Fujimori, sentenciado a 25 años por 25 muertes y dos secuestros

Dpa, Afp y Reuters

 

 

 La justicia peruana condenó hoy a 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por la muerte de 25 personas durante la guerra sucia contra la guerrilla en aquella época, así como por el secuestro de dos personas, en un histórico fallo que marcaría un precedente para casos de abusos contra los derechos humanos en el mundo.

Esta es la primera sentencia condenatoria por casos de violación a los derechos humanos contra un presidente elegido en las urnas y juzgado en su propio país en América Latina.

Fujimori, de 70 años y quien en todo momento ha negado las acusaciones, afrontó un proceso que duró 16 meses y terminó con un fallo en el que se le encontró culpable de ser autor mediato de asesinatos con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves que constituyen, según la sentencia, crímenes de Estado y crímenes contra la humanidad.

La sala penal especial presidida por César San Martín consideró plenamente acreditado que Fujimori ocupó la máxima jerarquía en el aparato que ejecutó una política paralela antisubversiva distinta a la del discurso oficial y que no sólo permitió las matanzas del grupo militar Colina, sino que maniobró para proteger a sus autores.

El fallo establece que teniendo en cuenta el tiempo que Fujimori estuvo detenido o bajo arresto domiciliario en Chile mientras se esperaba la extradición, permanecerá preso hasta el 10 de febrero de 2032, cuando tenga 93 años. No obstante, el abogado de la parte civil Carlos Rivera explicó que las figuras aplicadas tienen beneficios penitenciarios, por lo que podría salir antes.

La fiscalía, conforme

Fujimori anunció de inmediato que interpondrá un recurso de nulidad, mientras la fiscalía, que pedía 30 años, expresó conformidad con el fallo.

La sentencia señala puntualmente las razones por las que Fujimori es responsable y fundamenta la teoría de la autoría mediata, utilizada por la fiscalía, mediante la cual se privilegia en el momento de las pruebas a las que confirmen el dominio de los hechos del acusado.

Además de cárcel, Fujimori tendrá que pagar como reparación cerca de 20 mil dólares para cada hermano de los 15 muertos en la matanza de Barrios Altos en 1991, y para los herederos de las diez víctimas de la Universidad de La Cantuta en 1992.

Igualmente, Fujimori fue procesado por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti, corresponsal entonces del diario español El País, y del empresario Samuel Dyer, quienes fueron llevados a los sótanos del Servicio de Inteligencia del ejército. La fiscalía consideró plenamente probada la participación del ex mandatario en estas detenciones arbitrarias.

A partir de mayo el ex mandatario empezará a enfrentar otros procesos por corrupción y los expertos estiman que en esos casos las pruebas son aún más claras. Sin embargo, como en Perú las penas no son acumulativas, no corre riesgo de tener que pasar más tiempo tras las rejas.

Tal como se anticipaba, el fallo dividió al país, aunque sólo hubo manifestaciones en favor o en contra en inmediaciones del cuartel policial en que se celebró la audiencia, donde opera un fuerte dispositivo de seguridad.

Los fujimoristas tienen que aceptar que así son las reglas de la democracia, dijo en la primera reacción gubernamental el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, quien recordó que lo correcto es que recurran a la segunda instancia, luego de las advertencias de los fujimoristas de que la lucha apenas comienza y que saldrán a las calles.

Previamente, el presidente Alan García había declarado que esperaba un fallo justo y legal y que confiaba en que no se desborden las protestas.

Activistas de derechos humanos celebraron la sentencia contra El Chino. Sin dejar atrás el dolor que por siempre llevarán dentro, estaban los familiares de las víctimas de las matanzas, pues el tribunal fue explícito en señalar no que tenían vínculos con el terrorismo. Se ha limpiado su nombre, dijo Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes ultimados.

