centroizquierda. Su antecesor Roh Moo-hyun, cuyo suicidio conmovió al país esta semana, había sido el impulsor de la política de acercamiento a Corea del Norte, la llamada «política de rayo de sol», y entre otras medidas había creado un Ministerio de Unificación.

La moderación de Seúl produjo no pocos roces con sus aliados de Washington, donde en esa época Bush colocaba al régimen norcoreano en su famosa lista del «Eje del Mal». Recién después del 2006, tras derrotas en las urnas y el campo de batalla, Bush varió su postura y posibilitó el acuerdo del 2007.

Ahora se invirtieron los roles: la crisis encuentra a un moderado en la Casa Blanca y a un duro en el palacio presidencial en Seúl. Lee reclama sanciones durísimas para Pyongyang, incluyendo la suspensión de la ayuda humanitaria. Y tiene el apoyo de Japón.

En cambio, Rusia y China quieren tamizar las sanciones y las condenas con un llamado a volver a la mesa de negociaciones. Pero al mismo tiempo han sido muy enérgicos en su condena del ensayo nuclear, lo cual hace dudar de hasta qué punto están dispuestos a mantener su política histórica de sostener al régimen comunista norcoreano para mantener el equilibrio de fuerzas en el Lejano Oriente.

En el medio está Obama. Algunos expertos le recomiendan seguir la idea de Rusia y China de reflotar las seis bandas. Otros dicen que debe tomar el toro por las astas y abrir una negociación bilateral con Kim. Otros reclaman mano dura con el dictador. Otros en cambio le recomiendan ignorar todo el asunto, argumentando que las bravuconadas de Kim no pasarán a mayores. Casi todos coinciden en señalar que la crisis es producto del deseo del líder norcoreano de llamar la atención del mundo ante el cambiante escenario por el crac financiero mundial y la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos.

Pero hay más. Según reveló en su momento Seymour Hersh en The New Yorker, operarios norcoreanos manejaban la instalación nuclear siria que Israel bombardeó en secreto en septiembre del 2007. Según el diario El País de España, altos funcionarios de Estados Unidos e Israel están convencidos de que Corea del Norte también colabora con el programa nuclear iraní. Desde la óptica de Occidente, ese programa es el principal factor desestabilizador del convulsionado Medio Oriente.

Por eso en el 2003 Bush lanzó la llamada Proliferation Security Initiative (PSI), después de secuestrar doce misiles Scud de un navío norcoreano y tener que devolverlos porque no había razones legales para confiscarlos. El PSI supuestamente es un programa de cooperación internacional orientado a usar todos los instrumentos legales disponibles para confiscar armas de destrucción masiva en tránsito entre países. Pero como sigue siendo muy difícil, desde el punto de vista legal, confiscar un cargamento en puerto y mucho más en alta mar, el poder del PSI es más que nada simbólico.

Al día siguiente del ensayo nuclear norcoreano, Seúl anunció que se unía a los ochenta países que adhieren al PSI. Ese anuncio a su vez fue tomado por Pyongyang como una declaración de guerra. En un comunicado, el gobierno de Kim avisó que cualquier intento de requisar un navío norcoreano provocaría una fuerte respuesta militar.

Corea del Norte llevó adelante esta semana su segundo ensayo nuclear en tres años. Aunque a diferencia del anterior este ensayo fue exitoso, el resultado no pone en riesgo la abrumadora superioridad militar de sus vecinos China, Rusia, y los protectorados estadounidenses Japón y Corea del Sur. Pero en términos políticos la explosión sacudió la región y la onda expansiva se extendió por todo el mundo.

La condena en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue unánime y ya se está trabajando un paquete de sanciones al límite de lo que estarían dispuestos a aceptar Rusia y China, las dos potencias más cercanas al régimen comunista de Pyongyang.

La reacción norcoreana a la condena de la ONU consistió en redoblar la apuesta con una serie de lanzamientos de misiles y otra andanada de amenazas contra los vecinos. Mientras tanto, en Washington se debatió toda la semana sobre qué debería hacer el gobierno de Barack Obama para enfrentar el desafío, con opiniones para todos los gustos.

Ya que se trata quizá del régimen más cerrado y opaco de todo el mundo, nadie fuera de él parece saber bien qué va a pasar, aunque muchos expertos advierten que el próximo paso en la escalada podría ser un incidente militar en los mares Amarillo o del Japón, que rodean la península coreana. Sin embargo, en el pasado el régimen norcoreano ha llevado varias veces la situación al límite antes de recular, y por eso es apresurado predecir que estamos en la antesala de una nueva guerra.

Para entender un poco lo que está pasando, hace falta conocer cómo se han venido desarrollando los acontecimientos tanto en Corea del Norte como en la región. En Norcorea gobierna el dictador Kim Jong Il, hijo del dictador Kim Il Sung, que había gobernado el país desde 1948 hasta su muerte, en 1994. Kim hijo completó su ascenso al poder en 1998. Al poco tiempo de asumir Kim hijo, el incipiente programa nuclear norcoreano empezó a preocupar a las potencias de la región.

En el 2003 Rusia, China, Estados Unidos, Japón y las dos Coreas iniciaron las llamadas «conversaciones a seis bandas», en las que Pyongyang negoció el desmantelamiento de su programa nuclear a cambio de asistencia financiera y garantías de seguridad. Con las negociaciones estancadas a mitad de camino, Norcorea lanzó su primer ensayo nuclear en el 2006. Tras el revuelo inicial las partes volvieron a la mesa. Al año siguiente del ensayo alcanzaron un acuerdo y por un tiempo Pyongyang interrumpió su programa y permitió el acceso a sus plantas de los inspectores de la agencia mundial nuclear (AIEA).

La cosa venía más o menos tranquila hasta que el año pasado Kim hijo sufrió un accidente cardiovascular que lo tuvo al borde de la muerte. Durante varios meses dejó de mostrarse y cuando reapareció en público se lo vio notablemente desmejorado. La frágil salud del líder de 68 años lógicamente puso a la cuestión sucesoria como principal preocupación de los norcoreanos, ya que el régimen no parece demasiado preparado.

