El despojo de los metales argentinos (Descargar Documento)

Fernando ‘Pino’ Solanas

MORENO

 explotacion-minera

Hoy como ayer, uno de los bienes más genuinos del que disponen los pueblos para su desarrollo, son los recursos naturales de sus territorios, que forman parte del capital de toda la sociedad. Desde la conquista, esas riquezas fueron sustraídas por los ocupantes y, salvo raras excepciones, siguen en manos extranjeras. El llamado ´boom minero argentino´ que atrae a las multinacionales del sector, anunciando grandes beneficios para el país, es una operación que desinforma y encubre el silencioso saqueo de recursos metalíferos no renovables, permitiendo sistemas extractivos depredadores y contaminantes, que están siendo denunciados en todo el mundo. La nueva ´fiebre del oro´ se inició durante la década de Carlos Menem y se ha mantenido y profundizado hasta hoy con los sucesivos gobiernos, creándose incluso una suerte de tercer territorio en la Cordillera de los Andes mediante el ‘Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno’ de 1997.

Pueden sorprender estas afirmaciones; pero el tema de la explotación minera y la legislación que la ampara, no han estado presentes en el debate político y menos aún en los medios de comunicación. Es raro encontrar un ciudadano -periodista, profesor, magistrado o dirigente- que sepa que Argentina es el sexto potencial minero del planeta o que guarda en sus sierras, mesetas y cordilleras, depósitos detectados de oro, cobre, plata, plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, níquel, cobalto, uranio y decenas de metales poco conocidos pero de valor estratégico, que se estiman en la suma de 170.000 millones de dólares. La Secretaría de Minería de la Nación (S.M.N.) sostiene: ‘La oportunidad que presenta el potencial geológico de la Argentina radica en que el 75% de la áreas atractivas para la minería permanecen sin explotar. La totalidad de los prospectos, yacimientos y depósitos fueron ubicados y puestos a disposición de la actividad privada a comienzos de la década del 90, como resultado de varios años de trabajo prospectivo del Estado’ (1).

Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente evidencia una clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de las reservas mineras es de los estados provinciales pero les prohíbe explotarlas: están obligados a cederlas a las empresas privadas, transfiriéndoles las investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por el Estado. Si a esto se suma la falta de control público sobre los minerales que exportan, las excepcionales desgravaciones impositivas, las bajísimas regalías o los subsidios otorgados, no sería exagerado afirmar que el despojo colonial del cerro de Potosí difiere poco en su esencia del que hoy practica la mentada ´gran minería´ en nuestro país. Contrariamente a lo que se hace creer, el oro, la plata, el cobre y sesenta metales más, se van al extranjero sin pagar nada, dejándonos pobreza, corrupción, comunidades divididas por la asociación o resistencia a la corporación minera, y una gravísima contaminación ambiental. Sin embargo, tales consecuencias han atravesado el Congreso Nacional, la Justicia, los organismos del Estado y se mantienen en el gobierno de los Kirchner sin haber provocado reacción alguna por parte de las dirigencias políticas .

Libro tomado de: http://www.indargen.com.ar/

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