Organismos de derechos humanos en el mundo se congratularon por la sentencia dictada contra Fujimori. Para Amnistía Internacional se trata de un hito en la lucha contra la impunidad, al destacar que no todos los días se ve a un ex jefe de Estado sentenciado por violaciones a los derechos humanos, y dijo esperar que este sea el comienzo de otros procesos en América Latina y el mundo.

Para Human Rights Watch, la condena impuesta a Fujimori constituye un importante avance para promover la justicia por violaciones a los derechos humanos en la región y el mundo. Apuntó que el tribunal peruano ha demostrado al mundo que ni siquiera los ex jefes de Estado pueden lograr que sus delitos queden en la impunidad.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile calificó de un tremendo ejemplo la sentencia contra Fujimori, mientras el Centro Internacional para la Justicia Transicional calificó el fallo peruano como un ejemplo para el mundo de cómo las instituciones judiciales pueden actuar con independencia y garantías del debido proceso.

La Jornada.unam.mx

Japón, gran perdedor de la globalización

Michael R. Krätke

 

 

La segunda mayor economía del mundo es el mayor perdedor de la crisis económica mundial. En enero se desplomaron sus exportaciones un 65% en relación con el año pasado.

Japón tiene menos que perder que otros países con la crisis financiera. Sus grandes bancos, que sobrevivieron a una notable travesía del desierto tras el crac de «Japón, S.A.» en 1990, se recobraron a tal punto, que hasta pueden aprovecharse del desplome de los bancos norteamericanos para salir de compras. Pero la crisis de la economía real y las fracturas del comercio internacional golpean al país del sol naciente harto más que a otros países industriales: ya comienza hablarse en Tokio de «la crisis del siglo».

He aquí, desnudas, las pésimas cifras: el PIB ha caído en el último trimestre de 2008 cerca de un 3,3%. Si se comparan los años 2007 y 2008, se observa un retroceso del 12,7%. La economía japonesa se encoge con una virulencia que no se veía desde la crisis del petróleo de hace 35 años. Simultáneamente, el déficit comercial sube, y se acerca ahora a los 8 mil millones de euros (como en 1979). No por casualidad: como país industrial, Japón vive de las exportaciones de alta tecnología (automóviles, máquinaria, electrónica), y no puede existir sin importaciones masivas de materia prima y petróleo.

Vuelta a los tipos de interés cero

Pero, puesto que las salidas exportadoras están literalmente bloqueadas y el ínfimo mercado interior apenas puede absorber lastre, la producción industrial tiene que reorganizarse en todos los frentes. Con terribles consecuencias: en el sector de la construcción, por ejemplo, se ha registrado en el último año una pérdida de cerca de un 50% de pedidos. Cierres de empresa, despidos masivos y recortes de la jornada laboral están a la orden del día, incluso en empresas transnacionales como Honda, Toyota, Sony y Toshiba. Hasta los Yakuza, los señores del crimen organizado, se quejan de malos negocios.

El Banco de Japón rebajó ya en noviembre de 2008 los tipos de interés hasta un 0,3%, y se apresta a volver a los tipos de interés cero de los años 90. Y sin embargo, la bolsa de Tokio sufre. Y sin embargo, el mercado monetario está agarrotado. El vuelo a las alturas del yen, merced al cual Japón estuvo menos expuesto que otros países industriales a comienzos de 2008 a los elevados precios de las materias primas y los combustibles, parece cosa del pasado.

Pero, puesto que europeos y norteamericanos, tras el estallido de la crisis financiera, buscan refugio en una política de tipos bajos, ya no les compensa tomar prestados yenes a bajo interés y cambiarlos a dólares o a euros en depósitos remunerados a interés más alto. Así pues, esos préstamos fueron masivamente devueltos, a fin de colocar en otros sitios más lucrativos el capital especulativo: eso disparó a las alturas el curso del yen, que, entretanto se ha revalorizado cerca de un 20% respecto del dólar y cerca de un 40% frente al euro. Sólo la interrupción de las exportaciones ha frenado esa tendencia. Por ahora, a la industria japonesa no le queda otra esperanza que la dimanante de la caída de los precios de las materias primas y del petróleo (y de un yen débil).