Kim hijo había demostrado su vocación de poder desde joven y se había exhibido junto a su padre en actos políticos durante años antes de reemplazarlo. En cambio, los nietos de Kim parecen más interesados en los placeres que ofrece el mundo capitalista a quienes puedan pagarlos. En tiempos recientes el hijo mayor del dictador, Kim Jong Nam, fue detenido en Japón con un pasaporte falso y el segundo, Kim Jong Chol, fue visto en un recital de Eric Clapton en Alemania. El menor, Kim Jong Un, que sería el elegido, apenas supera los veinte años y por eso se habla de un interinato tutelar a cargo de algún otro familiar, entre los que se nombra a un cuñado, Jang Song Thaek, recientemente promovido a un puesto clave en el gobierno.

Según el centenario semanario inglés The Economist, la crisis sucesoria produjo una radicalización del régimen de Pyongyang. Los cuadros más duros habrían escalado posiciones a expensas de los moderados. Los programas de cooperación con Seúl se habrían restringido y el líder de los dialoguistas habría sido ejecutado tras ser enjuiciado por corrupción.

En abril Corea del Norte lanzó un cohete de largo alcance que podría llegar hasta Japón. Ante la condena de Naciones Unidas, Pyongyang rompió el acuerdo del 2007, expulsó a los inspectores, dio por reiniciado su programa nuclear y declaró que jamás retomará las conversaciones a seis bandas. Algunos expertos aventuran que el cambio de rumbo es producto de los problemas mentales que a veces acarrea una enfermedad como la que sufrió Kim hijo, de la cual no se conocen muchos detalles.

Pero la hipótesis más difundida es que Kim hijo ha cerrado el régimen y se ha recostado en las fuerzas armadas para fortalecer la frágil transición en ciernes. Los militares norcoreanos glorifican su programa nuclear, que inclusive es motivo de orgullo para no pocos coreanos que viven del otro lado de la frontera.

Así como ha habido cambios importantes dentro de Corea del Norte, también los ha habido en su alrededor. El año pasado asumió la presidencia de Corea del Sur el conservador Lee Myung-bak después de una década de gobierno del centroizquierda. Su antecesor Roh Moo-hyun, cuyo suicidio conmovió al país esta semana, había sido el impulsor de la política de acercamiento a Corea del Norte, la llamada «política de rayo de sol», y entre otras medidas había creado un Ministerio de Unificación.

La moderación de Seúl produjo no pocos roces con sus aliados de Washington, donde en esa época Bush colocaba al régimen norcoreano en su famosa lista del «Eje del Mal». Recién después del 2006, tras derrotas en las urnas y el campo de batalla, Bush varió su postura y posibilitó el acuerdo del 2007.

Ahora se invirtieron los roles: la crisis encuentra a un moderado en la Casa Blanca y a un duro en el palacio presidencial en Seúl. Lee reclama sanciones durísimas para Pyongyang, incluyendo la suspensión de la ayuda humanitaria. Y tiene el apoyo de Japón.

En cambio, Rusia y China quieren tamizar las sanciones y las condenas con un llamado a volver a la mesa de negociaciones. Pero al mismo tiempo han sido muy enérgicos en su condena del ensayo nuclear, lo cual hace dudar de hasta qué punto están dispuestos a mantener su política histórica de sostener al régimen comunista norcoreano para mantener el equilibrio de fuerzas en el Lejano Oriente.

En el medio está Obama. Algunos expertos le recomiendan seguir la idea de Rusia y China de reflotar las seis bandas. Otros dicen que debe tomar el toro por las astas y abrir una negociación bilateral con Kim. Otros reclaman mano dura con el dictador. Otros en cambio le recomiendan ignorar todo el asunto, argumentando que las bravuconadas de Kim no pasarán a mayores. Casi todos coinciden en señalar que la crisis es producto del deseo del líder norcoreano de llamar la atención del mundo ante el cambiante escenario por el crac financiero mundial y la llegada de Obama a la presidencia de los Estados Unidos.

Pero hay más. Según reveló en su momento Seymour Hersh en The New Yorker, operarios norcoreanos manejaban la instalación nuclear siria que Israel bombardeó en secreto en septiembre del 2007. Según el diario El País de España, altos funcionarios de Estados Unidos e Israel están convencidos de que Corea del Norte también colabora con el programa nuclear iraní. Desde la óptica de Occidente, ese programa es el principal factor desestabilizador del convulsionado Medio Oriente.

Por eso en el 2003 Bush lanzó la llamada Proliferation Security Initiative (PSI), después de secuestrar doce misiles Scud de un navío norcoreano y tener que devolverlos porque no había razones legales para confiscarlos. El PSI supuestamente es un programa de cooperación internacional orientado a usar todos los instrumentos legales disponibles para confiscar armas de destrucción masiva en tránsito entre países. Pero como sigue siendo muy difícil, desde el punto de vista legal, confiscar un cargamento en puerto y mucho más en alta mar, el poder del PSI es más que nada simbólico.

Al día siguiente del ensayo nuclear norcoreano, Seúl anunció que se unía a los ochenta países que adhieren al PSI. Ese anuncio a su vez fue tomado por Pyongyang como una declaración de guerra. En un comunicado, el gobierno de Kim avisó que cualquier intento de requisar un navío norcoreano provocaría una fuerte respuesta militar.

sodonnell@pagina12.com.ar

 

 

América Latina: La derecha afina su estrategia

Fernando Dorado
Kaosenlared

 Derecha AL

El gobierno  colombiano es la punta de lanza de los «neoconservadores latinoamericanos». Representa a los sectores más reaccionarios de las burguesías «nativas», aliadas del gran capital.

 

El «eje Calderón-Uribe», que explota política, económica y militarmente el tema del narcotráfico y el conflicto armado, ocupa un lugar importante en ese bloque reaccionario. Con Perú completan su triada de avanzada. Esa derecha tiene su fuerza concentrada en regiones y sectores específicos. Sus bases están en Zulia-Táchira (Venezuela), Antioquia-Valle del Cauca (Colombia), Panamá, México, Perú, Guayaquil (Ecuador), Media Luna (Bolivia), el agro argentino, y otras regiones y sectores de América Latina. Cuentan con el apoyo de la derecha gringa y española, la inteligencia CIA-israelí está a su servicio, y las grandes corporaciones capitalistas transnacionales aportan los fondos económicos. No es cualquier cosa. Hace rato vienen actuando concertadamente.

El gobierno colombiano es la punta de lanza de los «neoconservadores latinoamericanos». Representa a los sectores más reaccionarios de las burguesías «nativas», aliadas del gran capital estadounidense y europeo. Están al tanto que Uribe tiene graves problemas en el ámbito internacional. No han podido ocultar la sistemática violación de los DD.HH., los falsos positivos, las interceptaciones y seguimientos ilegales, el tráfico de influencias y la corrupción a todo nivel, lo que ha impedido la aprobación de los TLC (con EE.UU., Canadá y U.E.). Por ello, con el apoyo del gobierno español tratan de «limpiarle la cara» al gobierno colombiano. Ese es el principal objetivo de la actual visita del «sucesor real» ibérico al encuentro internacional de «víctimas del terrorismo» que se realiza en Medellín. Detrás de ambos eventos está la Universidad Sergio Arboleda, la Fundación FAES, el CEDICE, y una serie de instituciones norteamericanas y europeas.[2]

Contar con gobiernos autoritarios y derechistas en Colombia y en Perú es muy importante para el gran capital. Seguir utilizando la «amenaza terrorista» es vital e imperioso para ellos. No van a facilitar un proceso de paz porque necesitan «calentar» – de vez en cuando – las fronteras colombianas con Venezuela y Ecuador. Ese es el combustible que requieren para ganar el referendo con Uribe o para posicionar a Juan Manuel Santos de cara al 2010. Cuando sea necesario van a provocar conflictos «nacionalistas» para justificar la intervención militar de fuerzas imperialistas. De eso no debe haber la menor duda. Hay que tener bien claro que el «uribismo» es un proyecto fascista. Es una herramienta del gran capital monopolista internacional en donde la democracia no está en sus planes.

El debilitamiento de la hegemonía norteamericana

Así como ellos examinan su estrategia es importante revisar la nuestra. Es evidente que la derecha internacional tiene un problema: Obama representa en este momento al interior de los EE.UU. una política de avance democrático (así sea formal), presionado por las contradicciones internas y externas, y por la fuerza de movimientos sociales que emergen dentro del imperio (inmigrantes, minorías étnicas, trabajadores, pequeños empresarios sometidos por el gran capital, ambientalistas, mujeres, jóvenes, y otros sectores afectados por la crisis económica).

El gran capital monopolista afronta el debilitamiento de la hegemonía estadounidense en el mundo. La política guerrerista e intervencionista de Bush sigue estando en la agenda (Afganistán, Pakistán, Irak), pero en este momento el diálogo es la prioridad. Obama navega entre esas dos aguas o corrientes, que a veces se desencuentran y – hasta pueden chocar -, pero que tienen un mismo objetivo: recuperar la preponderancia política y económica para los EE.UU.

El pueblo norteamericano cree en los «valores democráticos» y en la supuesta «libertad» que dicen defender sus gobernantes. No entiende que esa democracia es falsa, que está manejada por las todopoderosas transnacionales corporativas, y que la «libertad» es un concepto abstracto utilizado para invadir países y apropiarse de riquezas ajenas. Las mayorías en ese país creen – por ahora -, en la oferta e intencionalidad de Obama de cambiar su política interna y externa. La interna, para salir de la crisis económica, y la externa, para recuperar el liderazgo mundial.

El problema consiste en que el presidente gringo no tiene la suficiente fuerza interna para golpear los intereses de las corporaciones capitalistas que controlan el sector financiero y la industria guerrerista. Tampoco hay certeza de que tenga voluntad de enfrentarlos. En lo internacional, no parece que China, Europa, Rusia, India y otros bloques económicos estén interesados en agudizar la crisis, dado que los EE.UU. siguen siendo un factor importante de intervención económica y de control político. Diversas señales llevan a pensar que dichos bloques de poder juegan a un debilitamiento progresivo y no a un hundimiento catastrófico, que los afectaría en sus intereses. Síntomas de que la globalización neoliberal sigue pesando, así se apliquen políticas proteccionistas parciales y temporales.

El poder imperial norteamericano, como todo imperio, está condenado a desaparecer. Pero, no debemos olvidar que la mayoría de imperios se han desmoronado desde adentro. ¿Cuál es el mejor escenario hacia el futuro para los pueblos y los trabajadores del mundo entero? ¿Cómo influir desde los gobiernos democrático-populares y nacionalistas de América Latina para que el pueblo norteamericano fortalezca un camino democrático y no gire hacia la derecha-fascista dentro de poco tiempo? ¿Acaso no es aleccionador lo que ocurre en Europa y Rusia, en donde los sectores xenofóbicos se han fortalecido explotando falsos sentimientos nacionalistas frente a la crisis económica? ¿Tenemos o no un verdadero dilema ante nosotros? ¿Negamos olímpicamente las contradicciones que se presentan al interior de la política estadounidense? ¿Lanzamos ofensivas contra la burguesía en cada país – como lo exigen algunos sectores de izquierda «radical» – o desarrollamos una estrategia de acumulación de fuerzas?

Tres posiciones entre los gobiernos latinoamericanos

El tema está en el centro del debate que los gobiernos y los pueblos latinoamericanos debemos plantearnos. Miremos cuál es el comportamiento de nuestros gobiernos. Se observan tres posiciones predominantes:

– Los gobiernos que continúan con la política neoliberal, fieles al «libre comercio», aplicando todo el paquete agro-minero-exportador al servicio de las transnacionales. Estos gobiernos se diferencian entre sí, sólo en cuanto a los márgenes de negociación con el imperio, que en gran medida obedecen al nivel de subordinación y dependencia, a su situación interna, a los intereses estratégicos de los EE.UU, y otros factores menores. Esos gobiernos son los de México, Chile, Perú, Colombia y Panamá.