Los «flexibles» vuelan

Más de la mitad de las exportaciones japonesas van a parar a los mercados asiáticos, pero particularmente a China, el «Número 1» desde julio de 2008 para la economía exportadora japonesa, por delante de los EEUU y de la UE. Por consecuencia, todas las esperanzas japonesas se centran en la locomotora coyuntural china. Y hasta ahora, no en balde. No hay mejor indicador de las reales dimensiones de la crisis en la economía china que el desplome que está experimentando la construcción de máquinas e instalaciones japonesas. En pocos meses, las estadísticas oficiales mostrarán lo que ya empiezan a intuir ahora los jugadores globales japoneses, y es a saber: que el milagro económico chino se acercan a un punto muerto; la industria se estanca, por vez primera en muchos años amaga con encogerse.

Japón va a notar las consecuencias de esa tendencia con un creciente desempleo masivo que no podrá mitigar con un Estado social de impronta europea. El sistema social japonés se basa en ventajas fiscales y prestaciones sociales empresariales, incluidas las pensiones proporcionadas por las empresas. Sólo pueden recibir sus beneficios los empleados estables y de larga duración.

Tampoco en los buenos tiempos, cuando los grandes bancos japoneses salían de compras por los EEUU, había otra cosa que prestaciones sociales sólo a medias suficientes y sólo para una minoría de los empleados. Ahora, las pensiones proporcionadas por las empresas se pierden a ojos vista, y se extiende rápidamente la pobreza entre la tercera edad. Desde hace años, los gobiernos japoneses no han hecho sino seguir la receta neoliberal de «flexibilizar» cada vez más el mercado de trabajo, de modo que ahora más de un tercio de los trabajadores y empleados japoneses pertenece a la masa de maniobra de los ocupados «irregulares» y «precarios» (para ser exactos: se trata del 34,5% de los 55,3 millones de trabajadores dependientes).

Una deuda gigantesca

Muchos grandes empresarios han reaccionado inmediatamente a la drástica crisis exportadora con despidos masivos; los «flexibles» se van a la calle de un día para otro. Literalmente, porque muchos de los despedidos pierden también, con el trabajo, su apartamento. De los casi 140.000 despidos registrados oficialmente entre octubre de 2008 y enero de 2009, ¡sólo 6.000 eran empleados fijos! El pronóstico de aquí a fines de 2009 es una tasa de paro del 5%. Pronóstico errado, de todos modos, porque el subempleo fáctico no se computa ni de lejos.

A todo eso, no debe olvidarse lo siguiente: Japón a sus espaldas una de las peores crisis bancarias del mundo capitalista. Durante más de una década se trató por todos los medios de mitigar los daños causados durante los años 80 del pasado siglo por una especulación inmobiliaria de proporciones ciclópeas. Los contribuyentes siguen pagando la factura hasta el día de hoy, porque los costes del saneamiento bancario cargaron al Estado japonés con una deuda gigantesca, superior al 180% del PIB. Comparados con ellos, los costes de la errática y pusilánime política de coyuntura del gobierno de la señora Merkel son «granos de anís», como diría el castizo, o peanuts, cacahuetes, como se dice con cierta gracia en la jerga bancaria.

El gobierno del primer ministro Aso parece de todo punto desorientado, y trastabilla de escándalo en escándalo. En las elecciones a la Cámara Baja japonesa, que habrán de celebrarse como muy tarde en septiembre, los liberal-demócratas podrían perder un poder del que han disfrutado ininterrumpidamente durante 50 años. En la Cámara Alta, la oposición tiene ya la mayoría. El Japón está maduro para una revolución política. Demasiado paciente fue ya el país con las viejas elites.

Michael R. Krätke, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es profesor de política económica y derecho fiscal en la Universidad de Ámsterdam, investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad y catedrático de economía política y director del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido.

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