– Los gobiernos que se muestran independientes, rompiendo sin temor con las políticas impuestas por el gran capital, enfrentan al FMI y al BM, nacionalizan empresas estratégicas, impulsan de frente el ALBA, y defienden su alianza y apoyo a Cuba. Ellos son Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Paraguay, que se ha ido sumando. Algunos de ellos son más retóricos que otros, unos van más allá por cuestiones de política interna, otros la miden dependiendo de intereses económicos concretos, pero la intencionalidad de construir un bloque latinoamericano anti-imperialista es evidente y explícita.

– Están los gobiernos de los países que por efecto de acumulados históricos y económicos tienen mayor capacidad de negociación, no sólo frente a Estados Unidos, sino a otros bloques de poder. Este conjunto de gobiernos está representado por Brasil, Argentina y Uruguay. No rompen en forma absoluta con las políticas neoliberales porque tienen intereses económicos qué defender, tanto en los organismos de crédito multilateral como en su relación con grandes consorcios capitalistas. Intentan liderar el bloque latinoamericano frente a los EE.UU., en forma moderada y funcional a sus intereses. La burguesía de esos países tiene gran poder económico, tiene intereses entrelazados con las transnacionales globalizadas, y le teme a los cambios estructurales. Un giro muy fuerte hacia la izquierda por parte de los gobiernos actuales, les daría la oportunidad de desestabilizar la situación económica y política, como ya lo mostró la burguesía agro-exportadora argentina.

La estrategia de los gobiernos democrático-populares

En ese panorama la política de los gobiernos revolucionarios, bolivarianos y/o democrático-populares debe ser muy inteligente. Tensionar la situación sin tener la seguridad de contar, no sólo con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos (poder político) sino con la fuerza económica, es suicida. Lo ocurrido recientemente en la Cumbre de las Américas (Trinidad y Tobago) debe ser evaluado. Hay que actuar pensando en que en el corto plazo los pueblos van a continuar moviéndose a la izquierda o al centro (México, Colombia, Perú, y algunos caribeños y centroamericanos). Los movimientos sociales, en especial en países como Brasil y Argentina deberán ganar terreno, presionando desde la base.

Igualmente, actuar frente al gobierno estadounidense pensando en el grueso del pueblo norteamericano. El bloque de países latinoamericanos debería lanzar una ofensiva política y mediática en el territorio estadounidense. Hay que «cogerle la caña» a Obama, exigiéndole más democracia y más coherencia frente a la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, las minorías, los más pobres y los trabajadores, así como el respeto de la autonomía de los pueblos y la autodeterminación de las naciones.

 Sabemos que la oligarquía latinoamericana y la burguesía transnacional preparan la contrarrevolución. No la tienen fácil. Formalmente se ven obligados a defender la «democracia». Por ello le van a exigir a Uribe que no se presente a una 2ª reelección. Santos es la carta a jugar frente a Chávez y a Correa. Éste tendrá como compromiso «echarle tierra» a los crímenes de lesa humanidad que ha cometido este gobierno. Desgraciadamente las fuerzas democráticas colombianas parecieran no entender el momento tan delicado que vive el país granadino. Lo que se juega es mucho.

En general creemos que la tarea inmediata es seguir acumulando fuerza; fortalecer la integración a todos los niveles (no sólo a nivel de gobiernos, sino fundamentalmente entre movimientos sociales, partidos políticos y sectores democráticos), construir democracia interna, ampliar la justicia y la inclusión social, fortalecer el desarrollo económico endógeno, garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer el poder popular desde las bases. Con paciencia, coherencia y consistencia. Lanzar ofensivas en cada país por aparte, sin tener fuerza consolidada, puede ser aventurero e iluso. Es «darle papaya» a esa oligarquía reaccionaria que está a la caza de oportunidades.

 

 

[1] Encuentro internacional sobre ‘Libertad y Democracia, el Desafío Latinoamericano’, Caracas 28-30 de mayo/09

[2] Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=85704&titular=el-reencuentro-de-la-derecha-latinoamericana-en-caracas-

 

La derecha latinoamericana está reunida en Caracas[1] revisando su estrategia. Temen al proyecto «populista». Así denominan a los gobiernos democrático-populares y de izquierda socialista que constituyen la vanguardia de los pueblos en América Latina. La oligarquía regional está preocupada y alerta. Saben que está en peligro su hegemonía de clase. Mientras afinan los planes fascistas y golpistas intentan dividir y enfrentar. La elite derechista se reúne para complotar.

 

 

La OEA Una creación neocolonial y sus complicidades impunes

Stella Calloni

Kaosenlared

 OEA-logo

Esta organización jamás paró la mano de un golpe duro o suave, ni intentó detener el genocidio del siglo XX y siempre brindó en la mesa de los dictadores y de los dueños del poder real.

 

 

Desde su creación en 1948, la Organización de Estados Americanos (OEA) es una institución ausente en la defensa de los derechos de los pueblos sometidos a estrategias de dominación a lo largo del siglo XX y fue cómplice de los sucesos más cruentos que dejaron miles de víctimas en el continente.

A lo largo de 60 años permaneció como una institución fantasma ante la tragedia latinoamericana cumpliendo el indigno papel de Ministerio de Colonias actuando bajo los mandatos de la virtual metrópoli colonial, que nos impuso la dependencia con violencias diversas.

Ahora atraviesa una de sus mayores crisis, que en realidad comenzó a profundizarse ante su total inoperancia en 1982, en la llamada Guerra del Atlántico Sur, la gota que desbordó el vaso después de no haber dado respuestas a las injusticias que vivió la región en los años 60-70.

En realidad desde su nacimiento, la OEA estaba marcada. Sus antecedentes fueron diseños de Washington como la Primera Conferencia Internacional Americana en 1890, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, y su secretaría permanente; la Unión Panamericana de 1910, hasta la conformación del organismo actual en los días tumultuosos y trágicos que vivió Colombia, después del asesinato del líder popular y candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.

Este asesinato fue una de las primeras actividades de la Central de Inteligencia (CIA)creada en 1947 en Washington, la misma que había enviado sus cuadros a la reunión de Bogotá, donde cancilleres de 21 países corridos por el miedo, acosados por una campaña de prensa feroz -porque el terrorismo mediático no es nuevo- terminaron firmando la Carta de la OEA que Estados Unidos necesitaba.

La muerte de Gaitán sirvió a Washington para imponer su agenda disfrazada en objetivos que nunca respetaría como fortalecer la paz, consolidar democracias, promover los derechos humanos, desarrollos sostenibles y desarrollo social y económico, entre otros buenos deseos que nunca se cumplieron.

Su creación obedeció a necesidades estratégicas de Estados Unidos como lo revelarían después diversos documentos desclasificados y recopilados por el abogado y escritor colombiano Apolinar Díaz Callejas en 1988.

La hegemonía estadounidense, quedó establecida en la política exterior de ese país después de la Segunda Guerra Mundial y esos trazados significaron el atrapamiento de América Latina en los juegos de un poder imperial que tempranamente había confesado que «América era para los americanos(norteamericanos)».

En la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, la delegación estadounidense estaba encabezada por el general George Marshall, secretario de Estado del gobierno de Harry Truman, quien traía dos planteos básicos de la «Guerra Fría»: la lucha contra el comunismo y la «seguridad continental» que se convertiría luego en Doctrina de Seguridad Nacional y contrainsurgencia en los años 60, Seguridad Hemisferica y Guerra infinita en los 2000.

No venían a unir a América sino a tomarse la región. Un año antes habían logrado imponer el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o Tratado de Río, que sólo sirvió para amparar el intervencionismo y legitimar lo actuado por los gobiernos estadounidenses.

El trabajo de Marshall y sus equipos estaban destinados a acusar el asesinato de Gaitán al comunismo, a la Unión Soviética, a los que nunca hubiera interesado la desaparición del líder liberal de inspiración socialista.

Una serie de telegramas y cartas dirigidas por Marshall al presidente y sus colaboradores, rescatados en los documentos desclasificados por Díaz Callejas, dan cuenta del cuidadoso armado que se realizó en Colombia con la complicidad del presidente Mariano Ospina Pérez, los amigos de Estados Unidos y los medios.

La histeria anticomunista debía servir para vencer las resistencias de algunos de los 21 países asistentes, que las había. Incluso ante los acontecimientos se llegó a debatir la llegada de tropas de Estados Unidos y el jefe de la delegación de Venezuela, el ex presidente Rómulo Bentancourt, se plantó contra esa posibilidad y amenazó con retirarse de la reunión.

En realidad luego hubo trasiego silencioso de tropas del Comando Sur entonces establecido en Panamá y aviones militares llegaron hasta los aeropuertos colombianos, para «seguridad de los delegados».

La serie de telegramas intercambiados por Marshall y su gobierno demuestran que, a pesar de la incredulidad de periodistas y medios de Estados Unidos sobre la versión de una conspiración comunista para asesinar a Gaitán, la delegación estadounidense encontró buen apoyo en medios colombianos relacionados con la embajada.

Acusaciones sin evidencia alguna, como reconocen funcionarios de Washington fueron, sin embargo publicadas en medios colombianos bajo control estadounidense.

La campaña sirvió para que Marshall y sus delegados convencieran a la mayoría de aprobar la resolución de la IX Conferencia Internacional Americana contra el comunismo con un objetivo básico en función de la «guerra fría».

La declaración «para preservación y defensa de la democracia en América», llamó a tomar medidas urgentes para evitar que «agentes lal servicio del comunismo internacional pretendan desvirtuar la auténtica y libre voluntad de los pueblos de este continente».

 

Se destacaba la «naturaleza antidemocrática e intervencionista del comunismo internacional» y cualquier «totalitarismo incompatible con la concepción de la libertad» y por supuesto con los consabidos «postulados de la dignidad humana y la soberanía de las naciones» que precisamente Estados Unidos jamás respetó.

Cinco años después, en 1954 este país invadió Guatemala y se entendió por qué y para qué se habían firmado esos compromisos que servirían para respaldar la política intervencionista de Washington.

La imagen solitaria del canciller de Guatemala Guillermo Toriello en 1954 cuando denunció primero los planes de intervención de Estados Unidos sobre su país, luego la intervención misma y defendió los derechos de su pueblo, es hasta hoy un símbolo de la soledad en que la OEA dejó a América Latina.

¿Quién demanda a la OEA por los más de 200 mil muertos en Guatemala desde la invasión de 1954 hasta los años 90, entre ellos casi 90 mil desaparecidos?

¿Y las invasiones a Cuba en 1961, Santo Domingo 1965 y Haití y la siembra de dictadores en Centroamérica y toda la región?. ¿Responderá la OEA por las miles de víctimas en todos nuestros países y en Colombia que desde 1948 no tiene paz?

La OEA no estuvo para detener la mano de los mercenarios en Nicaragua, ni los invasores en Granada(1983) o Panamá (1989) ni actuó cuando la flota británica vino a retomar las Islas Malvinas, a tanta distancia de sus costas y reconocidamente argentinas.

En aquellos años de la Guerra Fría- que en realidad nunca acabó- Washington no podía permitir un cambio en las estructuras sicioecónomicas de la dependencia que implantó en el continente, desde la puesta en marcha de la doctrina Monroe en 1823. Esto abrió el camino del expansionismo del «destino manifiesto» y el apoderamiento de nuestros territorios. Luego fueron otros planes como la siembra de las dictaduras de la seguridad nacional.

En los años 90 fue la catástrofe del neoliberalismo globalizante y en los años 2000 se trazó un proyecto de recolonización encubierta, una invasión silenciosa, donde los militares-sus tropas- están agazapados, mientras abundantes funcionarios de inteligencia, espías y equipos de Baja Intensidad ofrecen ayudas, crean Organismos No Gubernamentales y Fundaciones de buenos nombres y malos antecedentes y objetivos.

En abril de 2002 un golpe cívico militar en Venezuela fue derrotado por el pueblo en las calles, pero los funcionarios de la OEA, ni siquiera hablaron de golpismo.

Como tampoco hicieron nada ante cada golpe en el siglo XX. En noviembre de 2005, en Mar del Plata Argentina, los países del Mercado Común del Sur sepultaron el sueño colonial del Area para el Libre Comercio de las Américas(ALCA), que en 1994 había propuesto el ex presidente William Clinton, como un proyecto recolonizador en tiempos del neoliberalismo rampante, que les aseguraba las reglas del juego necesarias. Entonces encargó a la alicaída OEA la organización y administración de estas reuniones. Duró once años el proyecto y de nuevo en 2005 la OEA quedó con las manos vacías.

Sin prestigio alguno, repudiada por los pueblos latinoamericanos, la OEA nació como un árbol torcido y torcida y denigrada está ahora en el siglo XXI intentando liderar países que ya no le obedecen. Otras instituciones propias regionales hicieron lo que se debía hacer y tienen ahora protagonismo real.

Los funcionarios burocráticos de la OEA tampoco llamaron golpe a lo sucedido en Bolivia en agosto-septiembre de 2008 y quedaron paralizados ante la masacre de Pando en septiembre de 2008, cuando las autoridades de ese departamento boliviano que participaban en el golpe contra el gobierno de Evo Morales, decidieron «escarmentar» a campesinos desarmados. Mataron despiadadamente a más de 20 personas, entre ellos niños, dejando heridos y torturados. Entonces emergió la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)por decisión de varios gobiernos y envió una misión de alto nivel a investigar los hechos, abriendo el camino a la justicia. Como en mayo de 1980 había sucedido en el Río Sumpul frontera entre Honduras y El Salvador, donde el ejército hondureño dispuso la expulsión y entrega a su par salvadoreño de campesinos d eesta nacionalidad refugiados. En muy pocas horas el ejército salvadoreño, formado, financiado y asesorado por Estados Unidos, mató a más de 600 personas, en una cacería brutal. Todavía no hay justicia, pero la OEA tampoco estuvo.

Esta organización jamás paró la mano de un golpe duro o suave, ni intentó detener el genocidio del siglo XX y siempre brindó en la mesa de los dictadores y de los dueños del poder real.

En marzo de 2008, varios gobiernos latinoamericanos no obedecieron órdenes de Washington cuando sucedió el brutal bombardeo sobre un campamento de negociación por la paz, en Sucumbio, Ecuador, por parte del ejército colombiano, con apoyo de asesores de Estados Unidos e Israel. El objetivo de la OEA era imponer, durante la reunión convocada ante esos hechos, una claúsula que anulara las soberanías en función de la guerra infinita contra el terrorismo. No pasó y resultó en una de las grandes derrotas de la OEA en los últimos tiempos.

Ahora hay una verdadera rebelión de países latinoamericanos pidiendo que se levante la cláusula que se usó para expulsar a Cuba de la OEA y que ese país decida si quiere participar. Cuba está en el centro del debate en la próxima reunión en San Pedro Sula Honduras. Las posiciones por un cambio definido en la política de Estados Unidos hacia Cuba, ponen en una situación límite a la OEA. La voz del secretario general de ese organismo José Miguel Insulsa insinuando condiciones para que Cuba reingrese a la OEA apareció como una acción extemporánea y vacía.

El comandante Fidel Castro, en una de sus últimas reflexiones se pregunta si «debe existir la OEA». Y en su respuesta recuerda los 60 años de infamias vividos por esa institución de los que Cuba no participó.

En realidad además de estas exigencias los países de América latina, demandan como un acto de mínima justicia, el levantamiento del bloqueo criminal contra el pueblo cubano, pero sin condiciones.

La OEA enfrenta su momento más grave. Si no cambia su estructura, si continúa siendo una creación colonial para solapar cuestiones coloniales y amparar las injusticias de una despiadada metrópoli imperial, los países de América Latina, no pueden seguir convalidando la farsa que tanto cuesta a pueblos desguarnecidos cuando aún la independencia verdadera se pelea en las calles y en los caminos de nuestra región.

 

 

España: El modelo productivo

Juan Torres López

Sistema Digital

 

Quienes hemos criticado desde hace años el modelo de crecimiento de la economía española hemos de estar satisfechos por la voluntad de cambio expresada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Es verdad que lo que hizo el presidente en el debate sobre el estado de la Nación fue apuntar el inicio de una nueva estrategia. Se limitó a manifestar sus intenciones («la transformación del modelo productivo es la clave para retomar una senda de prosperidad sostenible») y a establecer algunos puntos de partida a partir de los que se propone ponerlas en práctica y de los que me parece que hay que destacar tres principales: la creación de un nuevo entorno para la actividad económica, la reconducción de la actividad y «del volumen exagerado» del sector inmobiliario y la identificación y potenciación de nuevos sectores. Y como añadido de eso, mencionó los tres instrumentos a partir de los que el gobierno piensa que puede contribuir a poner en marcha el cambio: financiación, una norma jurídica específica y una propuesta de acuerdo político.

Yo creo que en la situación en la que se encuentra hoy día nuestra economía esa apuesta del presidente es imprescindible y que merecería un apoyo social amplio y sincero porque limitarnos a seguir el mismo camino seguido hasta ahora puede llevarnos a medio plazo, e incluso una vez que pase la crisis, a un callejón sin salida y a condiciones mucho peores incluso que las que ahora tenemos en su pleno desarrollo.

Lo que ocurre es que para que esa propuesta sea viable hacen falta algunas cosas más que las buenas intenciones, o incluso que los recursos legales y financieros que se han anunciado.

Quizá lo primero sería ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos exactamente por modelo productivo y sobre sus elementos que se desean o se pueden modificar.

A veces da la impresión de que lo que en realidad se busca es hacer sostenible el actual estado de cosas, es decir, lograr que se siga reproduciendo aunque sin tantos sobresaltos. Es la sensación que se tiene cuando al mismo tiempo que se habla de cambio de modelo, las ayudas y los incentivos que se ponen sobre la mesa van a los mismos sectores de siempre y dejando que los mismos sujetos lleven la iniciativa y se sigan beneficiando de manera privilegiada de las medidas que se adoptan.

¿Consideramos ya como irreversible la desindustrialización de nuestra economía? ¿Aceptamos ya para siempre que renunciamos a nuestros activos y que el modelo a seguir ha de ser el que se basa en la venta de su práctica totalidad al capital extranjero?

El Presidente se refirió, yo creo que correctamente, a la necesidad de buscar otros sectores (aunque alguno de los que citó, como el de la moda, debería sonar muy raro en los planes de un gobierno que se ha autoproclamado feminista) pero el cambio de modelo no puede consistir solamente en la sustitución de un tipo de actividad por otro.

El modelo tiene que ver sobre todo con el tipo de uso que se haga en cualquier actividad y no solo con los que tienen que ver con el medio ambiente. Y ese uso es el resultado del diferente poder que tienen los distintos sujetos económicos, por lo que para hablar de cambio de modelo hay que hablar de si se va a dejar intacta la correlación de fuerzas o si se va a tratar de empoderar de otro modo y cómo a los sectores más débiles modificando a su favor normas como las que ahora hay en relación con el mercado laboral. Es lo que hacen, pero en el sentido contrario de favorecer a los intereses de la patronal, quienes proponen despidos más fáciles, acabar con la negociación colectiva o establecer un único tipo de contrato.

¿Queremos ahora ser más competitivos pero a base de salarios bajos, como constantemente están proponiendo la patronal o el Banco de España?

También tiene que ver, como el propio presidente reconoció, con la financiación. Pero sería imposible que el cambio, y mucho menos el propio modelo, se financie solo con un gasto público que se encuentra tan lejos de los estándares de nuestro entorno y de cuyo aumento a medio plazo no solo no se habla sino que incluso se dice que en cuanto se pueda volverá a contenerse.

Y aunque seguramente el gasto público será imprescindible, es evidente que no será suficiente y que habrá que contar con un sistema financiero comprometido con este cambio, algo realmente impensable mientras predomine su actual ordenación y la lógica que lo guía. Y aún menos, si se lleva a cabo el plan que parece preparar el gobierno para facilitar la concentración bancaria en el sector privado y la jibarización en el de las cajas.

Un modelo productivo también es un modelo de distribución de la renta. En economía no ocurre lo que pasa en la repostería, que primero se hace la tarta y luego se reparte, sino que es justamente al mismo tiempo que se produce que ya se está distribuyendo. Por eso es trascendente que, al mencionar los inconvenientes del modelo actual, el presidente no haga referencia explícita a sus negativos efectos sobre la distribución de la renta y la riqueza.

Si se va a cambiar el modelo se va a afectar inevitablemente al reparto y por tanto se tiene que poner sobre la mesa a qué esquema distributivo se quiere llegar y, sobre todo, qué medios se van a utilizar para lograrlo.

Hablar de cambiar el modelo productivo y no mencionar este problema de la desigualdad que el actual está incrementando no es solo una gran ingenuidad.

La manera en que se ha desenvuelto nuestra economía en los años recientes es la que ha provocado una concentración de la riqueza sin igual y la que ha llevado a que la participación de los salarios en el reparto de la «tarta» de las rentas sea la más baja desde los años sesenta. Solo en los años 2002-2005, gloriosos desde el punto de vista de crecimiento del PIB, la renta media correspondiente al 20% más pobre de los hogares de España se redujo en un 23’6%, mientras que la renta media del 10% más rico se incrementó más de un 15%.

¿Y cómo no hablar del endeudamiento de los hogares ocasionado por el actual modelo productivo, que ha pasado de ser el 66,5% de su renta disponible en 1994 al150,4% en 2007? ¿se va a mantener esa tónica tan beneficiosa para la banca (cuyo negocio es precisamente que la gente y las empresas se endeuden) o se va a tratar de cambiar? Y si se quiere cambiar, ¿cómo se va a lograr, cómo se va a doblegar el poder de los bancos y cómo se va a conseguir otra distribución de la renta que no obligue a los hogares a endeudarse de esta forma?

El modelo productivo y su cambio también tiene que ver con las cuestiones fiscales. ¿Se va a mantener el actual discurso fiscal? ¿Se va a seguir considerando que reducir los impuestos es una política progresista, cuando al mismo tiempo se debilita la provisión de bienes sociales? ¿Se va a ir, como se ha apuntado en algunos documentos doctrinarios, a promover amnistías fiscales, a seguir facilitando, como desgraciadamente ha hecho el gobierno, que los residentes en paraísos fiscales dispongan de condiciones tan privilegiadas como inaceptables desde el punto de vista de la justicia fiscal, o que las ganancias del capital que reciben principalmente los que ya de por sí son más ricos tributen mucho menos que las del trabajo?

Por otro lado, para poner en marcha la estrategia de sostenibilidad (económica, social y medioambiental) a la que aspira el gobierno harían falta nuevos instrumentos de registro y medida de la actividad económica, salvo que se quiera conducir el coche del cambio productivo sin tablero de mandos o con los ojos tapados. No vale el Producto Interior Bruto, ni valen las cuentas que no recogen nuestra producción de residuos, ni la actividad no monetaria que, sin embargo, es una pieza clave de la sostenibilidad, o el grado de eficiencia con que usamos los recursos, entre otras muchas.

No nos conviene engañarnos. Si lo que se desea es realmente un cambio de modelo productivo tenemos que hablar de todas estas cosas. Lo otro es sencillamente limitarse a encontrar algunos nuevos yacimientos de negocio para que los mismos de siempre sigan poniéndose las botas aunque en actividades distintas y con un barniz de responsabilidad social corporativa por encima.

La primera apuesta, la sincera, es difícil. Obliga también a modificar las conductas, a corregir inercias y comodidades y a acabar con privilegios inaceptables, lo que provocará lógicas y fuertes resistencias. Si el gobierno la plantea con inteligencia y con claridad, hablándole a los ciudadanos con credibilidad y promocionando un nuevo tipo de participación y complicidad social podrá dar pasos de gigante. Si es conservador y quiere cambiar todo dejando todo como está, se quedará solo a la hora de afrontar un reto tan importante.

 

 

 

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla). Su página web: http://www.juantorreslopez.com

Las complicidades de Álvaro Uribe y Felipe Calderón

Gilberto López y Rivas

La Jornada

 

Los crímenes de Estado de Álvaro Uribe siguen causando víctimas, con la complicidad de quien ocupa ilegítimamente el Poder Ejecutivo en México, Felipe Calderón. Las amenazas de extradición a Ecuador de Lucía Morett Álvarez y la detención ilegal del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas cuando realizaba trámites migratorios, y su expulsión inmediata a Colombia, son dos sucesos más que lamentar de la cadena que se inicia con la acción militar del gobierno colombiano en territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008, en la que fueron asesinados, además de Raúl Reyes y sus compañeros de armas, cuatro estudiantes mexicanos.

Álvaro Uribe se responsabilizó públicamente de este hecho violatorio del marco jurídico internacional y el que rige los actos de guerra y el derecho humanitario, sin que hasta la fecha se le finquen cargos por este y los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Colombia, como los denunciados en esta columna sobre los cientos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos (La Jornada, 21 de marzo de 2009).

Paradójicamente, Lucía Morett, herida gravemente en ese bombardeo, es inculpada en un juicio de extradición por Wirmar Gonzabay Pérez, agente fiscal del distrito Sucumbíos, y Orellana, del Ministerio Público de Ecuador (fallecido en una zona de tolerancia de Lago Agrio, víctima de un paro cardiaco), por el delito contra la seguridad del Estado, sin que hasta la fecha se conozcan acusaciones y trámites judiciales similares en contra de los militares colombianos y su comandante en jefe, Álvaro Uribe, quienes son los delincuentes confesos de la incursión en territorio ecuatoriano. El juez local de la provincia –asimismo– dictó una orden de llamamiento a juicio en contra de Lucía. La larga mano de Uribe llega al aparato judicial ecuatoriano, tan sospechosamente sesgado que responsabiliza a las víctimas y no a los victimarios; pero también llega a México, cuyo gobierno no ha condenado el homicidio de esos jóvenes estudiantes que desarmados y sin uniforme se encontraban en el campamento, y cuyo presidente se dispone a visitar Colombia para ser recibido como un héroe de la lucha contra el terrorismo.

Los padres de esos estudiantes afirman en carta a Felipe Calderón, fechada el primero de marzo de este año: «Múltiples ataques e infundios se han manejado para desprestigiar a nuestros hijos asesinados y a Lucía como testigo, pretendiendo con ello desviar la responsabilidad que los asesinos tienen por los delitos cometidos. Categóricamente reiteramos, nuestros hijos ingresaron y transitaron legalmente por Ecuador. Su visita como civiles en un campamento de las FARC no constituía ningún delito. Eran jóvenes entusiastas, interesados en conocer los procesos sociales latinoamericanos. Su derecho a realizar investigaciones académicas in situ fue reivindicado por autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de la UNAM». Se destaca en este documento la negativa de Patricia Espinosa y el titular del Ejecutivo federal a recibir a los padres, no obstante la gravedad de lo sucedido y los diversos documentos enviados sobre la masacre de Sucumbíos. Se señalan la falta de una defensa efectiva para los mexicanos víctimas de delitos en el extranjero y el nulo interés del gobierno de Calderón para que los culpables materiales e intelectuales de los homicidios de mexicanos sean juzgados. También se hace un enérgico extrañamiento a que la investigación de las autoridades mexicanas se ha centrado en los jóvenes y sus acciones, y no en la incursión extraterritorial colombiana. Se denuncian el carácter persecutorio del interrogatorio de la Procuraduría General de la República (PGR) a Lucía Morett y los dos procesos penales abiertos contra ella y otros ciudadanos sin pruebas ni fundamentos. Sobre todo, se demanda que el gobierno mexicano no otorgue la extradición de Lucía Morett, con base en el artículo 3 del tratado de extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Ecuador, que es muy claro en negar dicho acto si existen razones fundadas para considerar que una solicitud de extradición ha sido formulada con el propósito de perseguir o castigar a una persona por motivos de su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o cualquier otro tipo de discriminación prohibida por la legislación interna de cada una de las partes, así como por los tratados internacionales vigentes para ambas partes. Lucía es perseguida por sus creencias políticas en favor de la solidaridad entre los pueblos de México y Colombia y en defensa de los derechos humanos de los colombianos violentados gravemente por Álvaro Uribe Vélez.

Convenientemente, los aparatos de inteligencia colombianos encontraron en la ya legendaria computadora de Reyes todo un expediente contra Miguel Ángel Beltrán Villegas, maniobra que con precisión el editorial de nuestro periódico del 24 de mayo califica de montaje elaborado por la administración uribista. Ahora se tratará de relacionar a este peligroso terrorista con Lucía Morett y con otros mexicanos y extranjeros de la supuesta red internacional de la guerrilla colombiana, académicos, intelectuales y activistas que han manifestado desde nuestro país posturas críticas hacia el gobierno uribista y que podrían, por tanto, estar incorporados en la lista negra de Bogotá (Ibid.).

Apoyo a Lucía Morett y a la negativa de su extradición; a los padres de los estudiantes masacrados en Ecuador. Indignación por la obsecuente complicidad de Felipe Calderón y su gobierno con Uribe Vélez en la detención y expulsión de nuestro colega Beltrán Villegas, a quien envío un saludo solidario. Alto a las agresiones a la Universidad Nacional Autónoma de México.